C.A. es una chica trans de 21 años. Hace una semana la detuvo la policía por una presunta contravención. En la comisaría cinco policías abusaron sexualmente de ella y después la metieron en una celda y la violaron los detenidos. El INADI señaló que que tanto una fiscalía como la Unidad de Trara provincial no le quisieron tomar la denuncia.
Cuando Gustavo Díaz Fernández, titular de la Delegación Tucumán del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), fue a verlo, el fiscal Washington Navarro Dávila estaba que trinaba: no podía creer lo que había hecho la Unidad de Trata de la policía tucumana.
-Imagináte, yo trabajo con esta gente. Le mando casos todo el tiempo- repetía el funcionario judicial, enfurecido.
Como si actuara en el reino del revés, esa división especial se había rehusado a tomar una denuncia por abuso sexual y violación de una trans. No sólo eso: se comunicaron con la comisaría cuarta, la seccional implicada en el delito, para sugerirle que se comunicara con la víctima y la convenciera de retirar la denuncia. Desde anoche, hay cuatro policías presos.
La pesadilla de C.A., una trans de 21 años, comenzó el martes 26 de noviembre. La detuvo la policía por una presunta contravención. Fue el principio de la peor humillación de su vida: cuando entró a la comisaría cuarta los uniformados empezaron a hostigarla. Estuvo tres días presa y logró escapar por un descuido de los policías. Según lo que ella misma denunció en el INADI de Tucumán, cinco policías abusaron sexualmente de ella: se masturbaron, sin acceso carnal.
Lo que siguió fue casi peor: los presos del calabozo les ofrecieron plata para que la soltaran dentro. Los policías aceptaron y C.A. fue violada grupalmente. El viernes, cuando salió, la mujer se puso en contacto con el organismo. La acompañaron a un centro de salud donde certificaron sus abusos, y denunció lo que le habían hecho. Después fue a la fiscalía de instrucción penal de la Quinta Nominación, donde Navarro Dávila no le tomó la denuncia, sino que la derivó –con una orden- a la Unidad de Trata de la policía provincial.
Allí sucedió lo inimaginable: la división creada en junio de 2007 para investigar la explotación sexual y la trata de personas, se negó a tomarle la denuncia y puso en sobreaviso a sus colegas denunciados para que hicieran lo necesario y que la víctima desistiera de denunciar. Y lo lograron: al parecer, entre presiones y dinero, convencieron a C.A. de que firmara un papel negando lo que ya había contado.
"Hace unos días recibimos una denuncia de una chica trans, quien manifiesta haber sido retenida durante algunos días y haber sufrido vejaciones", le dijo a Télam el secretario de Seguridad de la provincia, Paul Hofer. El funcionario explicó que a partir de ese momento se puso toda la estructura del ministerio y se tomaron medidas de seguridad para que pudiese hacer la denuncia correspondiente.
"Pusimos a disposición del fiscal los elementos probatorios para iniciar la investigación y deslindar las responsabilidades del caso", señaló. Hofer explicó que "la denuncia llega a través del INADI, que actuó muy rápido y contuvo a la víctima".
La sede local del INADI se movió rápido y bien para ganar respaldo institucional: le avisaron al Observatorio de la Mujer, un organismo gubernamental interministerial y a la Secretaría de Seguridad. Las espaldas bastaron para que el fiscal Navarro Dávila –acusado otras veces de ser condescendiente con la fuerza policial- pidiera la detención de los policías implicados. Cuatro fueron detenidos anoche, hay uno prófugo. El fiscal evalúa tomar medidas contra los miembros de la Unidad de Trata que buscaron la impunidad.
“Una vez que esté formalizada la denuncia, de la que faltan datos formales, vamos a acompañar a C.A. en la causa judicial, como hacemos en los casos en los que interviene el fuero penal. Y si se evalúa que debe presentarse como querellante, lo haremos”, advirtió Julián Díaz Bardelli, director de Asistencia a las Victimas en el INADI.
Por su parte, Geraldine Salazar, abogada que defiende a tres de los policías acusados, explicó que "se les imputan dos hechos", uno ocurrido el 24 y otro del 27 de noviembre. Salazar dijo que el 27, "esta señorita habría sido abusada carnalmente por internos detenidos en el sector de la alcaidía y también habría participado personal policial en otro sector de la comisaría", pero aclaró que sus defendidos "no tuvieron participación".