Infojus Noticias

Mariel Suárez es jueza penal en Comodoro Rivadavia y ejerce como docente de Práctica Profesional II, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Entre el material de estudio que facilitó a sus alumnos, difundió el expediente de una causa por abuso sexual a una menor de edad. Los estudiantes podían ver fotos de la nena y del abusador, copias de sus DNI, informes psicológicos y del servicio de Asistencia a la Víctima, pruebas de ADN y hasta direcciones y teléfonos. Los mismos alumnos hicieron la denuncia y la fiscalía ordenó secuestrar todo el material. Pero entonces las copias ya se habían agotado en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes. La fiscalía sólo pudo secuestrar el material que había dejado la docente.

Al enterarse de lo ocurrido, la fiscal general Elisa Liliana Ferrari decidió intervenir. La Agencia de Investigaciones y Delitos Complejos pidió un listado completo de los alumnos que cursan la materia con ella y que serían alrededor de veinte. Se entrevistó con la presidenta del Centro de Estudiantes y la responsable de la fotocopiadora. Desde la facultad, el rector Dardo Petroli dijo que se abrió un expediente administrativo para investigar las responsabilidades. Todavía no hay sumario para la docente que sigue en su cargo.

Julia Pérez Botel es la presidenta del centro de estudiantes de la facultad donde se fotocopió el material de estudio. Según le dijo a Infojus, se enteró de la circulación del expediente cuando fue citada por la fiscalía,  junto con la responsable de la fotocopiadora. Ambas redactaron un informe al decano para que el área correspondiente tomara algunas medidas. La estudiante explicó que  “es común que se lleven expedientes para el análisis de los alumnos”, aunque en este caso Suárez se habría comprometido por partida doble. Las características del caso -abuso sexual a una menor- impiden su circulación pública. “Los datos de la víctima estaban a la vista de todos. Además, esa causa no tiene sentencia firme”, dijo Pérez Botel a Infojus. La presidenta del centro de estudiante dice que desde el punto de vista de la enseñanza, “no se puede decir que Suárez sea mala profesora, pero vino con la mentalidad de Buenos Aires y no entiende que en Comodoro hay otra dimensión, mucho más reducida”.

Según trascendió, la víctima del abuso estaba considerando emprender medidas legales privadas contra Suárez, ya que el incumplimiento como funcionaria pública de la jueza la puso en situación de vulnerabilidad.

La jueza estaba bajo la lupa desde antes. Hace quince días el Consejo de la Magistratura había declarado, por unanimidad, su mal desempeño. Fue independientemente del caso de abuso sexual como material de estudio. Después de tres años de ejercicio en el cargo, Suárez deberá enfrentar al Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por dos diputados, dos abogados y un representante del poder judicial, que evaluará la información elevada y determinará si se hace juico político a  y si se la destituye de su cargo.

Las tres razones que llevaron a la jueza esta situación se relacionan con “el reiterado apartamiento de la doctrina judicial sentada por el Superior Tribunal de Justicia, sin dar argumentos que avalen tal proceder, con claro perjuicio al servicio de justicia; asunción de actividades procesales que evidencian una confusión de roles que diferenciadamente asigna el Código, y confusión conceptual entre evidencia y prueba, lo que trasluce incomprensión de principios que gobiernan el proceso penal”. A Mariel Suárez se le reprocha haber participado de allanamientos siendo magistrada, algo que se considera un exceso en sus funciones -cuando la etapa de investigación debe ser llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal- y hace correr el principio de legalidad de los procesos de instrucción. Por estos hechos el 25 de abril su caso fue elevado al Tribunal de Enjuiciamiento.

En abril Suárez también había tenido un entredicho con el intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, quien había dicho a la prensa que la jueza liberaba presos “por teléfono” y había advertido que sumaría argumentos para su enjuiciamiento. “Hay otros elementos –había declarado el intendente-, pedí colaboración al comisario Bustos (jefe la Brigada de Investigaciones) y a Federico Ruffa (subsecretario de Seguridad), porque vamos a hacer aportes de todos los presos que largó por teléfono”.

La jueza había intimado al intendente para que ratificara o rectificara sus declaraciones “en un plazo perentorio de 24 horas”, “en los medios gráficos de prensa en los que fueron reproducidas sus injurias y agravios bajo apercibimiento de iniciar querella criminal en su contra con más los daños y perjuicios que su accionar me han causado, conforme me habilita la Constitución Nacional y Provincial”. El intendente respondió vía carta documento.  Y dijo a los medios locales: “No tengo que rectificarme en nada. Es una funcionaria pública del Poder Judicial, el pueblo le paga el sueldo y ella también tiene que dar explicaciones”.