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Un acuerdo que permitirá promover el acceso igualitario a la justicia de los ciudadanos bonaerenses, relacionados con materias o trámites de competencia de la Defensoría del Pueblo provincial, firmaron hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, y el titular de ese organismo, Carlos Bonicatto.

En el acto, desarrollado este mediodía en la sede de esta cartera, estuvieron también el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi; la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Florencia Carignano, y distintos representantes del organismo bonaerense.

A través del acuerdo, el Ministerio operará como nexo institucional entre los vecinos y la Defensoría, y se coordinarán acciones de los recursos técnicos, humanos y de infraestructura a través de los 19 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que la cartera nacional tiene distribuidos en territorio provincial y en otros tres nuevos que serán inaugurados en las próximas semanas.

Luego de la firma del convenio, Alak definió a los CAJ como “activadores de derechos”, y explicó que esas oficinas constituyen “un modelo útil y eficiente para garantizar el acceso de los ciudadanos a todas sus prerrogativas”.

“El acceso a la justicia es otro compromiso irrestricto del Gobierno con la justicia social", subrayó el ministro. Y completó: “En diez años de gobierno, este proyecto político amplió los derechos y el acceso ciudadano a ellos”.

Alak dijo que los Centros de Acceso a la Justicia conforman “una política que ha sido reconocida por los países de la región y está siendo implementada por países del Mercosur y la Unasur”.

“En la construcción de un país más justo y solidario, que es la columna vertebral del Gobierno nacional, el crecimiento económico con inclusión debe garantizarse con el ejercicio de todos los derechos de los habitantes”, señaló el ministro.

Luego de repasar los cambios y las mejoras producidas en la economía argentina desde 2003, Alak aseguró que “mitigar los efectos de la desigualdad y pretender la inclusión de los más desprotegidos es una cuestión ética a favor de la irrestricta y más amplia defensa de los derechos humanos”. 

Bonicatto, por su parte, sostuvo que el acuerdo “es trascendente porque contribuye a mejorar las prácticas administrativas, y ello, en definitiva, significa trabajar por una mejor calidad institucional”.

“Entendemos que el trabajo articulado de los tres niveles del Estado multiplica las posibilidades concretas de mejorar la vida de los sectores vulnerables y sirve a la consolidación democrática, la gobernabilidad y la participación comunitaria”, concluyó el defensor del Pueblo bonaerense.

Antes, la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Florencia Carignano, indicó: “Vamos a repetir en la Provincia la positiva experiencia que estamos desarrollando con la Defensoría Ciudadana de la Ciudad de Buenos Aires”, y, en ese orden, aseguró que “el acuerdo alcanza a los 19 CAJ distribuidos en territorio bonaerense, y a los de Hurlingham, José León Suárez y Almirante Brown que serán inaugurados en las próximas semanas”.

El texto del convenio establece el compromiso del Ministerio a facilitar el acercamiento y prestar asesoramiento a las personas que consulten con las unidades de la Defensoría, para así asegurar el conocimiento del trámite y promover la concurrencia de los representantes de esa institución a la sede del CAJ para entrevistarse con ellas.

Por su parte, la Defensoría asistirá a la víctima con relación a la posibilidad de obtener la reparación del daño causado en su perjuicio y orientarla con respecto a su posible reparación en el fuero pertinente, y además realizará capacitaciones a los agentes que se desempeñan en los CAJ con asiento en la provincia.