Ayer a la noche y esta madrugada, siete policías fueron detenidos por orden de la justicia tucumana. Ya son catorce los integrantes de las fuerzas seguridad de esa provincia que están siendo investigados por su presunta participación en los saqueos simultáneos al autoacuartelamiento de un sector de la policía.
Los policías detenidos anoche deberán declarar ante los fiscales que tienen a su cargo la investigación del accionar policial entre el 8 y el 10 de diciembre. Están imputados por la presunta "autoría mediata" de un conjunto de delitos cometidos durante los ataques a viviendas y comercios. La "autoría mediata" implica la colaboración con o la instigación de robos, lesiones y homicidios.
La investigación judicial de los saqueos y disturbios de la semana pasada brindó elementos sobre la posibilidad de que los policías hayan colaborado con distintos delitos mientras la fuerza policial estaba acuartelada reclamando una mejora salarial.
La investigación comenzó con una presentación del gobierno de la provincia. A través del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa presentó una denuncia penal para que se investigue a los policías por el delito de sedición.
La causa está a cargo de los fiscales Diego López Avila y Adriana Giannoni quienes están trabajando en identificar a los saqueadores a través de las imágenes tomadas por cámaras de televisión y en poder determinar qué responsabilidad tuvieron algunos integrantes de la policía en la violencia callejera. La investigación está bajo secreto de sumario.
"Lo que ocurrió generó una herida profunda entre la sociedad y la fuerza policial y reconstruir ese vínculo llevará mucho tiempo", dijo esta mañana Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana, a los medios locales.
Por su parte, el gobernador José Alperovich sostuvo en una conferencia de prensa que "lo que pasó fue terrible y la gente tiene derecho a estar molesta, pero con toda sinceridad les digo que desde el Gobierno hicimos todo lo posible para que esto no sucediera".
Cinco personas murieron en Tucumán durante los saqueos y más de cien personas resultaron heridas. Después de dos días de conflicto, el gobierno acordó un aumento salarial.