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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante de la causa por apropiación ilegítima de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar, solicitó hoy que avance la investigación sobre la apropiación ilegal de la empresa por parte de Clarín y La Nación, y sostuvo que no existen motivos para continuar con la dilación de la causa.

Tras cumplirse la audiencia ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en la que tanto la Secretaría de Derechos Humanos cuanto los letrados de Lidia Papaleo y Rafael Ianover sostuvieron los motivos por los que las querellas deben continuar actuando cada una en forma autónoma, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, expresó: "Desde que la causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 10 solamente se cumplió con la declaración testimonial de Lidia Papaleo. El juez Julián Ercolini ordenó una pericia contable sobre el precio de las acciones de Papel Prensa al momento de la apropiación, pero eso no es razón para que la investigación no avance, la pericia puede hacerse en paralelo".

"Por otra parte, lo que es determinante no es el precio de las acciones, que ya en aquel momento y, ante un pedido del juez de la sucesión de David Graiver se dijo que era entre dos y cuatro veces mayor que lo que figuraba como pagado, sino el hecho de que se obligó a los Graiver a traspasar su empresa a los diarios contra su voluntad y con extorsión y amenazas", agregó Fresneda.

El secretario recordó también que "además los supuestos pagos hechos por los diarios nunca fueron recibidos por los Graiver o Ianover, ya que estaban inhibidos por la Conarepa". E indicó que la Secretaría de Derechos Humanos ofreció “numerosas pruebas que han sido incorporadas en la causa y ha solicitado en reiteradas ocasiones la citación de los imputados para que presten declaración indagatoria. Esperamos que el juez resuelva estos pedidos, porque una causa de esta trascendencia no puede seguir estancada, esta demora solo es funcional a la impunidad que todos queremos que se termine para siempre".

Los querellantes en la causa judicial pidieron ayer a la Cámara Federal porteña que revoque la decisión de Ercolini de unificarlos. La defensa de los imputados reclamó que se confirme esa resolución. Los planteos se hicieron ante los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I del tribunal de apelaciones, de forma oral. En la audiencia, que duró poco más de una hora, se escucharon los argumentos de ambos partes y ahora los camaristas deberán decidir en los próximos cinco días, informó el diario Bae.  

Por la querella estuvieron Papaleo y Ianover, sus abogados Héctor Rodríguez y Eduardo Barcesat y el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén. Los tres se oponen a la decisión de Ercolini de unificar las causas  porque “no hay unidad de finalidad y criterio”. Por la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, su ejecutivo, Héctor Magnetto y Bartomé Mitre de La Nación, estuvieron sus abogados. Pablo Jacoby, Alejandro Pérez Chada y Hugo Wortman Jofre, respectivamente.

Para Barcesat, la unificación de querellas “no está de ninguna manera prevista en la ley, violenta pactos y declaraciones de derechos humanos y aparecería un trato favoritario a los presuntos victimarios que quebranta el principio de igualdad ante la ley”. Alén pidió anular la decisión de Ercolini y recordó que el Estado es socio en Papel Prensa y que la Secretaria representa al Poder Ejecutivo.