Infojus Noticias

Tras deliberar cerca de tres horas, mientras los familiares y los organismos de derechos humanos esperaban ansiosos en la puerta, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta dictó sentencia en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. Los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek condenaron a prisión perpetua a Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendiaz y Joaquín Guil. En tanto fijó para Abel Guaymás y Néstor Liendro dos años de prisión de cumplimiento efectivo y tres para Antonio Saravia. En el proceso quedó demostrado que los represores fueron responsables de un plan sistemático de aniquilación bajo los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio contra 17 víctimas. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 9 de septiembre próximo, a las 12.

En las  últimas palabras antes del veredicto, el único que habló fue el represor Antonio Saravia. “No cometí ninguno de los hechos por los que fui imputado. Estoy enfermo, soy un hombre mayor y mi familia me cuida. Tengo  hijos. Pido al Tribunal que consideré esos hechos”, dijo.

El juicio comenzó el 2 de diciembre último y contó con la declaración de 77 testigos. Los seis represores fueron condenados por coordinar un circuito provincial de persecución y exterminio con objetivos específicos, entre ellos el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone en marzo de 1976. La semana pasada, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Francisco Snoppek y Juan Manuel Sivila, solicitaron prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para el ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil; y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, además del comisario retirado Antonio Saravia.

Además, requirieron para los ex comisarios Abel Guaymás y Néstor Liendro las penas de dos años de prisión efectiva e inhabilitación especial por cuatro años, por considerarlos autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. La querella había acompañado la solicitud de condenas.

El Tribunal concedió los pedidos menos en el caso de Saravia, a quien le dieron una pena menor. Los tres últimos ex policías fueron los imputados por la causa Ragone II, contenida en el expediente 4129 y la última en incorporarse a este proceso oral y público, y que además es la segunda que investigó el secuestro, la muerte y la desaparición del ex gobernador, ocurrida el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento a Güemes, en la ciudad de Salta.

“Las heridas de la historia de a poquito se van curando”

La previa se vivió con expectativa. En la puerta del Juzgado Federal –Dean Funes 140-, bandas locales acompañaron a los familiares. Tocaron, entre otras, Alaire, Los Azotes, Eloy López, Adobe y Matías Casasola. También estuvo presente la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. El acto convocó a múltiples organismos de derechos humanos y a militantes políticos y sociales. “Las heridas de la historia de a poquito se van curando con la visión del proyecto de país que tenemos, y recuperando la confianza. Los que estamos, directa o indirectamente, comprometidos con la lucha de los derechos humanos pedimos condenas para quienes participaron de esta época oscura en el país, la cual, sin dudas dejó una huella importante en todos los salteños”, expresó María Morales Miy, directora de Derechos Humanos.

También se anunció que se realizará un acto homenaje en memoria de Ragone. Se trata de la colocación de una baldosa en el lugar donde el ex gobernador de la provincia fue secuestrado y desaparecido, el 11 de marzo de 1976. El acto tendrá lugar mañana, a las 10, en la intersección de Pasaje Del Milagro y A. Saravia.

Se trató del séptimo juicio que por delitos de lesa humanidad se desarrolló en Salta, constituido por diez causas con 18 víctimas de las cuales cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976. Las víctimas fueron Carlos César Martínez, Ramón Díaz Romero, Esteban Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú, y Lucrecia Barquet. A ellos se le suman Hugo Maza, Miguel Ragone, Santiago Arredes, Margarita Martínez de Leal, Rubén Yañez Velarde, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez.

Al principio eran doce los expedientes que se iban a tratar en este proceso, pero debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años, cayeron dos causas. Los delitos que se comprobaron fueron los de homicidio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento, en las distintas causas analizadas durante este proceso oral y público.

Operativos especiales

Este séptimo juicio no sólo comprobó el asesinato de Ragone, sino que demostró cómo fue la coordinación represiva en operativos singulares entre las fuerzas. Según expresó el fiscal Sivila a Infojus Noticias, además del caso del ex gobernador hubo otros dos casos emblemáticos. “Uno, es el grupo de sindicalistas de la UOM y del gremio vitivinícola de Cafayate, que fueron detenidos el 24 de marzo de 1976. En un operativo especial, los llevaron a una sede del Ejército y luego a una cárcel. Lo novedoso es que muchos de ellos pasaron por un Consejo de Guerra, el único de la región. Se los acusó de tenencia de armas. Algunos fueron absueltos y otros, condenados. Pero a ninguno de ese grupo lo desaparecieron o lo mataron. De un grupo de diez, llegaron vivos al juicio cinco víctimas”, explicó.

El otro caso, dijo, se relaciona con un operativo donde actuaron distintas fuerzas represivas. René Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, militantes montoneros, fueron asesinados el 20 de abril de 1975, en la ciudad de San Lorenzo. Fue un procedimiento similar al de la matanza, esa misma noche, en Rosario de Lerma, de los militantes Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia, Marcos Estopiñán y Liendro Estopiñán. La versión oficial de la Policía fue que se trató de enfrentamientos. “Durante el juicio se probó que fueron ejecuciones sumarias y esos enfrentamientos fueron fraguados. Otra cuestión importante es que a Terán y Díaz Romero los empiezan a perseguir en Jujuy con intervención de la policía jujeña pero los siguen hasta Salta. Allí participan la policía federal y la salteña en un operativo conjunto para eliminarlos”, dijo Sivila.

Los organismos de derechos humanos celebraron el fallo, pero pidieron a la justicia que eleve a proceso las instrucciones aún pendientes por otros delitos de lesa humanidad. Saben que la “impunidad biológica” es el principal enemigo. En este juicio, por ejemplo, quedaron pendientes los casos de Graciela Beatriz Juárez y Gerardo David Giménez Bravo, desaparecidos desde 1976. Pero no fue posible debido a la muerte del único acusado por estos hechos, Carlos Alberto Mulhall, quien fue jefe del Ejército en Salta y falleció el 21 de noviembre.

Graciela cursaba 3° año en el Colegio Comercial N° 2 y alfabetizaba adultos; fue secuestrada al salir de clases, en agosto de 1976. Al día siguiente su casa fue allanada por el Ejército y su madre fue detenida. En el expediente consta que, señalando una fotografía de Graciela, el oficial a cargo les dijo a los soldados que lo acompañaban: “Ven, ésta es una montonera enemiga de la patria”.

Gerardo fue secuestrado por un grupo de cinco o seis hombres, algunos de civil, otros uniformados, el 9 de octubre, a la madrugada, desde su casa. Militantes de organismos también lamentaron que en otras causas se esté llegando a los juicios tras el fallecimiento de sus denunciantes. Es el caso de la histórica dirigente de derechos humanos Lucrecia Barquet, del ex juez de Corte Ricardo Munir Falú y del sindicalista del vino Pedro Salomón.

JMM/RA