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Mirta Masid conoce a la CNU desde adentro. Fue pareja de uno de los pistoleros de la organización paraestatal y es el principal problema del abogado Horacio Insanti y del acusado Gustavo Demarchi, quien ejerce su propia defensa,  en el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata contra once integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Están acusados de conformar una asociación ilícita para cometer delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado de 1976.

El testimonio de Masid no tiene fisuras. Declaró una vez en 2008 bajo identidad reservada y dos años después ratificó cada uno de sus dichos. Casi con las mismas palabras volvió sobre sus recuerdos. Conoció  a cada uno de los miembros de la CNU. Compartió salidas, casamientos,  mesas familiares y escuchó sobre cada uno de los crímenes que cometió su pareja Carlos “Flipper” González y quienes lo acompañaron en cada faena.

El relato de Masid es la columna vertebral de la acusación de la Fiscalía y eso también lo sabe la defensa de los imputados. Insanti, quien representa al acusado Juan Pedro "Piero" Asaro, y Demarchi –señalado como el jefe de la banda que se dedicaba a perseguir y aniquilar militantes de la tendencia revolucionaria del peronismo-, trabajan codo a codo en la misma estrategia: descreditar a los testigos que pueden  complicarlos y en esa tarea vale todo.

A menos de dos semanas que comiencen a desfilar los testigos ante los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler, Luis Imas y Alfredo Ruiz Paz, Insanti y Demarchi intentaron bloquear la declaración de Masid. Hace quince días le solicitaron al tribunal que tenga en cuenta una denuncia en la que la testigo asegura que fue coaccionada para decir lo que figura en su declaración. Pero Masid negó que haya ido obligada a declarar y siempre ratificó sus dichos.

Lo que Mirta sabe

La declaración de Masid involucra a la mayoría de los acusados sentados en el banquillo. Los ubica en tiempo y espacio en cada uno de los crímenes que se les imputan. Ella aseguró –y nunca se desdijo- que Piero Asaro sintió asco y “vomitó” cuando participó del secuestro y el asesinato de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad católica, María del Carmen “Coca” Maggi. Detalló, además, que del crimen participaron González, Asaro, José Luis Piatti y Mario Durquet y dijo que este último se burlaba de la víctima porque antes de morir dijo: “Los perdono porque no saben lo que hacen”.

El 20 de marzo de 1975, el abogado Ernesto Piantoni y líder de la CNU, fue asesinado por un comando de Montoneros. La réplica no tardó en llegar y sobre el cajón del muerto  se planeó la venganza. La madrugada del 21 de marzo ocurrió el 5x1: la CNU mató al cirujano Bernardo Goldemberg, al teniente primero (RE) Jorge Videla y a sus hijos Jorge y Guillermo; y a Enrique “Pacho” Elizagaray, hijo del senador provincial del Frejuli, Carlos Elizagaray, y referente de la JUP marplatense.

En su declaración, Masid dijo que la viuda de Pinatoni reclamó: “Quiero la cabeza de los responsables acá”. Además, agregó que pudo ser Demarchi el destinatario de la orden.

Después de la muerte de Piantoni nada volvió a ser igual para la CNU. Masid recuerdó que la mayoría de los integrantes, incluido González, se cortaron el pelo y comenzaron a llamarse Triple A. “En mi casa hubo armas y pedí que las sacaran. Era  una baulera de  un placard común y había bastantes armas pero no puedo decir  un número de armas. Había armas, ametralladoras”, aseguró en la declaración de 2010.

Masid fue amiga de Daniel Gasparri, un contador y militante e la JP asesinado por la CNU, junto a su migo Jorge Stoppani. La noche del crimen, González llegó a la casa  y  tiró un reloj sobre la cama y le dijo: “Tomá, el reloj de tu amigo, lo acabamos de matar”. En su testimonio recodó que era un reloj con correa marrón y que lo tuvo muchos años con ella hasta que un día lo tiró al mar. “El grupo que mató a Gasparri era Durquet, Ullua, Delgado, Piatti y alguno más”, completó.

Demarchi e Insanti intentaron –y mantendrán esa posición- que Masid no pueda volver a declarar ante el tribunal. Si no funciona la estrategia de la denuncia, lanzarán un manto de sospecha sobre la testigo: si hubiese sido coaccionada, el testimonio no tiene validez; y si la denuncia no fuera cierta, tampoco debería tenerse por cierto los dichos por ser una persona mentirosa.

El resto de los testigos presentados por la Fiscalía y las querellas también pueden complicar a los acusados. Para ellos, los abogados presentaron un pedido de nulidad por haber declarado en el Juicio por la Verdad. Demarchi aseguró que se tratan de testimonios que no tienen validez jurídica porque no fueron ratificados como denuncia en una causa penal y porque no fueron legitimados en un ámbito jurídico.

Los juicios por la verdad se realizaron en Mar del Plata entre 2001 y 2007. Su objetivo no fue punitivo sino de reconstrucción histórica. Fueron audiencias donde testigos y víctimas de la última dictadura contaron sus padecimientos ante un tribunal. Una vez derogadas las leyes de la impunidad, esos testimonios fueron utilizados para la reapertura de las investigaciones de las causas por delitos de lesa humanidad.

En el caso de que los jueces no tomen en cuenta la solicitud de Demarchi y compañía, todavía les quedará una opción: abonar la teoría del complot e intentar desprestigiar los dichos de los testigos cuando se sienten frente a los jueces.

El juicio

La fiscalía sostiene que los once acusados conformaron una “asociación ilícita” dirigida por Demarchi con el objetivo de perseguir y eliminar a opositores políticos vinculados a la tendencia revolucionaria del peronismo. Al 5x1 le siguieron los crímenes Daniel Gasparri, de Jorge Stoppani y de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad católica, María del Carmen “Coca” Maggi.

Marcelo Arenaza, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, José Luis Granel y Roberto Alejandro Justel están en libertad, pero son juzgados por el delito de asociación ilícita.   En tanto, Juan Pedro “Piero” Asaro, Mario Ernesto Durquet, Raúl Viglizzo, Raúl Rogelio Moleon, el militar retirado Fernando Alberto Otero, y el ex fiscal Gustavo Demarchi, se les imputan los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad agravada.

FD/PW