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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un documento público que recoge la firma de más de cien organizaciones internacionales de derechos humanos repudian las condiciones del fallo del juez norteamericano Thomas Griesa. Las organizaciones, dice el texto, destacan “que la decisión del tribunal estadounidense sobre la deuda externa argentina tiene impacto en la vigencia de los derechos humanos” y exigen “la reforma del sistema financiero global” para blindar a decenas de países que deben afrontar una reestructuración de deuda externa similar a la que logró Argentina en el año 2005 y 2010.

“En una reciente decisión, la Corte Suprema de EE. UU rechazó un recurso presentado por Argentina en la causa iniciada por el fondo buitre NML” dejando firme una sentencia que “interpreta que la cláusula estándar pari passu (igualdad de rango o de trato) impide saldar la deuda reestructurada si al mismo tiempo no se les paga al grupo de acreedores que no aceptó el acuerdo y procura obtener un retorno del 1600% de lo pagado por los bonos al momento de su adquisición”, dice el documento promovido por el CELS y producido junto con otras dos organizaciones, el Center for Economic and Social Rights –una red de instituciones- y el Center of Concern.

En el texto, titulado “El conflicto entre Argentina, los fondos buitre y el poder judicial de Estados Unidos refleja un problema global con impacto en los derechos humanos”, se enumeran una serie de pactos y normas jurídicas internacionales desconocidos por el fallo del juez neoyorquino que favorece a “las prácticas predatorias” de los fondos buitres. La resolución sienta un precedente peligroso que “habilita el sistema financiero y la capacidad de los Estados de alcanzar acuerdos con la mayoría de sus acreedores y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su población”, agrega el documento.

Uno de los artículos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”, dice el documento. Otro de los instrumentos jurídicos internacionales que glosa es el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, cuya preocupación desde la década del ’90 ha sido “el efecto negativo de la carga de la deuda y de las medidas consiguientes de ajuste sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en muchos países”.

En 2012, dice la presentación, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos. En su principio 6, establece que la “solicitud de préstamos, la negociación y aplicación de acuerdos” no puede ir en detrimento de los derechos humanos. Para los organismos, todas estas normas fueron “dejadas de lado” en el fallo de Griesa.

Para los organismos, que cuentan con la firma de más de cien organizaciones al pie del documento, la tensión entre el gobierno argentino y los llamados fondos buitres no puede verse como un conflicto bilateral. “Ya en 2010 existían más de cincuenta demandas de este tipo contra países altamente endeudados y muchas de ellas todavía están pendientes de resolución. Por eso, el conflicto entre Argentina, los fondos buitre y el poder judicial de Estados Unidos no debe entenderse como un caso aislado sino como la expresión de un problema global con impacto en la efectiva vigencia de los derechos humanos”.

Por último, el comunicado insta a los países a colocar en agenda “reformas del sistema actual” para “combatir” estos fondos especuladores del sistema financiero global. Y da tres recomendaciones:

- Lograr que todos los Estados, y en particular los EE. UU y otras jurisdicciones en las que se han  presentado demandas de este tipo, promulguen leyes que restrinjan la actividad predatoria de  los fondos acreedores.

- Asegurar que los Estados deudores instauren reglas de procedimiento que limiten las prórrogas  de jurisdicción que pueden tener impacto en la vigencia de los derechos humanos.

- Crear un mecanismo internacional imparcial e independiente para resolver controversias  relativas a la reestructuración de la deuda soberana, basado en la obligación de los Estados de  respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos.