Infojus Noticias

Cuando el crimen de Ángeles Rawson ocupaba horas y horas de aire y  la opinión pública debatía distintas hipótesis sobre la muerte de la joven de 16 años, la investigación traspasó las fronteras de la Capital Federal y el nombre de una mujer oriunda de Caleta Olvia, Santa Cruz, apareció en el expediente: Beatriz Nicolasa Fuentes. La mujer quedó imputada por falso testimonio después de hablar con el periodista Ricardo Canaletti y que ese diálogo llegara a la Justicia.  El juez de instrucción Jorge De Santo decidió sobreseerla, pero esta mañana el fiscal Andrés Madrea apeló y ahora debe decidir la Cámara del Crimen.

Fuentes prestó declaración indagatoria ante el juez De Santo el último 7 de noviembre y una semana después se dio a conocer el sobreseimiento. Fuentes estaba imputada por un delito que prevé penas de hasta diez años.

“Su declaración inicial provocó un desvío en la causa que investigaba el crimen de Ángeles en favor de Jorge Mangeri para poner como hipótesis la existencia de un problema intrafamiliar”, dijo una fuente con acceso al expediente a Infojus Noticias.

La versión de la defensa de Fuentes es otra y sostiene que la mujer fue engañada. “Ella se contactó con la producción de Canal 13 y aclaró que no es testigo directo, que recibió una información de una señora mayor. Cuando habló con el periodista no sabía que la estaban grabando y ellos le insistieron 'Usted quédese tranquila que de esta conversación no se va a enterar nadie’”, explicó a Infojus Noticias, Sergio D 'Amico, abogado de Fuentes.

La conversación

La mujer sostiene que alguien le contó haber escuchado, en una estación de ómnibus de Santa Cruz, una supuesta discusión entre la víctima, su madre y su padrastro, Sergio Opatowski, el día en que luego desapareció, el 10 de junio pasado. En esa charla, la joven lo recriminaba por abusar de ella. El 26 de junio la mujer llamó a la secretaria de Eduardo Costa, legislador radical de Santa Cruz, para brindarle esta información, quien la derivó con la producción de Canal 13 y TN. El periodista de policiales Ricardo Canaletti la grabó relatando que se llamaba Andrea, y que su hermana “Beatriz” vivía en el segundo piso de Ravignani 2360. Ese dato fue desmentido luego por los vecinos del edificio y por ella misma más tarde, cuando aclaró que su hermana se llama María y que no vive allí. En la grabación aseguraba que su hermana escuchó la discusión entre Ángeles y su padrastro, y que el mismo día del asesinato de la joven apareció el secretario de Seguridad Sergio Berni ofreciendo dinero en el edificio a cambio de dinero, también desmentido por los vecinos. En la charla, la producción del canal le sugería contactarse con el abogado querellante Pablo Lanusse.

La grabación finalmente llegó a manos de Lanusse, que la llevó “con pinzas” ante el juez Javier Ríos, y derivó en la citación de todos los vecinos del edificio de Ravignani 2360, que terminaron declarando durante la noche del 27 de junio en los tribunales de Comodoro Py. Ninguno ratificó esa versión de los hechos.

Días después el juez Ríos convocó a la mujer del sur para declarar como testigo, Fuentes incurrió en contradicciones que llevaron al magistrado a promover una investigación en su contra por falso testimonio. Según el abogado D 'Amico, la mujer fue "sometida a una encerrona, a partir de la reproducción de una grabación por ella no consentida".

El fiscal Madrea había pedido que se llame a declaración testimonial al periodista Canaletti y a la producción de Canal 13/TN pero el juez no hizo lugar a la medida de prueba.

Pasajes pasgados por un legislador

Un dato que se desprende de la investigación –y llama la atención- es que quedó comprobado que la mujer viajó a Buenos Aires con pasajes oficiales que le aportó el legislador radical de Santa Cruz Eduardo Costa.

No es la primera vez que Fuentes está relacionada con sucesos poco transparentes. En 2009 se presentó ante el Concejo Deliberante de Caleta Olivia, en Santa Cruz, para solicitar la condonación de las deudas impositivas de un vecino. En ese momento trabajaba para Iris López, presidenta del órgano legislativo de la localidad santacruceña. La legisladora había contratado a Fuentes como acompañante terapéutica para cuidar a su madre. Tiempo después se conoció que no tenía ninguna aptitud para realizar esas labores, y que tomaba esos trabajos para ganarse la confianza de los adultos mayores y convencerlos de firmar algunos papeles como contratos de transferencia de dominio –ventas y donaciones de propiedades- y solicitudes de préstamos, entre otros documentos.

Cuando se enviaron a los trabajadores sociales a la casa del señor mayor por el que Fuentes realizaba el trámite, el hombre exclamó extrañado: “¡Por favor no hagan ningún trámite, esa mujer se quiere quedar con mi casa!”.

Cabrera dio de baja el trámite, pero Fuentes volvió a insistir, y “casi que tuvimos que sacarla a patadas”, confiesa Cabrera, y agrega: “le pedí que no volviera nunca más al Concejo”. En simultáneo, ella seguía trabajando como acompañante de la madre de Iris López, compañera de Cabrera en el Concejo Deliberante, pero poco tiempo después la echaron.

No pasó mucho tiempo hasta que Cabrera y López volvieron a tener noticias de Beatriz Nicolasa Fuentes. A mediados de 2010, llegó a manos de la presidenta del cuerpo legislativo de Caleta una serie de documentos públicos por los cuales Cabrera cedía tierras fiscales a tres familias que no eran de la zona, a cambio de dinero. La firma y el sello estaban visiblemente fraguados, y las hojas donde constaban los documentos habían sido arrancadas de un cuaderno de librería.