El ingeniero Raúl Tellechea desapareció en San Juan en 2004. El caso se investiga en el ámbito federal.
Desde la tapa de los diarios todo parece lejano. Hace nueve años George Bush debatía en televisión con John Kerry, el candidato demócrata. En San Juan se hacía el acto de desagravio a una estatua de Sarmiento que en cien años había sido agraviada más de una vez. Un adolescente de Carmen de Patagones dijo “Hoy puede ser un gran día” y entró con una pistola 9 mm en su escuela secundaria. La familia Tellechea, todavía lejos de la prensa, comenzaba a buscar a Raúl y no se enteraron de lo demás.
El ingeniero Raúl Tellechea por ese entonces hacía 11 años que trabajaba como experto en informática en la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan y estaba al tanto de números y movimientos financieros. Dejó ese trabajo dos semanas antes del 28 de septiembre de 2004. Al parecer ya no estaba cómodo y habría estado preparando una denuncia contra los que eran sus jefes. El lunes 27 lo llamaron para una reunión en donde las diferencias de opinión se hicieron presentes pero nunca trascendió el tono al que llegaron. Desapareció unas horas más tarde.
La reunión fue con Luis Moyano, Miguel del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso, hoy imputados por la desaparición forzada de Tellechea. Moyano en ese momento estaba de licencia en la Mutual porque había asumido como viceministro de Desarrollo y Promoción Social de San Juan. Era el primer gobierno de José Luis Gioja. Hay un quinto personaje implicado en la causa: el muchacho Nelson Sebastián Cortés Páez, procesado. Dos meses después de la desaparición de Raúl, llamó por teléfono a Mauricio Tellechea, uno de los hijos de Raúl. Lo citó en una plaza y le dijo que había participado del secuestro, que el padre se les había muerto a los tres días. Incluso hizo un plano de dónde lo habían enterrado. Pero no se encontró el cuerpo donde había indicado. La causa, en los nueve años que lleva, encontró más de un callejón sin salida.
En el departamento de Raúl Tellechea se encontró la llave colgada por afuera, tal como él la dejaba, su billetera con sus documentos –nunca tuvo pasaporte o cédula–, el celular cargando, la insulina. Las hipótesis apuntan a que se lo llevó alguien conocido o que lo raptaron en el parque por donde a veces salía a caminar. Ningún vecino vio nada. Raúl vivía en el barrio de Desamparados, casi enfrente del Palomar –el centro de deportes de la Universidad–, en calles San Isidro y Matías Zavalla.
Durante cuatro años buscaron al ingeniero por todos lados, sumado a esto había elementos suficientes para considerar que su ausencia no era voluntaria. El juez Zaballa Pringles cambió entonces la carátula de “búsqueda de paradero” a “desaparición forzada” y los hechos judiciales empezaron a adecuarse más a los hechos fácticos.
Una justicia provincial poco confiable
Un año antes de que desapareciera Raúl en la ciudad de San Juan, otro hecho similar influiría en el desenvolvimiento del caso. A principios de octubre de 2003 desapareció Iván Eladio Torres en Chubut por obra y gracia de la policía local, que lo acosaba hacía tiempo. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue la primera condena a la Argentina por desaparición forzada desde la llegada de la democracia. Para adecuarse al dictamen de la Corte, el país tuvo que modificar el Código Penal. Por la reforma de la ley 26.679 –a la que se le agregó el importante art. 124 ter–, desde el 5 de mayo de 2011 se tipificó la “desaparición forzada” dentro de los delitos contra la libertad.
Un día después de esto, el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez Jofré, llevó la denuncia a sede federal. Por muchas razones, los Tellechea no confiaron nunca en la justicia provincial. Desde vivir con sus teléfonos pinchados y sus correos electrónicos leídos, hasta ver cómo se seguían hipótesis ridículas sobre los motivos de la ausencia de Raúl. “Nosotros iniciamos una causa nueva hace dos años como una denuncia penal –dice Suárez Jofré–. Primero fue rechazada la competencia, pero la Cámara Federal de Mendoza en el mes de mayo de 2012 ordenó abrir una investigación en la justicia federal”. Lo que se hizo fue una acumulación de causas porque los personajes y el hecho eran los mismos, entonces desde el ámbito de la provincia se enviaron todas las carpetas y actuaciones al nuevo ámbito de investigación.
Los hermanos Tellechea son cuatro: Mariana, Gonzalo, Mauricio y Rodrigo. Hace nueve años que quieren lograr una pesquisa imparcial. El paso de un ámbito a otro de la justicia no es menor en el contexto sanjuanino, donde la teoría de los “seis grados de separación” –cualquier habitante del mundo puede estar conectado a otro a través de una serie de no más de cinco conocidos– se reduce a una o dos personas como mucho: en San Juan todos se conocen. Además, se temía que la impunidad pudiera estar garantizada ya que los imputados forman parte del poder político provincial.
El actual juez a cargo es Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal N°2, que ha encargado la instrucción a la fiscal Katia Troncoso. Esta fiscal, junto con Mateo Bermejo –a cargo de la mega causa por delitos de lesa humanidad en San Juan– formaba parte de un equipo encabezado por el juez Omar Palermo, todos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Palermo asumió el año pasado en la corte de justicia mendocina con la aceptación de todo el arco político. Esta trama de renovación judicial es importante ya que quien había dictaminado que la causa por la desaparición de Raúl Tellechea no debía pasar al ámbito de la justicia federal es el ahora exfiscal Juan Carlos Yannello. En el fallo donde se terminó condenando a Olivera y De Marchi por los delitos de lesa humanidad también se estableció que se inicie la investigación por la responsabilidad penal que le caben a dos integrantes de la Justicia Federal: el exsecretario del único Juzgado nacional que había en la provincia al momento del golpe de estado, Raúl Plana, y el exfiscal Juan Carlos Yannello.
Hace nueve años que en cada aniversario se organizan marchas en el centro de la ciudad. Desde los primeros días sin Raúl, los amigos y familiares se juntaban en la plazoleta Julieta Sarmiento, repartían zonas de búsqueda y cada uno tomaba un rumbo. Así nació la asociación Todos por Raúl, a la que cada año se le suman más sanjuaninos en las caminatas pidiendo justicia. En el último año la causa Tellechea parece que por fin comienza a avanzar.