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“Cuando me levanté la capucha reconocí que estaba en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN)”, le dijo hoy a Infojus Noticias Alfredo Mantecol Ayala, dirigente del Movimiento Villero Peronista. Fue la madrugada del 17 de septiembre de 1977 en la localidad bonaerense de Villa Adelina. Treinta y seis años después está demostrado que en la denominada Casa del SIN funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar. A pesar de haber una ordenanza municipal promulgada que así lo ordena, el intendente de San Isidro Gustavo Posse se niega a la señalización. Por eso hoy organizaciones políticas y sociales hicieron un señalamiento simbólico en Thames y Panamericana.

Ayala fue secuestrado de su casa de Bancalari, partido de Tigre, por una patota militar. Antes de trasladarlo a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde iba a estar tres años, lo llevaron a la Casa del SIN. Ahí, desde el piso de un Ford Falcon, pudo sacarse la capucha y reconocer el lugar. Estuvo una hora, de las cinco a las seis de la mañana. “Meses después del golpe teníamos documentos propios que decían que este lugar era un centro clandestino y cuando vine supe dónde estaba”, dijo Ayala.

A comienzos de la década de 1970, se construyó la residencia del comandante en jefe de la Armada. Muchos jefes de la Marina lo usaron de manera recreativa. Emilio Eduardo Massera solía pasar algunos fines de semana en ese lugar, que contaba con un extenso parque, pileta climatizada, un campo de golf y un impecable chalet de estilo racionalista que había sido diseñada y construida en 1970 por Mario Roberto Álvarez, uno de los más influyentes maestros de la arquitectura en la Argentina.

Se cree que el SIN la usó como parte del circuito represivo entre junio y septiembre de 1977 y que no pasó un gran número de detenidos-desaparecidos. Era el paso previo al ingreso a la ESMA. El inmueble se demolió en 1983, con el regreso de la democracia. “Un vecino nos contó que un día llegó de trabajar y estaba todo dinamitado”, dijo a Infojus Noticias Adriana Rodríguez, docente de la Escuela Media 6 de San Isidro. Raúl Alfonsín había ganado las elecciones y meses después asumiría la presidencia del país.

En 2006, Rodríguez coordinó con sus alumnos un proyecto del Programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria. El trabajo consistió en entrevistar a los vecinos del SIN y muchos contaron que durante los años de dictadura vieron a gente entrar encapuchada y grandes operativos militares. El proyecto sirvió para concientizar a la comunidad y empezar a buscar datos y testimonios. Hasta ese momento, la Casa del SIN no figuraba como un centro clandestino. Tiempo después fue incluida en la CONADEP y aparece en las nuevas ediciones del Nunca Más.

Pilar Calveiro estuvo detenida allí entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 1977. La investigadora y ex detenida recordó en una entrevista: “Es cierto que el SIN se movía dentro de la ESMA. Es cierto que allí tenía sus propios espacios para torturar primero y ‘trasladar’ después a sus víctimas. Pero también es cierto que entre el SIN y la ESMA existían rivalidades y competencias que no les permitían compartir siempre la información o por lo menos no de inmediato. Así que la casa de Thames y Panamericana fue la primera escala de muchos secuestrados del SIN, posteriormente enviados a la ESMA.”

Calveiro agregó que llevaban a las víctimas cuando eran recién detenidas. O cuando formaban parte de alguna operación que se intentaba mantener bajo reserva. “Diferentes cuartos de la casa, e incluso los baños, se utilizaron para encerrar a los prisioneros, custodiados por una docena de oficiales y suboficiales. Unos pocos sobrevivimos; los más sólo pueden reclamar memoria y justicia a través de nosotros porque ya no están: fueron asesinados por personal naval después de toda clase de padecimientos, dentro y fuera de esa casa, la casa de Thames y Panamericana”, agregó la investigadora.

Otra detenida que pasó por la Casa del SIN fue Lila Pastoriza. En su declaración en el juicios a las Juntas, la periodista dijo que “en la época de mi secuestro, los prisioneros del SIN eran llevados para su interrogatorio y tortura a una casa del grupo, asignada a tales fines”.

Preservación y señalización del predio

En democracia, el predio fue cedido al Municipio de San Isidro y utilizado como campo de deportes de un colegio privado.

En 2009, la intendencia a cargo de Gustavo Posse, vendió el terreno a una empresa privada que proyectaba la construcción de edificios. Esto generó el rechazo y la movilización de organismos de derechos humanos que acudieron a la Justicia.

El juez federal Sergio Torres dictó medidas de no innovar sobre el predio y ordenó la realización de pericias y el relevamiento de diversas fuentes que permitieron identificar y reconstruir las características edilicias de la vivienda que fuera utilizada como centro de detención y que fue dinamitado en 2006.

En mayo de 2011, el juez levantó la medida de protección y liberó el camino para que la empresa propietaria continuara con su megaproyecto inmobiliario. Hoy se levantan dos grandes edificios de oficinas.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación – a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, que coordina el Archivo Nacional de la Memoria-, junto con organizaciones políticas y sociales realizaron gestiones para promover el señalamiento en el marco de la ley nacional 26.691 y la provincial 13.584.

“Esto se trata de una política de Estado desde el 2003. Siempre tratamos de impulsar las acciones con las administraciones provinciales y municipales. Pocos casos encontramos que no acompañen”, dijo hoy Gonzalo Vázquez de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

La empresa respondió que accedía al señalamiento pero en una esquina poco visible y los organismos lo rechazaron. “El objetivo del señalamiento es que la comunidad conozca los hechos desastrosos para que nunca más sucedan”, dijo hoy Raquel Wittis de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte.

A principios de año, el señalamiento fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante de San Isidro y promulgada por el intendente Posse. Sin embargo, en el mes de julio desde la municipalidad sanisidrense le pidieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación toda la documentación que acredite que en la Casa del SIN haya funcionado un centro clandestino de detención.

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación le respondió a la gestión de Posse que los testimonios de víctimas se encuentran en legajos de la Conadep y que el Ministerio no entrega copia de los legajos, que lo hace solamente a las víctimas o sus familiares y pidió que se resuelva lo antes posible el señalamiento.