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Cuatro policías quedaron detenidos por torturar a dos acusados de narcotráfico en Reconquista, Santa Fe. La noche del lunes 25 de marzo Gustavo el Perro Cernadas y Ángel el Rosarino Ramírez iban en moto por las calles de Reconquista. Llevaban con ellos una bolsa de cocaína y 5 mil pesos cuando la policía los detuvo. Ambos fueron esposados y trasladados a la comisaría 1ra., donde funciona la seccional de drogas.

Dos días después el Perro Cernadas ingresó al Hospital Central de Reconquista con una fractura en el maxilar, traumatismo en el tórax y hematomas en distintas partes del cuerpo. Lo habían golpeado con el caño de una escopeta. Ramírez fue hospitalizado con dos costillas quebradas, traumatismo de cráneo y contusiones varias.

Cuando los detenidos fueron al juzgado para la indagatoria, el secretario notó que estaban golpeados. Desistió de interrogarlos y los devolvió a la comisaría, junto con una orden para que los revisara un médico.

En teoría ya los había revisado anteriormente (el lunes 25 de marzo) el doctor Alejandro Daveau, quien informó que el Perro Cernadas y el Rosarino Ramírez tenían “lesiones leves”. Fuentes judiciales contaron a Infojus que la misma noche en que se produjeron las detenciones, Ramírez fue trasladado de la comisaría al hospital para hacerle una placa, acompañado por un médico y dos policías. Esa salida no consta en ningún registro, tampoco fue avisada al fiscal ni al juez. Daveau dijo que hizo su informe se basó en la observación. En cambio, el segundo médico que vio a los detenidos en la comisaria 1ra. pidió que fueran internados de inmediato.

A raíz de la cantidad de fracturas y golpes que presentaban Cernadas y Ramírez, intervino el fiscal federal Roberto Salum. Los detenidos se entrevistaron con él, denunciaron la golpiza y reconocieron a los cuatro policías.

Salum presentó el pedido de detención de los involucrados en el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo de Aldo Alurralde. Se basó en el testimonio de las víctimas, de algunos vecinos y periodistas. Porque la mayor parte de los golpes que recibieron los detenidos fue en la vía pública.

La información se filtró rápidamente y los policías nombraron a un abogado defensor, el ex fiscal federal Cristobal Cávanagh, quien interpuso un pedido de eximición de prisión y planteó la incompetencia de la justicia federal.  Argumentó que se trataba de efectivos de una fuerza provincial.

La demora de Alurralde para realizar las detenciones -mientras decidía si había mérito para tomar indagatorias y si el hecho correspondía a su fuero – impulsó a la fiscalía a dar intervención a la Procuraduría contra la Violencia Institucional, a cargo de Abel Córdoba.

Los cuatro policías continuaron en sus puestos de trabajo. “Reconquista es una ciudad chica – explicó una fuente judicial a Infojus – hay protección mediática a la policía porque mucha información sale de ahí. Es una causa incómoda”.

Los familiares de Cernadas y Ramírez siguieron con preocupación el traslado del Perro y el Rosarino a la  unidad 7 de Resistencia, Chaco, al cuidado del Servicio Penitenciario Federal.

Córdoba contó a Infojus que después de que el pedido de detención de los policías no tuviera respuesta, “decidimos viajar a Chaco, donde firmamos personalmente un pedido para que se procediera con urgencia”. El procurador explicó  también una constante en este tipo de causas: la falta de compresión de la necesidad de actuar con rapidez. “Si no se actúa rápido, se pone en riesgo el proceso. Las víctimas y los testigos quedan sujetas a la acción de estas personas que siguen en actividad”, dijo. El poder de los policías de ese rango en funciones, puede llevar a la interrupción del proceso, o a actuar sobre las pruebas que los incriminan. 

Respecto de los detenidos, “todavía están con el cráneo deformado por los golpes y con las marcas en la piel de los culetazos. –contó Córdoba-. Pero lo más preocupante es la integridad psicológica de las víctimas. Cómo se sigue con lo más elemental, con el sueño por ejemplo, después de haber sido encapuchados y torturados”. Para el procurador este caso muestra que las políticas de seguridad no pueden estar reñidas con la vigencia de los derechos de las personas. “Este tipo de actos de poder, de violencia policial, no distingue causa ni delito. Es un despliegue violento absolutamente ilícito”.

Ayer, mientras Reconquista dormía la siesta, la Policía Federal detuvo a los cuatro policías por orden de Alurralde, que les tomó declaración indagatoria. La causa lleva la carátula de “tortura” -con una pena mínima de 8 años- y no de “apremios ilegales”, que prevé sólo un año de prisión.

Los detenidos son el jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante; del jefe de la Brigada Operativa Departamental IX, Sergio Senn, y de dos oficiales principales, Luciano Martínez y Germán Arce. Lo ordenó ayer el juez federal Aldo Alurralde, después de que la investigación sufriera algunos tropiezos. La investigación la llevó adelante el fiscal Roberto Salum. Es la primera vez que la Procuraduría contra la Violencia Institucional interviene en esta provincia.

El comisario inspector Sergio Gorosito, director general de Adicciones y Prevención de Estupefacientes de Santa Fe, dijo a Infojus que todavía no había sido notificado oficialmente de estas detenciones, que sabe se han tomado medidas pero que no hará declaraciones hasta que se interiorice en el caso.

Los cuatro policías quedaron detenidos en la alcaldía de Vera, en espacios especiales para que no tomen contacto con otros presos. Se entiende que podrían correr peligro, ya que varios de los detenidos fueron apresados por esos mismos policías. En los próximos días el juez Alurralde deberá decidir si los agentes de la fuerza quedan procesados en la causa por torturas.