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Un joven de 21 años fue condenado a dos años y diez meses de prisión de ejecución condicional por un robo que cometió hace un mes. En un juicio abreviado se acordó que deberá  indemnizar económicamente a las víctimas, terminar la escuela secundaria, realizar trabajos comunitarios y cumplir reglas de conducta. El fiscal del caso, Norberto Ríos, contó a Infojus Noticias que en otras ocasiones ya acordó con otros jóvenes que terminen sus estudios y detalló que lo requiere “en los casos en que se verifica que las causales de la comisión del delito tienen que ver con jóvenes que no estudian ni trabajan y tienen posibilidades de hacerlo”.

Ríos, titular de la UFI Las Toscas, cerca del límite de Santa Fe con Chaco agregó que entiende que la medida “genera una reinserción en la sociedad. Además, si un joven puede pasar dos años y diez meses sin cometer delitos, y a su vez cumpliendo con las normas de conducta impuestas, su respeto hacia los demás será algo que quedará para siempre”. Y detalló “se trata de un chico de 21 años, es joven, tiene toda la vida por delante”. En su propuesta Ríos previó la realidad social de la Tacuarendí, la localidad donde vive el joven y cometió el robo, en la que “las posibilidades laborales por ahí no son tan factibles como en otro lugares”.

Con apenas poco más de tres mil habitantes Tacuarendí, en el departamento de General Obligado, Santa Fe, está ubicado a 423 kilómetros de la capital santafesina. La madrugada del sábado 10 de octubre, la paz pueblerina se interrumpió con el asalto a una de las casas. C.G junto a otros dos jóvenes forzaron la puerta de una propiedad e ingresaron. Amenazaron con un cuchillo y un arma a los propietarios y se llevaron ropa, elementos de trabajo y 730 pesos.

Tras la denuncia de los propietarios, el fiscal Ríos ordenó una serie de allanamientos, en los que fueron detenidos C.G y las otras dos personas que cometieron el delito (que siguen detenidos, por tener condenas previas). Y recuperaron todos los objetos robados.

Unos días después se realizó la audiencia imputativa y Ríos comenzó a elaborar la propuesta de acuerdo para C.G. Se la pasó al defensor del joven quien estuvo de acuerdo al igual que el joven y su familia. “Creo que es la forma de reinsertarlo. Una condena así nomás no te reinserta”, explicó Ríos. Tras la aceptación de las partes se pasó a la homologación del acuerdo por parte de la jueza Claudia Bressan, en el marco de un juicio abreviado.  

Así, C.G  fue condenado por ser coautor del delito de robo calificado en poblado y en banda y se dispuso que además de completar sus estudios secundarios deberá pagar mil pesos a la víctima en concepto de indemnización y deberá realizar tareas comunitarias y cumplir reglas de conducta.

El primer paso que deberá dar C.G es inscribirse en la secundaria local para adultos y llevar el comprobante de la inscripción a la justicia, para demostrar que está cumpliendo su parte del acuerdo. El año que viene, a partir de marzo cuando empiecen las clases, deberá ir cada dos semanas para corroborar fehacientemente que está cursando, detalló Ríos. C.G también deberá cumplir con sus seis meses de trabajo comunitario y su prohibición de acercamiento a las víctimas y testigos, y de consumo de bebidas alcohólicas y drogas, entre otras disposiciones. Ríos está esperanzado con el acuerdo “porque lo vamos a tener ocupado en cosas productivas”, afirmó. “Todos nos merecemos una oportunidad en la vida”, concluyó.

CD/PW