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El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo del Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ordenó hoy a las altas jerarquías de la Policía del Chaco que realicen un "profundo saneamiento" de la fuerza provincial y además solicitó a la justicia federal que investigue los saqueos ocurrido anoche en las ciudades de Resistencia, Sáenz Peña y Barranqueras.

Por otra parte, Ivanoff señaló que un alto funcionario de la Policía de Sáenz Peña, quien estuvo acusado de liberar presos de centros de detención para que salieran a robar, como uno de los instigadores a realizar los saqueos en la ciudad.

El funcionario chaqueño aclaró además que se respetará el acuerdo salarial, y que "se investigará y seremos implacables en el saneamiento de nuestras fuerzas de seguridad".

Aseguró que los hechos suscitados desde las últimas horas del sábado responden a un aprovechamiento del contexto nacional, ya que con anterioridad no hubo reclamos salariales en la provincia.

Recordó así que hace menos de un mes se otorgó un aumento, y se entregaron vehículos, vestimenta y chalecos antibalas para reforzar el accionar policial.

Informó además que en todo momento mantuvo contacto directo con el jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Jorge Capitancih, para gestionar el arribo a la provincia de Gendarmería Nacional.

Por otra parte manifestó su indignación por al accionar de los funcionarios judiciales, que decretaron asueto en medio del conflicto, y aseguró que "es una vergüenza que no trabajen cuando debían estar controlando la vida de los chaqueños".

Bacileff Ivanoff expresó sus condolencias a las familias de las dos víctimas fatales que dejó el conflicto, y detalló que si bien se produjeron otras dos muertes, no tienen nada que ver con los saqueos.

Valoró el compromiso de los oficiales de la Policía del Chaco y añadió que gracias a esa "colaboración absoluta" se logró evitar que haya saqueos durante la primera jornada del reclamo.

Denunció que durante las negociaciones funcionarios provinciales fueron amenazados de muerte cuando el acuerdo comenzaba a dilatarse.

Respecto a esto mencionó que no podría suscribir dicho documento porque "las fuerzas sublevadas pretendían establecer un acuerdo de paritarias".

"La policía no está sindicalizada y si firmaba estaba reconociendo una ilegalidad. Yo no puedo firmar paritarias con alguien que no estaba sindicalizado y el Tribunal de Cuentas lo iba a rechazar", explicó.

Cabe mencionar que el acuerdo suscripto contempla abonar a partir del 1 de diciembre del 2013 un adicional que garantice los 8.000 pesos de bolsillo para la totalidad de los funcionarios de seguridad.