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Los Muñoz viven en la zona sur de la localidad santafesina de Cañada de Gómez, a 70 kilómetros de Rosario. La familia está compuesta por cuatro adultos –dos de ellos ancianos- y una niña de 10 años con una severa discapacidad. En las próximas deberían abandonar el hogar. Hace algunos meses dejaron de pagar la vivienda social en la que viven y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) de la provincia de Santa Fe ordenó el desalojo. El Municipio intervino para intentar evitar que la medida se concrete.

Hace algunos meses dejaron de pagar la cuota de la vivienda y la dirección de Vivienda y Urbanismo les envió una primera intimación que no pudieron responder. Hace algunos días recibieron la orden de “lanzamiento” -como se conoce la medida- en forma pacífica y voluntaria, informó el diario La Capital.

Los Muños recurrieron al Municipio, que los asesoró legalmente y les brindó asistencia social. La secretaria de Gobierno de la Municipalidad cañadense, Carina Mozzoni, explicó que la DPVyU emitió la orden "sin revisar el respectivo expediente que da cuenta de la situación vulnerable del grupo, atentando contra el interés superior del niño y violando el derecho a la vivienda consagrado en el orden jurídico nacional e internacional".

La familia está compuesta por los abuelos de la nena, la madre, el tío y ella, “definida como parapléjica y cuadripléjica”, según indica La Capital. El dinero que gana el tío más la pensión de la niña conforman el único ingreso familiar. Un total de 3500 pesos, según estimaron en el área de Promoción Comunitaria del municipio, que asiste a la niña con alimentos, pañales y tratamientos médicos.

"Es horroroso lo que les está pasando porque no tienen tiempo ni siquiera para buscarse otra casa, porque la disposición ya fue emitida. Es por eso que el Servicio Interdisciplinario municipal intervino en su asistencia y el jueves pasado se presentó la nota a la Dirección de la Vivienda, pidiendo que se deje sin efecto", explicó Mozzoni y agregó: "Ahora estamos a la espera de una respuesta a este caso, que es especial y es el mismo Estado provincial el que no está resguardando los derechos fundamentales de esta familia que corre riesgo de quedar en la calle".