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A las 3.30 de la madrugada del martes 3 de diciembre de 2013 comenzó la sedición policial en Córdoba: unos mil policías dejaron de cumplir funciones y se autoacuartelaron. Los cambios en la cúpula de la fuerza tras el "narcoescándalo" y el fin de los adicionales en negro que cobraban los efectivos habían configurado un escenario complicado dentro de una fuerza que durante el gobierno de De la Sota había ganado poder.  

Esa madrugada, mientras ganaba fuerza el acuartelamiento, en el despacho de la ministra de Seguridad provincial, Alejandra Monteoliva, estaban reunidos todos los integrantes del Estado Mayor de la fuerza y algunos otros policías. Junto a ellos estaba el jefe de gabinete de José Manuel De la Sota, Oscar González.

—Va Almada (el jefe de Policía) y Galbucera (el subjefe). Pero quiero que los acompañes vos —dijo Monteoliva, señalando a Claudio Vignetta, ex jefe de negociadores de la Policía, por entonces a cargo del área de comunicaciones—. Y también vas vos —dijo, y apuntócon el dedo a Héctor Laguía, el hombre a cargo de la dirección de Administración y quien manejaba el dinero de la institución.

Los policías acababan de autoacuartelarse y la decisión era negociar y tratar de solucionar las cosas antes de que volviera De la Sota, por entonces de viaje rumbo a Colombia.

—¿Y yo? ¿A mí no me van a mandar? ¿Por qué no puedo ir yo, eh? ¡Yo quiero ir!

Dijo Julio César Suárez a los gritos con una reacción que tres de los presentes definieron como caprichosa e infantil de parte de quien hasta el momento estaba a cargo de la Policía Caminera. Todos se miraron y algunos escucharon que Oscar González preguntó a quien estaba al lado suyo: “Y a éste qué le pasa”. El que habló en voz alta fue César Almada.

—Calmate, Julio. Para qué vas a ir vos si sabés que la gente no te quiere y no tenés buena llegada. Necesitamos calmar las cosas.

Súarez se fue dando un portazo. En los dos días siguientes el hombre se indispuso y no pudo hacer nada para evitar el acuartelamiento. Aunque normalmente Suárez vivía en el edificio de jefatura como todos los jefes oriundos del interior, se fue a pasar dos noches a la casa de su hija y recién apareció de nuevo el miércoles cuando, tras la crisis, el gobernador anunció el aumento para los sediciosos.

El 7 de diciembre Suárez se juntó a celebrar junto a su amigo –ex cuñado y ex jefe de Policía- Ramón Ángel Frías.  La cita fue en el restaurante El Campanario, de Carlos Paz. Esa noche además del ex jefe y del futuro jefe de Policía estaban sentados quien sería horas después subjefe, Héctor Laguía y los otros futuros integrantes del Estado Mayor: Walter Moyano, Walter Díaz, Mario Tornavaca, Miguel Ángel Casteló, Ricardo Domínguez, Claudio Vignetta y Miguel Ángel Oliva. El que habló esa noche no fue Suárez –acostumbrado a callar cuando está con Frías, sino este último:

—El lunes ustedes van a ser jefes gracias a mí —les dijo, y todos levantaron la copa.

Mientras eso pasaba un efectivo que estaba trabajando de adicional en la zona le envió un mensaje de texto a un periodista, a la ministra Monteoliva y al jefe César Almada. Los funcionarios  todavía no sabían que estaban por perder puesto. Leyeron: “El futuro Estado Mayor está cenando con Ramón Frías en Carlos Paz”.

Al día siguiente (el domingo 8 de diciembre) César Almada fue citado por el gobernador y con él fueron los integrantes del estado mayor –incluido Súarez-. Todos, menos este último, desconocían que estaban cerca de perder su cargo. En un momento tenso de la charla Almada viéndose sin poder presentó su renuncia. Galbucera, el subjefe, presentó la suya y lo mismo hicieron los otros. Enérgico, Suárez aseguró que quería irse junto con su jefe.

El lunes 9, el gobernador De la Sota le pidió la renuncia a Monteoliva, pasó a retiro a la dupla Almada-Galbucera y anunció que el nuevo jefe de Policía era Julio César Súarez, secundado como subjefe por Héctor Laguía. A ellos lo acompañarían todos los asistentes a la cena del sábado a excepción de Frías, que se convirtió en asesor del gobierno provincial. Los comensales de aquella cena en El Campanario –a excepción quizá de Vignetta y Oliva que no tenían cómo impedirlo– si bien no provocaron la revuelta, simplemente habían dejado solos a Almada y Monteoliva a la hora de intentar evitarla.

El fin de la “chispa”

Alejo Paredes fue jefe de Policía entre 2007 y 2011, cuando asumió como ministro. Fue quien adaptó a la Policía al ideal del conservadurismo lúcido cordobés. Profundizó el autogobierno de la fuerza e incrementó la tropa de 12.800 a 24 mil integrantes.

En su segundo año como ministro de seguridad, Paredes tuvo que aceptar que le impusieran a Ramón Frías como Jefe de Policía. Lo que siguió fue una interna pura y dura entre ambos hombres.  Las diferencias iban desde los gastos que hacía Frías para redecorar su despacho hasta su decisión de pagar un plus –en negro– a los policías que trabajaban en los CAP a cargo del patrullaje.

Paralelamente Frías buscó –a través de amigos propietarios de empresas de repuestos– acelerar el proceso de reparación de los vehículos de la fuerza. Según una investigación que llevó adelante el oficial Edgardo Robledo del Tribunal de Conducta Policial (una especie de Asuntos internos cordobés) la administración Frías contrató de manera directa a cuatro casas de repuestos. Los amigos conseguían las piezas muy rápido, pero las cobraban muy caras. Lo que en el mercado se pagaba 4 mil pesos, la institución lo abonaba 10 mil. Quien autorizaba esos pagos era el Jefe de Administración (y actual subjefe) Héctor Laguía. También él se encargaba de manejar el dinero de los adicionales. Estos datos forman parte de una investigación judicial que lleva adelante el fiscal anticorrupción Gustavo Hidalgo, quien imputó a Frías por abuso de autoridad.

En ese mismo período también se agudizó el pago de “la chispa”. Un “adicional” que los organizadores de espectáculos públicos deben pagar a los oficiales que la misma Policía de Córdoba les obliga a contratar para prestarles seguridad. Además de un depósito en el banco por el monto total, se paga el mismo monto en concepto de “chispa” en mano a cada policía. Todo sin recibo.

El Narcoescándalo

Mientras Paredes fue el jefe, la dirección de Drogas Peligrosas era un apéndice de la jefatura. Nada se hacía si él no lo sabía. Cuando llegó Ramón Frías las cosas se descontrolaron o, mejor dicho, dejaron de estar bien escondidas. Tras la sanción de la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, la Policía cordobesa incrementó notablemente los secuestros de estupefacientes. Sin embargo, ese afán por mejorar las estadísticas derivó en los hechos de corrupción que hoy se conocen como el “narcoescándalo”.

Según imputó el fiscal federal Nº 1, Enrique Senestrari, esa organización “generó informes ideológicamente falsos, manipuló las transcripciones de intervenciones telefónicas a los efectos de ocultar la presencia y la identificación del agente encubierto ilegal y de otras circunstancias de la investigación que pudieran comprometer su responsabilidad. Además, los policías habrían prestado declaraciones testimoniales falseando la información acerca de las diversas investigaciones realizadas para quedarse con droga, revenderla o utilizarla para montar operativos falsos que escondían su ingreso en el negocio”.

Aunque estos hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2013 (con Paredes y Frías sucesivamente como jefes) ninguno de ellos está imputado y la máxima autoridad de la Policía imputada es Rafael Sosa, quien estaba al frente de Drogas Peligrosas cuando Ramón Frías era jefe.

El narcoescándalo tuvo una derivación trágica. Uno de los policías involucrados, Juan Alós, quien tras el escándalo le anunció a sus compañeros que estaba arrepentido y quería contar lo que sabía, apareció muerto en un paraje del interior de la provincia. Su muerte aún se investiga como posible suicidio, pero alcanzó para que, asustado por la trascendencia mediática, el gobernador De la Sota pasara a retiro a Frías y a casi todos los que integraban con él el Estado Mayor. De esos jefes sólo sobrevivió quien era Jefe Interino de las Departamentales Sur (antes de llegar Caminera), Julio César Suárez. El hombre fue el primer alto mando de la Policía de la Provincia que se presentó en el despacho del fiscal que investiga la muerte de Alós, Emilio Drazile. Dos de los presentes en ese despacho le confirmaron a Infojus Noticias que el Policía le decía a Drazile (hoy investigado por la Justicia Federal después de archivar el caso como suicidio) que “de acá a la China se trataba de un suicidio”.

Una limpieza demasiado cara

Al realizar la “limpieza” de los policías del narcoescándalo, el gobernador De la Sota se quedó sin varios de los cuadros formados para conducir la fuerza. No le quedó otra opción que recurrir a César Almada, un policía que había sido relegado por las gestiones anteriores, y nombrarlo como nuevo jefe secundado por Carlos Galbucera. Además, apostó a un cuadro técnico que había acompañado a Paredes en la gestión, nombrando a Alejandra Monteoliva como ministra de seguridad.

Ochenta días duraron en sus cargos. Fueron honestos en algunos puntos. La propia ministra denunció en la Justicia la malversación de los repuestos de los autos por el que Frías está imputado y que a esa altura era millonario. Para ello se apoyó en la investigación de Edgard Robledo que, en un allanamiento que no trascendió a los medios, encontró siete carpetas de documentos que probaban la maniobra.

Monteoliva y Almada también redujeron el cobro de la “chispa” y, a principios de octubre -es decir para el sueldo que se cobró en los primeros días de noviembre– eliminaron el pago en negro que había implementado Frías por los patrullajes. Según declaró ante el fiscal del caso el comisario Almada, el mismo Héctor Laguía le informó que, de seguir pagando ese plus en negro, el rojo de la institución ascendería a 9 millones hacia el fin de 2013. 

Los primeros saqueos en Córdoba, en 2013, comenzaron a metros de donde estaban acuartelados los efectivos.

El 1° de noviembre Adrián Farías, el ex secretario personal de Ramón Frías, pidió licencia. Para Almada y Monteoliva era algo lógico porque habían “golpeado” los negocios de su jefe. Lo que comenzarían a sospechar pocos días después es que Farías habría mantenido reuniones con alguna de las esposas de los policías que comandaban las protestas por mejoras salariales de sus maridos.

Mientras tanto, sin chispa, sin algunos otros negocios que los policías estaban acostumbrados a manejar, sin arreglos vinculados a drogas, sin el plus por patrullaje, comenzó a desatarse el enojo de la tropa por los “sueldos miserables” que cobraban y la falta de “alternativas” para mejorarlos. 

El 11 de noviembre el gobernador De la Sota emprendió un viaje a China de 10 días con muchos de sus hombres de mayor confianza. Mientras se encontraba en oriente, la ministra Monteoliva ordenó investigaciones internas por desmanejos y desplazó a Suárez.

Primeros reclamos

En los tiempos posteriores al narcoescándalo hubo un intento de suicidio de un policía que adujo estar deprimido por la vergüenza que le producía lo que se decía de la Policía en la calle. Este cronista se dedicó durante años al periodismo policial y en esos tiempos habló con más de una decena de efectivos que se sentían enojados, ofendidos y avergonzados por sus compañeros sospechados de corrupción.

A la vergüenza, a los problemas por los “quioscos” cerrados, se sumaba que las autoridades les seguían pidiendo lo mismo de antes: detenciones para mejorar las estadísticas, recargas horarias, arriesgar la vida todos los días, policializar la ciudad y contener la tensión social.

A esa altura, mediados de 2013, el sueldo básico era de 2500 pesos para un cabo, el escalafón más bajo de la fuerza.

Los primeros reclamos por dinero llegaron a César Almada, pero el jefe carecía del respaldo político que le aportara soluciones. En una estructura organizativa piramidal como la Policía, el que está abajo depende del que está arriba si quiere mejorar su situación. Los cabos le piden al sargento, el sargento al principal, el principal al subcomisario y este al comisario. Así se pasa al Comisario Mayor y al General hasta llegar al Jefe de Policía. Cuando el que está arriba no da respuestas, lo que subió como un reclamo baja como una crítica.

Durante aquel octubre, los policías que no obtenían respuestas recurrieron a sus esposas tal como lo habían hecho en 2005 cuando se produjo otro acuartelamiento policial. Ellas comenzaron a coordinar las protestas.

Cuando De la Sota regresó de China ni se enteró de que había reclamos en la Guardia de Infantería y el CAP. El sueldo que se cobraba en diciembre llegaría sin el “plus” de Frías y la “chispa” por los adicionales estaba en baja. A mediados de noviembre comenzaron las primeras marchas de las esposas de los policías por reclamos salariales. El 28, cinco días antes del acuartelamiento, las mujeres tomaron la jefatura por segunda vez en el mes. Reclamaban un incremento en el sueldo del 35 por ciento (monto similar al de los adicionales truchos, “la chispa”) y un bono de fin de año de 2000 pesos, que era lo mismo que hubieran cobrado sus maridos de “plus” si Monteoliva no hubiese eliminado el “beneficio” por patrullar.

Almada recibió los reclamos, pero cuando fue a planteárselos a sus propios jefes, no obtuvo respuestas. En ese momento comenzó a organizarse el acuartelamiento.

Desde las 6 de la mañana del lunes 2 de diciembre un grupo de esposas de policías se paró en la puerta de la Guardia de Infantería y no dejó salir a la fuerza de choque a la calle. Otro grupo impidió que los móviles cargaran combustible donde lo hacen habitualmente. Ese mismo día el gobernador José Manuel De la Sota abordó un avión rumbo a Colombia y los policías decidieron demostrar hasta qué punto conformaban un ejército y en qué medida, si nadie los mandaba, habían aprendido a autogobernarse.

Lo que siguió es conocido. Suárez enfermo y los móviles de la Caminera que él conducía sumados a la protesta en igual proporción que los de otras dependencias, las calles liberadas, los policías encerrados en la sede del CAP 5 (la que concentra a más efectivos) y saqueos que comenzaron a metros de donde estaban acuartelados los efectivos.

Un día y medio después, un muerto después, varios inocentes golpeados después, más de 200 heridos después y varios comercios saqueados después, los policías consiguieron el aumento que pedían. Desde el pupitre en el que aceptó haber sido derrotado por la fuerza policial, De la Sota envió a los extorsionadores “a cazar delincuentes”.

La revuelta policial en la justicia

El viernes posterior al acuartelamiento, De la Sota convocó a la casa de gobierno a Ramón Frías y le pidió que lo ayudara a conformar el nuevo Estado Mayor sin escuchar a Monteoliva. Al salir de allí Frías reservó la mesa en el restaurante El Campanario.

Apenas asumió Suárez pasó a retiro a Edgardo Robledo y a los cinco pesquisas del Tribunal de Conducta donde hoy, 73 de los 80 investigadores, son policías. Adrián Farías fue nombrado director de la escuela de oficiales y convocó a varios de los policías retirados por De la Sota a dar clases en esa institución. Claudio Vignetta, que había sido llamado para negociar con los sediciosos fue pasado a retiro, en este caso “forzoso”. Junto a Laguía los dos máximos jefes dieron de baja tres auditorías que había solicitado Monteoliva a la dirección de finanzas (se iban a investigar los números del mismo subjefe), a la de transporte (donde se compran los repuestos de los autos) y a Carga de Delitos, donde se registran los objetos secuestrados en allanamientos.

Entre las medidas más importantes de la nueva conducción estuvo el incremento de los operativos saturación. En lo que va de 2014 se registraron ocho casos de gatillo fácil. Y, aunque no logró que el fiscal anticorrupción se olvide de la causa de los repuestos por la que Frías está imputado, sí evitó que su subjefe, Héctor Laguía, que aprobaba los pagos, fuera procesado por la malversación. Los empresarios de la noche aseguran que “la chispa” volvió con todo y aparecieron las amenazas a periodistas.

La investigación del fiscal de instrucción de distrito 3, turno 7, Gustavo Raúl Garzón tiene a 5 esposas de policías imputadas de entorpecimiento funcional. Un delito leve. Según el fiscal, “hay además 60 efectivos de bajo rango en la misma situación y algunos de ellos con una imputación de incumpliendo a los deberes de funcionario público o afectación indebida de caudales”. Todavía no hay fecha de juicio. De los 24 mil policías cordobeses, solo 1000 estuvieron acuartelados. De los 270 móviles funcionando, sólo 50 participaron de la revuelta. Los otros simplemente –como algunos jefes- dejaron hacer.

Para el defensor de los Policías, el abogado radical Miguel Ortiz Pellegrini, “el fiscal es un cultivador de perejiles”. Según asegura, el fiscal imputa por delitos leves sólo con el objetivo de que eso sirva para sancionar a los policías administrativamente y pasarlos a retiro. Los únicos condenados son algunos saqueadores que se aprovecharon de la ciudad liberada.

A un año del motín, la Policía de Córdoba volvió a autogobernarse con un jefe como los de antes.