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Tal como ocurrió en Neuquén, un nuevo Código Procesal Penal comenzó a regir en Santa Fe. Según dijeron fuentes judiciales a Infojus Noticias, la novedad principal de las reformas estará en la apertura de los juicios orales. Ahora, con las audiencias públicas, se podrá observar el trabajo de jueces, fiscales y abogados defensores. Y, además, las víctimas podrán participar como querellantes, serán asesoradas por Centros de Asistencia Judicial  y  tendrán una participación más activa en los procesos. “Nuestra provincia estará dotada de herramientas que permitan enfrentar el crimen con eficacia y sin vulnerar derechos, respetando los principios establecidos por la Constitución”, dijo Antonio Bonfatti, gobernador de Santa Fe.

En ese sentido, remarcó que “los santafesinos tendremos la posibilidad de ver cómo trabaja uno de los poderes esenciales del Estado”. Desde el Ministerio de Justicia provincial, apoyaron las palabras del gobernador y subrayaron que la reforma acercará “la justicia a la gente”, que tendrá el aval para controlar el accionar de los funcionarios judiciales.

En un comunicado oficial, donde dio a conocer el decreto que reglamentó la reforma, Bonfatti expresó lo siguiente: “A partir del 10 de febrero la administración de Justicia Penal en Santa Fe no volverá a ser igual. Las decisiones judiciales se tomarán de cara al ciudadano, no en la soledad de la oficina de un juez u ocultas entre las páginas de un expediente, sino en una audiencia oral y pública”. La otra gran modificación tiene que ver con la investigación, que dejará de estar en manos de los jueces para pasar a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Investigan los fiscales

El fiscal regional de Santa Fe, Ricardo Fessia, dijo que “en el antiguo sistema, quien en realidad investigaba y decidía sobre el enjuiciamiento era un juez, en tanto el fiscal quedaba relegado a un plano secundario y, a su vez, la víctima directamente era silenciada”. Mientras que, en la nueva  reforma, “los fiscales no estarán encerrados en sus despachos limitándose a procesar con sentido burocrático el trabajo con que quiera o pueda alimentar al sistema la Policía, sino que serán ellos mismos los que estarán a cargo de la Investigación Penal Preparatoria”. En efecto, Fessia explicó que los fiscales “deberán dirigir realmente a la autoridad policial en cuanto auxiliar del sistema de Justicia”.

La Fiscalía Regional de Santa Fe será la responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación en la Circunscripción Judicial Nº 1, dentro del cual quedan comprendidas las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, San Jorge, Esperanza, Coronda, San Justo y San Javier, entre otras, junto a una importante cantidad de pueblos. La idea de Ricardo Fessia es concretar una descentralización real y extendida de su organismo. Explicó que habrá cuatro Unidades Fiscales Especiales para atender delitos de alto impacto en la ciudadanía. Por caso, habrá una que sólo se encargará de los Homicidios y Muertes Violentas; otra de la Violencia de Género; también estará aquella encargada de investigar los Delitos Sexuales; y por último, Hurto de Vehículos.

Mediaciones

Entre los elementos destacados de la reforma se buscarán soluciones alternativas a la pena, a través de acuerdos generados en la mediación penal. Otros puntos son  la desaparición de la figura de los secretarios de juzgado; la habilitación de notificaciones por medios electrónicos; la constitución de colegios distritales de jueces y el establecimiento del carácter “imprescindible” de la presencia física del juez en las audiencias previas al juicio oral y público. Por otra parte, para atender audiencias en pequeñas localidades, se crearán Colegios de Jueces de Primera Instancia Interdistritales.

Desde el Ministerio de Justicia agregaron que “la modificación busca ajustarse a los preceptos de la Constitución Nacional y los tratados internacionales para cambiar el viejo sistema escrito”, cuestionado por "burocrático y laberíntico" ya que tenía como elemento central el expediente y conservaba el secreto en algunos tramos del proceso.

En este punto, el gobernador explicó: “Con la implementación de las audiencias orales estaremos desterrando el expediente al cajón de los recuerdos. Ese exponente del sistema escrito, en el que se condensa todo el proceso, no será más el elemento central del juicio ni mucho menos se esconderán decisiones trascendentes para la vida de la gente en una carpeta inaccesible”.

Las víctimas como querellantes

Por otra parte, se refirió a la nueva participación de las víctimas en los procesos judiciales. “Durante años el principal ofendido por el delito estuvo silenciado en Tribunales; el nuevo sistema pone en el centro de la escena a la víctima, que puede ser escuchada, argumentar sobre su opinión del hecho y ofrecer pruebas”, dijo.

Para el funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, se designaron  79 nuevos funcionarios, que fueron seleccionados de 583 postulantes. Se trata de fiscales y defensores que rindieron un concurso público previo y que ya cuentan con acuerdo de la Legislatura pues sus pliegos fueron aprobados en diferentes asambleas legislativas que se vienen llevando a cabo desde el 13 de septiembre de 2012.

Finalmente, Bonfatti remarcó: “El nuevo Código Procesal Penal por sí mismo no es suficiente, la letra es necesaria, es la ley, pero no es suficiente. Se requiere de todos y un esfuerzo cultural y educativo para transformar prácticas e ideologías, se necesita una nueva mirada del delito y del proceso, despojados de los vicios y prejuicios que caracterizaron las prácticas del sistema procesal durante años. Por lo tanto, el nuevo sistema debe ser manejado por funcionarios comprometidos con su comunidad, con operarios inteligentes y reflexivos para hacerlo rendir sus frutos”.