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La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura dio un paso muy importante que podría terminar dejando sin efecto las últimas medidas de la justicia federal de Bahía Blanca que favorecieron al empresario de medios Vicente Gonzalo Massot en la causa que investiga su complicidad con el terrorismo de Estado. Los ocho consejeros que integran la comisión decidieron por mayoría apartar a los jueces subrogantes del juzgado federal 1, Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, y nombrar provisoriamente al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Para que el enroque se concrete, deberá ser ratificado por el Consejo en pleno, que se reunirá el próximo 18 de junio.

La comisión aceptó tratar ayer un pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca que, luego de cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal y los organismos de derechos humanos –como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e HIJOS-, solicitó que se expidiera sobre la legitimidad en el nombramiento de  Pontet para investigar las tres causas por delitos de lesa humanidad (entre ellas la que investiga a Massot) de las que había renunciado Ulpiano Martínez y por las que habían apartado a su remplazante, Álvaro Coleffi.

El consejero Julián Álvarez sostuvo que el nombramiento de Pontet por la Cámara Federal de Bahía Blanca no había sido legítimo. Y que había que apartar a Ulpiano Martínez, que en realidad es secretario del juzgado 2 y subrogaba -con ocho denuncias de mal desempeño en su contra- el juzgado 1 desde el 5 de junio de 2012, cuando renunció Alcindo Álvarez Canale, otro juez de probada amistad con los militares de la zona.

Álvarez propuso como reemplazante provisorio de ambos subrogantes a Ramos Padilla, juez federal de la localidad de Dolores, hasta que por concurso se designe al definitivo. La Comisión apoyó ambas mociones con cuatro votos positivos -Anabel Fernández Sagasti, Héctor Recalde y Jorge Candis, y los negativos de Luis María Cabral y Leónidas Moldes. Si estas decisiones obtienen al menos siete de los trece votos totales en la próxima reunión de plenario, quedarán firmes.

Pontet fue nombrado al frente del juzgado federal 1 en diciembre de 2014 pero sólo para resolver en tres causas por delitos de lesa humanidad. Primero, el ya subrogante Ulpiano Martínez pidió una licencia, justo cuando los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pedían la declaración indagatoria del cura prófugo Aldo Vara y el arzobispo Guillermo Garlatti por encubrimiento. A Martínez lo reemplazó uno de sus secretarios, Álvaro Coleffi, quien no sólo motorizó las indagatorias sino que además indagó a Massot y allanó el diario La Nueva Provincia. Pero pronto fue obligado a apartarse por haber presuntamente filtrado una escucha telefónica en una causa judicial en la que se investiga por narcotráfico al novio de la vedette Mónica Farro. En su lugar fue ungido Pontet, que a pesar de ser recusado por la fiscalía por “posible imparcialidad” y cuestionado el método de su designación (a través de la Cámara Federal de Bahía Blanca y no el Consejo de la Magistratura), decretó con una celeridad asombrosa la falta de mérito de Massot y el sobreseimiento del secretario Hugo Sierra.

Ayer, la comisión del Consejo de la Magistratura declaró la irregularidad de su nombramiento, por eso las medidas que tomó durante su corto mandato –como lo vienen advirtiendo los fiscales en todos sus escritos- deberían ser declaradas nulas. Léase: la falta de mérito de Massot. Lo de Ulpiano fue distinto: por las ocho denuncias de mal desempeño, y el tiempo que llevaba subrogando, se lo apartó y se nombró en su reemplazo a Ramos Padilla.

El juez de Dolores ahora tendrá a su cargo, entre otras causas, tres que investigan el accionar del terrorismo de Estado en Bahía Blanca: “Massot, Vicente Gonzalo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”, Vara Aldo Omar s/ privación ilegal de la libertad pers.”; y “Legajo de investigación (..) imputado Sierra, Hugo Mario p/abuso de autoridad y viol. deberes de func. público, encubrimiento (art. 277) incumplim. de la obligación de perseguir delinc.”.

Antes de ser juez de Dolores, Ramos Padilla fue abogado de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani. Cumpliendo ese rol, le tocó acusar a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el primer juicio oral y público después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, cuando fue secuestrado y desaparecido Jorge Julio López. Acusó además al capellán Federico Von Wernich, y a Jorge Rafael Videla en la causa conocida como práctica sistemática de robo de bebés.

LB/RA