Son los que funcionaron en el Grupo de Artillería Blindada 1, el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 10 y la Delegación de la Policía Federal. “Donde ayer hubo un Estado terrorista, hoy hay un Estado que apoya e impulsa cada una de las causas por los crímenes de la dictadura”, dijo Matías Moreno, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizó tres ex centros clandestinos de detención: el Grupo de Artillería Blindada 1, el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 10 y la Delegación de la Policía Federal en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, por su funcionamiento durante el terrorismo de Estado.
En el Grupo de Artillería Blindada 1 y Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 10 el Ejército diseñó, controló e implementó el accionar represivo ilegal en distintas localidades del centro de Buenos Aires. La primera era la unidad de comando del Área militar 125, que coordinaba la represión en los partidos de Azul, Rauch, General Belgrano y Pila. El regimiento tenía a su cargo el Área 123, que abarcaba Azul, Tapalqué, General Alvear, Saladillo, Roque Pérez y Las Flores. Ambas unidades dependían de la subzona 12, bajo control del Primer Cuerpo de Ejército.
Según testimonios de sobrevivientes obrantes en causas judiciales y en el Archivo Nacional de la Memoria, en ambas dependencias permanecieron secuestradas por razones políticas personas provenientes de distintos centros ilegales de detención, algunas de las cuales continúan desparecidas.
El Grupo de Artillería 1 se encontraba a cargo del teniente coronel Pedro Pablo Mansilla y el responsable de las tareas de inteligencia era el teniente Alejandro Guillermo Duret, identificado en varios procedimientos de secuestro. Allí también se detuvo a un grupo de conscriptos que habían realizado el servicio militar en la misma unidad. En 2009, Mansilla fue condenado a prisión perpetua y, en 2011, Duret a 15 años de cárcel, ambos por su responsabilidad en el secuestro, tortura y asesinato del militante peronista de Las Flores, Carlos Labolita.
La dependencia donde funcionó la Delegación de la Policía Federal fue utilizada como centro clandestino de detención y torturas. Allí se mantuvo secuestrados a hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. Los detenidos permanecían horas, a veces días, durante los cuales eran sometidos a interrogatorios, para luego ser trasladados a distintos centros de detención de la zona, como la vieja estación del ferrocarril provincial, el Grupo de Artillería Blindada I o la Unidad Penal, entre otros.
Los actos, organizados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto con su par de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Azul, con la participación del Ministerio de Defensa, contaron con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales locales, entre otros.
Durante la señalización de los ex centro clandestinos, Matías Moreno, director nacional de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, señaló: “Este lugar donde nuestros compañeros sufrieron torturas y vejaciones hoy es sede del Juzgado Federal donde se desarrollan las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en la zona. Por eso esta señalización es un símbolo que da cuenta de que donde ayer hubo un Estado terrorista que quiso ocultar, hoy hay un Estado que no sólo señaliza sino que apoya e impulsa cada una de las causas que se están llevando adelante por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar”.
Por su parte, la directora provincial de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Mariana Vega, dijo: “Los familiares y sobrevivientes han tenido mucha valentía y dignidad para dar testimonio durante los largos años de impunidad y seguir aportando pruebas para identificar estos lugares de represión y muerte. Hoy estamos acá gracias a los sobrevivientes, los familiares, madres y abuelas, y luego a los hijos, que no dejaron de reclamar a un Estado, que era ausente, que se hiciera cargo de los derechos humanos, de reconstruir la verdad y llegar a la justicia” y agregó: “A partir del año 2003, de la mano de Néstor Kirchner, ese reclamo fue escuchado, consolidando el camino de la memoria, la verdad y la justicia como políticas de Estado”.
En ese sentido, José Manuel Inza, intendente de Azul, destacó: “Es muy importante que, a través de la política nacional de señalizaciones, se hayan podido señalizar tres sitios en esta ciudad. Los verdaderos protagonistas de este acto tan importante son los compañeros que ya no están, pero cuyas imágenes nos acompañan y nos marcan el camino”.
Con estas tres señalizaciones, ya son 95 los sitios de memoria del terrorismo de Estado señalizados en todo el país por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria.