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Se reanudó hoy la audiencia por la megacausa Jefatura II-ArsenalesII, en Tucumán. Los primeros en realizar los alegatos fueron los abogados querellantes Daniel Mendivil y Juan Carlos Véliz, representantes de los casos Marini y Osores. En primer lugar, los abogados hablaron de la causa de usurpación del domicilio de la familia Marini, en calle Frías Silva al 200. Por esta causa se encuentra imputada la ex policía María Elena Guerra, que se habría apropiado del domicilio tras el secuestro del matrimonio Araldi-Oesterheld.

El matrimonio, oriundo de la provincia de Buenos Aires, se encontraba alquilando la propiedad de la familia Marini cuando en julio de 1976, Diana Oesterheld fue secuestrada junto a su hijo de un año y medio. Carlos Araldi fue asesinado y su cuerpo fue trasladado a la Jefatura de Policía. El niño, Fernando Araldi fue dejado en la ‘Casa Cuna’ y luego entregado a sus abuelos paternos. Diana se encontraba embarazada de entre seis y ocho meses. Al día de la fecha permanece desaparecida.

Los abogados expusieron las pruebas que demuestran que el matrimonio vivió en el domicilio de calle Frías Silva. Hablaron de que este hecho quedó probado en el juicio conocido como Jefatura I, donde se juzgó el caso por la muerte y desaparición del matrimonio Araldi Oesterheld. En esa oportunidad Robberto Heriberto Albornoz fue condenado como autor mediato de violación de domicilio.

Además recordaron los testimonios de vecinos que dieron cuenta de la relación que existía entre Albornoz y la imputada Guerra y sostuvieron las incongruencias y contradicciones de la imputada respecto a cómo habría adquirido el inmueble. También valoraron la pericia realizada en el domicilio a través de una inspección ocular, donde se constató que una fotografía del matrimonio fue tomada en el interior de la vivienda.

Párrafo aparte fue la valoración de los testigos presentados por la defensa oficial, a los que denunció por falso testimonio. También se refirieron a los abogados del Ministerio Público de la Defensa y pidieron que sean investigados por mala fe procesal. “Lejos de ejercerse una defensa técnica-jurídica se ejerce una defensa ideológica”, aseguró Mendivil.

Véliz solicitó la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación absoluta por igual tiempo para María Elena Guerra,como autora material de la comisión del delito de usurpación del inmueble de calle Frías Silva 231 –propiedad de Onésimo Marini – con la calificación de delito de lesa humanidad.

Los querellantes valoraron las pruebas en el caso de Carlos Osores, secuestrado en setiembre de 1976. La familia Osores fue víctima de tres operativos en los que fueron saqueados. En el primero de ellos, en agosto del mismo año, una menor fue violada por uno de los perpetradores. Carlos Osores era militante comunista y actualmente se encuentra desaparecido. Los testigos de la causa identificaron entre los secuestradores a Francisco ‘Pancho’ Orce y a Mario ‘Malevo’ Ferreyra. Carlos Osores fue visto en el Arsenal por OP (testigo protegido) y por el doctor Alberto Argentino Augier. Por esta causa no se pidió pena ya que los letrados no tienen la defensa formal. La pena será solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

El último querellante en alegar fue Vicente Daniel Villagra, por la causa del empresario tucumano José Guetas Chebaia. El abogado habló del contexto histórico en el que se produjo el secuestro de Chebaia (24 de marzo de 1976) y citó los testigos que declararon por esta causa durante las audiencias. Villagra tampoco pidió la pena correspondiente, lo hará la fiscalía; y manifestó que “con los testimonios presentados al Tribunal no le va a quedar otra que condenar”, luego añadió que “el fiscal Peralta Palma va a suplir con creces el faltante”, refiriéndose a la solicitud de penas.

Durante la tarde comenzaron a presentar los alegatos los miembros del Ministerio Público Fiscal. Pablo Camuña, fiscal ad hoc, empezó su presentación haciendo una valoración general de la prueba. Habló de las 212 víctimas cuyos casos se juzgan en esta ‘megacausa’, puntualizó que 72 de ellas se encuentran liberadas y 140 permanecen desaparecidos. “Siete víctimas fueron ‘reaparecidos’”, dijo el fiscal refiriéndose a los identificados entre los restos hallados en Pozo de Vargas y en las fosas del Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Habló también del contexto en el que se cometieron los delitos que aquí se juzgan y finalmente explicó las razones por las que deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Por la tarde pasó a un cuarto intermedio. Camuña anticipó que seguiría con la exposición de cada causa comenzando por los encuadrados en el centro clandestino de detención Jefatura de Policía.