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En Argentina el aborto sólo es legal bajo el modelo de causales: si está en riesgo la salud o la vida de la madre o en casos de violación. Sin embargo, esta legislación presente en el Código Penal y reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 no se cumple. Por eso, un grupo de organizaciones presentaron una batería de acciones legales para que se cumpla a nivel nacional y en otras seis jurisdicciones: Salta, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires. Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) anunciaron, en conferencia de prensa, cuáles fueron las acciones judiciales que iniciaron.

En abril de este año, una nena de 13 años víctima de una violación no pudo abortar en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, provincia de Buenos Aires. El caso logró visibilizarse por la cobertura mediática y el acompañamiento de las organizaciones sociales. Esta situación no es excepcional: se replica en distintas provincias del país. Hace más de dos años el máximo tribunal del país reafirmó el derecho al aborto no punible que tienen las mujeres, las adolescentes y las niñas en un fallo histórico conocido con las siglas F.A.L. Además, los jueces de la Corte le pidieron  todas las provincias que elaboraran protocolos hospitalarios para actuar en estos casos. Hoy sólo ocho provincias se ajustan a este pedido.

En la conferencia de prensa de hoy, Lourdes Bascary, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, dijo: “Las acciones coordinadas e integradas que estamos desarrollando son para procurar satisfacer y garantizar el derecho al aborto legal”.

Las presentaciones en CABA y las Provincias

En Ciudad de Buenos Aires existe un protocolo, la Resolución 1252/2012. Pero establece requisitos que imponen barreras en el acceso. En distintas presentaciones se reclamó su declaración de inconstitucionalidad. En esta jurisdicción, Amnistía Internacional presentó un amicus curiae para apoyar las demandas presentadas por la diputada María Rachid, CELS, ELA, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que piden la declaración de inconstitucionalidad de diversos requisitos incluidos en el protocolo de atención de los abortos no punibles del Ministerio de Salud porteño, por obstaculizar el acceso de las mujeres al aborto legal en el sistema de salud público. El escrito fue presentado ante la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad estándares internacionales de derechos humanos.

En la provincia de Buenos Aires, Amnistía, ELA y CELS enviaron una carta al presidente y a los titulares de todos los bloques de la cámara de diputados provincial, para que den tratamiento al Proyecto de Ley de Regulación del Acceso a los Abortos No Punibles.

En Córdoba, la causa judicial “Portal de Belén asociación civil c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba” mantiene frenada la implementación de la guía de abortos no punibles. Amnistía Internacional, CELS y ELA presentaron un escrito de amicus curiae en este expediente.

En el caso de Salta, las organizaciones enviaron una carta a la Legislatura provincial para insistir en la importancia de que la provincia adhiera a la Guía Nacional de Atención de Abortos no Punibles y deje sin efecto la "Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de toda Víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos No Punibles",  sancionada por el Poder Ejecutivo de Salta, que tiene un alcance restrictivo. 

En Tucumán, la Casa de las Mujeres Norma Nassif, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH Tucumán), junto con Amnistía Internacional, CELS, ELA y CDD, presentaron ante el ministro de Salud provincial, un pedido de informes sobre el grado de implementación que tiene en esa provincia el acceso al aborto legal.

Con respecto a la provincia de Santiago del Estero, la Asociación Civil por el Derecho a la Salud interpuso una acción colectiva contra el Poder Ejecutivo provincial, para que se ordene la elaboración de una guía de procedimiento para actuar en los casos que se requiera interrumpir embarazos en forma legal.