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Tita Martínez y sus hijos, “el Cara” Cristian Yanantuoni y Javier Aquino, comenzaron a ser investigados por vivir de las mujeres que explotan en un prostíbulo, a la vera de la ruta en Villa María, Córdoba. Pero cuando la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona pidió su procesamiento, el juez Roque Rebak habló del supuesto consentimiento de las víctimas y se dispuso a cerrar la causa porque entendió “no existen méritos suficientes ni para procesarlos, ni para sobreseerlos”. Ayer, la fiscal Miguel Carmona apeló esa decisión y la cuestionó porque no se ajusta a la legislación que en nuestro país persigue a tratantes y proxenetas.

- Eh mami, ni se desvirgó-, le dice Javier a Tita Martínez en una de las escuchas incorporadas a la causa, cuando su madre le reclama plata. Después se explaya:

- Hizo un solo pase de 100, má. Voy a hacer un último intento, no sé qué hacer mami, ayer martes hizo $ 200, te di 100 a vos y 100 me quedé yo, y ayer 100 mami, tiene para comer nomas.

- Sos un culiado vos,  le reclama Tita al otro lado del teléfono.

Diálogos como éste se suceden entre Tita y sus hijos. A las mujeres explotadas en el prostíbulo, Martínez las llama y se refiere a ellas como hijas. La simulación de lazos entre las víctimas y sus explotadores se repite en el expediente. Una de las chicas rescatadas durante uno de los allanamientos solicitados por Miguel Carmona, dijo que estaba en pareja con Yanantuoni y otra con Aquino, desde hace 10 meses (exactamente el mismo tiempo en que lo conoció y empezó a ejercer la prostitución en su local).

Con esos datos el juzgado desestimó la denuncia, pero en la nueva presentación la fiscal Miguel Carmona insistió: comúnmente los proxenetas varones actúan así para “captar y mantener a la víctima bajo su dominio” con la única finalidad de explotarlas sexualmente. “Baste mencionar que según surge de las investigaciones policiales, Yanantuoni estaba en concubinato (al mismo tiempo) con P.G. , con quien tiene hijos, y a quien también prostituía”, advirtió la fiscal.

Los “pases”

En un escrito de 25 páginas, la fiscal subrogante Miguel Carmona abundó en detalles sobre el funcionamiento de la red que se extiende, por lo menos, hasta la provincia de Santa Fe y puede tener ramificaciones en Chile. Contó que en el marco de la investigación un policía de la Brigada especializada en trata de la Federal se acercó a una de las mujeres que estaba en la ruta, cerca del prostíbulo de Martínez y le preguntó cuánto cobraba por el “pase”. Lo mujer le dijo $ 150, y le indicó que para “contratar sus servicios” en una despedida de soltera tenía que consultarlo con la “Señora Tita” o con su hijo Cristian.

En una de las escuchas, Aquino hizo cuentas: “1650 hizo el sábado”, le dijo el proxeneta a su madre. Ese dato permite estimar que por lo menos diez hombres pagaron para usar el cuerpo de esa mujer.

Nada de esto fue suficiente para que el juez Rebak diera curso a la investigación. “Se apoya en argumentos que no responden a una correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas pertinentes”, lamentó la fiscal. Y advirtió que  la ley que sancionada en 2012 para perseguir estos delitos “el legislador está pretendiendo que los operadores judiciales adviertan: en primer lugar, no es posible consentir la propia explotación, por ser la dignidad humana un bien irrenunciable que el Estado debe proteger; y en segundo orden, porque esa intelección conduce lisa y llanamente a un corrimiento del verdadero meollo de este tipo de delincuencia: a nadie le es dable explotar la prostitución ajena”.

Entrenados por un prestigioso estudio de abogados

La “clase” para evitar allanamientos y clausuras en el prostíbulo también forma parte de las escuchas telefónicas incorporadas al expediente. No es la primera vez que la familia de proxenetas aparece involucrada en una causa por esto delitos, y prefieren evitar riesgos. En 2009 “El Cara” Yanantuoni fue condenado a cinco años de prisión por “facilitación a la prostitución de menores” y por tenencia ilegal de armas, y pasó un tiempo en la cárcel. Hasta 2011, cuando consiguió la libertad condicional.

Entonces, dos días después de salir en libertad, volvió a estar un tiempo tras las rejas, pero no por mucho tiempo. Esta vez porque P.G., la madre de sus hijos, lo denunció por agresiones. Pero el fiscal de Cámara Francisco Márquez dejó caer la acusación porque de la golpiza no hubo testigos, desconociendo por completo las características que suele adquirir la violencia cuando se ejerce contra las mujeres. Como era de esperar, Marcelo Silvano, el abogado defensor de “el Cara” Yanantuoni adhirió.

Silvano es el mismo que ahora defiende a la madre de Yanantuoni, Tita, y a su hermano, Javier. Sobre el letrado también pesa una denuncia en otra causa que lo vincula al negocio de la prostitución. Esta causa tampoco prosperó, dos días antes que el abogado tuviera que asistir a la indagatoria el juez Roque Rebak lo sobreseyó. La fiscal Miguel Carmona también apeló esa decisión.

Miguel Carmona sospecha que el abogado asiste a los proxenetas para eludir la Justicia. Para la fiscal el dueño de uno de los estudios de abogados más importantes de Villa María habría sido el responsable de hacerle firmar a las víctimas explotadas en otro prostíbulo un “contrato de locación” para desvincular de la causa a la principal imputada. En cámara Gessell una de estas mujeres contó que en ese estudio les cobraran lo que tenían que dejar por los “pases” y le retuvieron el documento.