En su alegato, el fiscal federal Carlos Toranzo pidió la pena más alta por el delito de transporte de estupefacientes agravado. Los acusados son los ex jefes policiales Gabriel Giménez y Carlos Gallardo. Integraban un cuerpo de elite encargado de las investigaciones de delitos complejos.
El juicio contra los narco policías salteños entró en su etapa final. En su alegato, el fiscal federal Carlos Toranzo pidió la pena más alta: 13 años por el delito de transporte de estupefacientes agravado para Gabriel Giménez y Carlos Gallardo, dos altos jefes de la Unidad de Inteligencia Criminal, un cuerpo de elite encargado de las investigaciones de delitos complejos.
En la primera jornada de alegatos el fiscal Toranzo un detallado repaso de los hechos: primero contó cómo fueron detenidos los policías, cómo se encontró la droga, los resultados arrojados por los peritajes a los celulares secuestrados, las grabaciones telefónicas y el análisis de la huella de un automóvil en el lugar donde se encontraron 50 kilos de cocaína de máxima pureza. Después solicitó la pena. 13 años de cárcel e inhabilitación absoluta para el comisario Giménez (jefe de la división) y el oficial principal Gallardo. Además solicitó la absolución Luis y Carlos Giménez, hermanos del comisario.
Después de Toranzo fue el turno de la defensa de Luis y Carlos Giménez. Al finalizar, la presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) de Salta, Marta Liliana Snopek, anunció un cuarto intermedio hasta el martes 13 de agosto. Ese día los defensores restantes brindarán sus alegatos y el tribunal leerá la sentencia.
En diálogo con Infojus Noticias Toranzo hizo un repaso del caso. El 25 de mayo de 2011, en un control en una ruta secundaria, paralela a la 34, agentes de control accidental detuvieron en operativo de rutina un VW Fox Cross. Un Fiat Uno que venía en la misma dirección vio a los policías y dobló en U. Los agentes iniciaron una persecución durante 20 kilómetros a toda velocidad por una ruta de tierra y arenilla, atravesando puentes y esquivando precipicios.
Durante la persecución –según el fiscal- Gallardo arrojó por la ventanilla del Fiat Uno dos mochilas negras con 50 kilos de cocaína. Después quedó varado en la banquina.
-Soy el oficial principal Carlos Gallardo. Estoy limpio- dijo a los policías de control vial. En el auto había cinco celulares sin chip, varios blíster de chips sin usar y un handy sin micrófono.
Cuando los policías regresaban con su colega detenido vieron, a tres kilómetros de donde estaba antes el control, el Fox Cross empantanado en un río sin ocupantes. Varios kilómetros más allá detuvieron a un Volkswagen Bora. Las puertas de atrás del Bora se abrieron y el comisario Gímenez y el ciudadano boliviano Marcelo Irahola Silverman salieron corriendo y lograron escapar. En el auto quedaron Luis y Carlos Giménez, hermanos del comisario.
Al día siguiente, a la vera de la ruta, encontraron las dos mochilas con cocaína. Según contó el fiscal, los 50 kilos tenían una pureza del 89 por ciento, que podrían llegar a estirarse hasta multiplicarse por seis. En Bolivia, explicó Toranzo, esa carga tiene un valor de alrededor de 40 mil dólares, del lado argentino llega a 70 mil y en Buenos Aires o en Santa Fe -posibles destinos finales del cargamento- puede llegar a valer 250 mil dólares. En Europa el valor se triplica.
Las pericias demostraron que las huellas que había en la banquina donde se encontraron las mochilas correspondían al Fiat Uno de Gallardo. A partir del entrecruzamiento de la información hallada en los celulares secuestrados los investigadores reconstruyeron los hechos: esa mañana, Gallardo, Gimenez e Irahola –supuesto nexo entre los policías y los productores bolivianos- viajaron a Orán, en la frontera con Bolivia, y compraron la droga. Una hora después emprendieron el regreso. Gimenez e Irahola viajaban en el Fox Cross. Más atrás, Gallardo los seguía en el Fiat Uno con la cocaína.
El comisario Giménez e Irahola se fugaron a Bolivia. Un año más tarde el policía fue expulsado del país por no tener la residencia. Lo atraparon en la ciudad fronteriza de Salvador Maza. Irahola sigue viviendo en Bolivia y tiene un pedido de extradición de la Justicia Argentina.