Infojus Noticias

En el barrio El Bordo, en la periferia de Pichanal, Salta, pocos han visto el video que hace días da vuelta por las redes sociales. El que muestra la saga de golpes del policía Luiz Aybar a un joven detenido en la comisaría de la ciudad. Hoy a las seis de la tarde el agente se entregó a la justicia, confirmó a Infojus Noticias su abogado, Joaquín Vélez. El policía quedó detenido en Orán. Ya son tres los detenidos por el hecho.

En la modesta casa de la familia Guzmán Molina en Pichinal no hay internet, ni siquiera computadora, sólo algún teléfono celular para romper el aislamiento. Allí vivió su infancia el joven agredido en el video, Rubén, de 23 años. Según una fuente judicial, las imágenes en que se ven cómo lo golpean se grabaron en un celular el octubre de 2012, cuando Rubén estaba detenido, acusado por robo calificado. Se cree que el video fue revelado por una mujer despechada, exnovia de uno de los agentes.

La fiscal penal de Pichanal, Mónica Viazzi, aún trata de determinar el día exacto en que ocurrió el hecho para dilucidar también quién es el cuarto policía implicado.

Tierra de abusos

Enclavada en el cruce de tres rutas, en el noreste de la provincia de Salta, Pichanal es una ciudad de jornaleros rurales, rodeada de fincas dedicadas a la siembra de caña -como el inmenso Ingenio San Martín de El Tabacal- y a la producción de frutas y hortalizas. Estas empresas concentran la actividad económica local, que está lejos de ser sinónimo de bienestar o prosperidad para sus pobladores. De los más de 30 mil habitantes del casco urbano, que se extiende en crecientes asentamientos, 10 mil – mayoría de guaraníes, algunos kollas, criollos e inmigrantes de Bolivia- viven en la Misión San Francisco.

En las temporadas de cosecha, a la vera de las rutas se arman largas filas de hombres, grises de polvo, que duermen junto a la banquina: esperan la llegada de los camiones que los finqueros envían para recoger jornaleros. José Guzmán Molina es uno de ellos, sus hijos también. José es el padrastro del joven golpeado. La madre murió hace once años. Dejó ocho hijos a cargo de José, un jornalero de 60 años que se ocupó de criar a todos los niños de su mujer, algunos propios y otros de relaciones anteriores.

Según su padre el joven tuvo una adolescencia conflictiva, con sucesivas caídas en la Policía. “Tremendo”, dice José. Hace dos meses, Rubén emigró a Formosa, donde consiguió trabajo en una empresa que tiende asfalto. Desde allá, dice su familia, negó ser el joven del video. En San Ramón de la Nueva Orán -ciudad cabecera del departamento Orán, al que pertenece Pichanal- algunos medios de comunicación llegaron a decir que el padre del joven justificaba los golpes. Pero José, un hombre parco y de pocas palabras, se esforzó en desmentir esa versión.

La familia Guzmán no tiene buenas experiencias con las fuerzas de seguridad. En noviembre de 2006, otro de sus hijos, Abraham Daniel, falleció tras nueve días de agonía, por las lesiones sufridas en un incendio en la comisaría 20 de Orán. Tenía quince años y fue una de las cuatro víctimas fatales del incendio. Esa causa aún está abierta, hay tres policías procesados pero el juicio oral sigue sin realizarse.

El abogado Hernán Mascietti, que representa a la familia en la causa por el incendio, informó que José Guzmán hará una denuncia penal por la agresión al joven. Mascietti es uno de los pocos oranenses que conoce a los Guzmán: “Es una familia muy sufrida. Todos trabajan en las zonas rurales sin registración. El año pasado se hizo una inspección en la empresa Abra del Sol, donde José Domingo estaba en negro”, recordó.

Denuncias de apremios ilegales

La Comisaría de Pichanal depende de la Unidad Regional II en Orán, donde se reiteran las denuncias por violencia institucional. En la Navidad de 2008 otro incendio, en la misma comisaría donde estuvo Abraham Daniel, provocó la muerte de seis adolescentes. Las noticias sobre violencia policial son habituales en el departamento. En junio pasado el Ministerio de Derechos Humanos de Salta debió intervenir después de que dos adolescentes de 15 años fueran detenidos irregularmente, torturados y abandonados en un basural. Por este hecho están procesados siete policías.

Según el abogado David Leiva, de la organización de derechos humanos Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y miembro del Comité Provincial contra la Tortura, “hay más de 700 denuncias por apremios ilegales en la justicia local, con muy pocos resultados a nivel de sentencias condenatorias”.

En esa lista de denuncias se cuentan las torturas filmadas en la comisaría de General Güemes, y los vejámenes a cuatro jóvenes en Tartagal para que confesaran un inexistente homicidio.

Leiva opina que existe una “naturalización de la violencia”, y que este accionar policial “forma parte de un sistema que tiene una doble faceta. Por un lado, el disciplinamiento social de sectores excluidos, al margen o en conflicto con la ley penal. Por otro, los golpes son también para realizar investigaciones, en lugar de la investigación científica, tratan de llegar al conocimiento de la verdad de lo ocurrió a través de los golpes”.

Nacida bajo el ala del ferrocarril, Pichanal registra desde 1991 un fuerte crecimiento demográfico. Campesinos, criollos o aborígenes, abandonan el campo, por desalojos activos o pasivos, y levantan sus casas en la periferia. “El 50% se hace explotar en el campo. Los jóvenes generalmente salen y quedan los viejos”, describe el cantautor Riqui Zarra, de la organización Artistas Autoconvocados, que realiza trabajo social en la zona. La relación de la gente con la Policía “es mala”, es común que los chicos insulten y apedreen a los agentes, cuenta Zarra.

El comunicador y presidente de la Comunidad Indígena Guaraní de Misión San Francisco, Fernando Ayala, no sólo comparte esta visión. Aporta datos: hace dos años en la Comisaría de Pichanal, su compañera vio cuando agredían a un chico de unos 14 o 15 años, “estaba todo golpeado”. “Se le da importancia a este video, pero nosotros ya estamos acostumbrados al maltrato policial acá. El año pasado Felipa, de la Misión, fue golpeada por la Policía, hasta le hicieron tomar agua del inodoro”, recuerda.

Fernando y su hermano Hipólito, que es maestro auxiliar bilingüe, comparan la acción policial actual con la de la última dictadura cívico-militar. “En la comunidad siempre vivimos la golpiza parece que estamos acostumbrados ya, poco conocemos nuestros derechos”. Fernando está convencido de que en la mezcla de falta de oportunidades laborales y la oferta de alcohol está una de las claves de la alta tasa de suicidios en la Misión: “Cerca de 22 de chicos se han quitado la vida en seis años a la fecha. Todos adolescentes”, revela.

En relación a los casos de violencia institucional, el abogado del Comité Provincial contra la Tortura dice que “es parte de la formación policial”, “tolerado” por “una justicia que no actúa”, y es “garantía de impunidad”.