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Jorge Julio López desapareció sin dejar rastros el 18 de septiembre de 2006, día en el que debía presenciar los alegatos contra el verdugo de su primer secuestro, el ex director general de investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz. Desde ese día, en cada aniversario —hoy se cumplen nueve— se dice más o menos lo mismo: la investigación judicial que busca determinar qué pasó con él no tiene detenidos, varios sospechados pero ninguna hipótesis firme. “No se puede hablar de una causa que esté parada sino todo lo contrario. Hay personas dedicadas a ella”, dijo a Infojus Noticias uno de los fiscales  que lleva la investigación, Juan Martín Nogueira.

Nogueira fue secretario del Juzgado Federal 3 de La Plata, luego partió durante algunos años a otros destinos, y el año pasado se reintegró a la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en La Plata, junto a su colega Marcelo Molina. “Puedo hablar del último año. Advierto que a pesar de tanto tiempo, la causa sigue avanzando y estamos buscando una nueva contextualización para analizar las líneas investigativas”, asegura el fiscal.

“La verdad es que no hay nada nuevo. De vez en cuando aparece alguien que dice algo de López. Se siguen tomando algunas declaraciones, pero no hay actitud proactiva de la fiscalía”, opone uno de los abogados querellantes, Aníbal Hnatiuk. El año pasado, la fiscalía volvió a tomar declaración a la esposa del albañil y a su hijo, para poder reconstruir desde otra perspectiva las últimas horas del testigo.

Entre los testimonios que se volvieron a tomar, hubo uno que provocó la reacción de la familia. Un chico menor de edad y bajo identidad reservada, declaró quince días después de la desaparición que había escuchado al hijo de López, Rubén, hablar con un amigo suyo sobre el asesinato de su padre y el entierro en un campo de los márgenes de La Plata. “Estamos todos locos. Ni siquiera se puede tomar por cierto esa denuncia. El juez ya no está y el fiscal me busca a mí”, dijo Rubén López al diario La Nación. Hnatiuk recordó que aquello “generó un malestar, pero no solo se le tomó a ese pibe, se tomaron de nuevo todas las declaraciones que tenían que ver con la primera etapa de la investigación”.

“Nosotros no impulsamos testigos que no tengan para aportar sobre el móvil o que hayan querido boicotear la investigación”, explica Hnatiuk. “Pero tampoco no nos oponemos a cualquier iniciativa de la fiscalía, siempre y cuando no se desvíen en pistas que hagan perder demasiado tiempo”.

El reclamo más concreto de la querella —que también integra la abogada Guadalupe Godoy— en la actualidad apunta a la llamada línea tecnológica: el análisis y el entrecruzamiento de las aproximadamente cuatro millones de llamadas entrantes y salientes, algunos duplicados y hasta triplicados, que constan en el expediente sobre los teléfonos de la larga lista de sospechosos. Durante un tiempo se hizo: como la policía bonaerense fue apartada de la pesquisa, el trabajo lo llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la policía Federal y otra vez la PSA.

Para los querellantes es muy importante, porque los registros informáticos son de las contadas pruebas que pueden sobrevivir intactos al paso del tiempo. Pero desde hace un año y medio, a pesar de los pedidos repetidos, ya no hubo más respuestas de la justicia. “No son tiros al aire. Si reclamamos esa medida es porque los pocos que se hicieron han aparecido teléfonos interesantes”, dice Hnatiuk. En algún momento, la PSA se quejó de la ausencia de dirección en la investigación: un tiro por elevación para la fiscalía. Pero lo cierto es que tampoco las fuerzas de seguridad han demostrado una voluntad definida ni capacidad operativa. Natiuk agrega: “Lo único que queremos es que haya un sistema de comunicaciones apto para esta causa. Que sea de la Corte, o algún otro organismo del Estado, o cualquier fuerza que no sea la Bonaerense. Pero no lo hay”. El querellante reconoció, de todos modos, que hay pedidos que sí son resueltos por la fiscalía.

Luego de nueve años de investigaciones, Aníbal Hnatiuk reflexionan sobre el caso. “López estuvo a la altura de la circunstancias del proceso de juzgamiento. No sólo se presentó a declarar como víctima, y sino como querellante. Pero los organismos del Estado, de la Justicia y la Seguridad, no tuvieron una respuesta acorde a un tipo que se la jugó en los ’70 y se la volvió a jugar ahora, como sobreviviente”.

El expediente en su laberinto

La causa López naufragó durante un tiempo precioso vegetando en los despachos del laberinto judicial de La Plata. Los primeros tres meses fue investigada en la justicia provincial. El primer año y medio —el más importante en una investigación de este tipo—, estuvo caratulada como “averiguación de paradero”, fue investigada por la justicia provincial, y la fuerza encargada de llevarla a cabo fue la policía bonaerense. Las querellas pedían desde el minuto uno que se la apartara: López había declarado en el juicio en contra de sus máximos jefes de la dictadura, y las primeras pistas sugerían que algunos de sus hombres no estaban al margen.

En 2008, finalmente se apartó a la policía provincial, se creó dentro del Juzgado 3 que ocupaba entonces el juez Arnaldo Corazza la Secretaría Especial para Delitos de Lesa Humanidad —en la que Nogueira era secretario—, especialmente para seguir el caso. Cuando los investigadores avanzaron sobre el círculo de Etchecolatz, Corazza se excusó de seguir actuando —acusó “violencia moral” cuando el hijo de López lo acusó junto a otros operadores de no haberlo protegido debidamente—, y el nuevo juez, Humberto Manuel Blanco, apartó a la secretaría del caso.

Pasaron varios meses más, en los que la causa quedó virtualmente paralizada, hasta que Blanco dejó la búsqueda del testigo en manos de la Unidad Fiscal de La Plata. El 2 de septiembre de 2014, Blanco murió y el centenar de cuerpos, las miles de fojas, volvieron a quedar huérfanos de un juez (algunas medidas como las intervenciones telefónicas o los allanamientos necesitan de la anuencia de un magistrado).

Finalmente, ocupó su cargo vacante Laureano Durán —hijo de Alberto, un camarista que había sido cuestionado por su actuación en la causa—, y en abril de 2015 dictó en un expediente que se instruía por separado el procesamiento de cinco agentes penitenciarios de la cárcel de Marcos Paz por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los acusaba de haber obstruido las líneas de investigación que conducían hasta el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad, más precisamente, hacia la celda del ex comisario Etchecolatz y sus antiguos subordinados.

Quedaron procesados los ex jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego González y Rubén Medina; el ex jefe de la División de Seguridad Interna, Aníbal Cuenca; el ex director de Seguridad Héctor Altamirano; y los directores del establecimiento, Diego Díaz y Carlos Grassini. Ellos eran los responsables jerárquicos por las 127 irregularidades detectadas en los registros de visitas y el acceso a teléfonos de los reos en una serie de allanamientos que se habían ordenado en la Unidad Penitenciaria Federal II de Marcos Paz.

Los fiscales Nogueira y Molina apelaron a la Cámara de Apelaciones de La Plata la figura por la que Durán los procesaba, porque pedían atribuirle otros delitos más graves que les diera la posibilidad de que los penitenciarios terminaran al otro lado de los barrotes. “Las expectativas de llegar a buenos resultados siempre están”, concluye en diálogo con esta agencia, a nueve años de su desaparición, el fiscal Nogueira. “La función de uno es seguir adelante, sobre todo cuando hay tanto en juego y se trata de un tema con una sensibilidad tan grande”.

LB/JC