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Un grupo de tenedores de bonos reestrucuturados emitidos en euros pidieron hoy al juez Thomas Griesa que instale un "stay temporario" hasta el 1 de enero de 2015, o al menos por 90 días, para permitir a la Argentina una solución en el tema de los fondos buitre. "Esta Corte puede facilitar una solución y evitar un default potencial, mediante la emisión de un stay temporario", señaló el grupo de bonistas Euro Bondholders en el documento entregado hoy a Griesa, al que pudo acceder Télam.

También aseguraron al magistrado que ordenar una medida cautelar "no perjudicará a los demandantes, o a cualquier otra persona, porque mantendrá el satus quo, mientras que las partes tratan con la cláusula RUFO, incrementando las posibilidades de una resolución negociada en el futuro cercano". Por el contrario, "negarse a dictar un stay podría llevar a un default soberano, causando un daño grave e impredecible a millones de ciudadanos inocentes de Argentina, los demandantes, los Exchange Bondholders (que ya acpetaron reducciones significantes en el valor de los bonos) y a la economía global".

El documento de nueve páginas, señaló que por otro lado, "un default podría deshacer gran parte del trabajo que esta Corte ha logrado en los últimos diez años y prolongar el litigio acá (en Nueva York) y en el mundo durante años y años". Por estos motivos, "los tenedores de bonos en Euro, respetuosamente, sostienen que un stay temporario de las órdenes, es la mejor manera para que este tribunal, promueva un acuerdo negociado del caso y evite un default", afirmó el texto firmado por el abogado Christopher J. Clark.

La agrupación de Euro Bondholders está integrada por Knighthead Capital Management, LLC, Redwood Capital Management, LLC, Perry Capital LLC, VR Global Partners, LP, Monarch Master Funding 2 (Luxemburgo) S.à r.l., QVT Financial LP, and Centerbridge Partners LP.

El memorandum mencionó que el 26 de julio los tenedores de bonos en Euro enviaron una carta al mediador, Daniel Pollack, y a los abogados de Argentina, en el que le informan que ellos "y otros tenedores de bonos interesados – que en conjunto poseen más de 5.2 mil millones de bonos denominados en Euros (casi 7.000 millones de dólares), estarían dispuestos a eximir la cláusula RUFO".

Y advirtieron, "desde un punto de vista práctico, la República no tendrá la capacidad de completar una solicitud de consentimiento y recibir una exención" antes del 30 de julio siendo que "ese proceso podría tomar semanas sino más". Al plantear un segundo argumento, el documento sostuvo que un stay "permitirá además a la Corte decidir las mociones pendientes de clarificación" ya presentadas.