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Con el fin de fortalecer acciones en defensa del derecho a la vida en los contextos de encierro, la Comisión de Coordinación y Seguimiento de control Judicial de Unidades Carcelarias recibió hoy al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi; y al titular del SPF, Alejandro Marambio. La comisión entregó una recomendación generada por ese organismo, dirigida a sistematizar el seguimiento judicial de los fallecimientos producidos en establecimientos penitenciarios.

El organismo nuclea a los jueces de las cámaras de Casación Penal, Federal y del Crimen; a la Procuración General y la Defensoría General de la Nación, a organismos encargados del control carcelario y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En el encuentro, el titular de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, explicó que la primera recomendación está “vinculada directamente con el derecho a la vida”, y destacó en ese orden la necesidad de que todos los actores vinculados a las cuestiones penitenciarias hagan un aporte sustancial al respecto.

Hornos también consideró que “estamos generando un espacio polifónico en el que tengan intervención todas las voces responsables e interesadas en mejorar permanentemente las condiciones de detención”.

En ese orden, el nuevo director del SPF, Alejandro Marambio, destacó la importancia de “establecer mecanismos de investigación y estudio que permitan evaluar las condiciones particulares y estructurales que dan lugar a los fallecimientos”.

Marambio dijo además que “esta nueva gestión consolidará los logros en materia de aumento de trabajo y educación en los ámbitos de encierro”, a los que consideró como “determinantes para una adecuada reinserción y reducción de la violencia social”.

Además de Hornos, estuvieron presentes el vicepresidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky; el titular de la Sala 1 de la Cámara Federal, Jorge Ballesteros; la titular de la Sala V de la Cámara del Crimen, Mirta López González; María De Luca y Martín Vázquez Acuña, jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 27 y 1; Marcelo Peluzzi y Axel López, jueces de Ejecución.

También Abel Córdoba, titular de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN); Catalina Heilbron y Silvia Martínez, integrantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General; Paula Litvachky, titular del área de Justicia y Seguridad del CELS, y Francisco Mugnolo, procurador Penitenciario de la Nación.