Infojus Noticias

La seccional porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la judicialización de la protesta por parte del Gobierno porteño, e informó que un dirigente del sindicato fue procesado –junto a otros cinco trabajadores- en la causa que investiga el operativo represivo de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda el 26 de abril. Se trata de Daniel Catalano, el secretario de organización del sindicato, que también integra el consejo directivo. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y otros siete funcionarios del Ejecutivo porteño fueron sobreseídos. El Juzgado de Instrucción Nº30 sólo procesó a un policía de la Metropolitana, Martín Roth, que fue retratado por la prensa disparando a mansalva a los trabajadores, pacientes y periodistas.

“Hay una connivencia muy grave en el accionar de este juzgado y el Gobierno porteño”, denunció el secretario general adjunto de la seccional de ATE en Capital Federal, Humberto Rodríguez, en diálogo con Infojus Noticias. Se refería al juez de instrucción Jorge Adolfo López, que firmó los sobreseimientos de Macri, la vicejefa María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y el jefe y subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace.

A Catalano se le imputan los delitos de resistencia a la autoridad y de tentativa de robo. Según lo declarado por los policías que López admitió como querellantes, Catalano intentó arrebatarle la cachiporra a uno de los efectivos de la flamante fuerza de seguridad en medio de la trifulca; algo que se explica en el forcejeo de los trabajadores para defenderse de los garrotazos y que Rodríguez describió como “lo que hicimos los cerca de quinientos trabajadores, pacientes y periodistas que estuvimos allí, al defendernos de la represión e intentar detener la demolición del Taller Protegido 19”.

Rodríguez dijo a Infojus Noticias que “con esto no lograrán que continuemos con la defensa de la salud mental y del derecho a la salud pública”. Y aseguró: “ponemos la salud pública muy por encima de los negociados inmobiliarios del macrismo, como lo es el proyecto de construcción del Centro Cívico en los terrenos del Borda”. En la causa que lleva López también fueron procesados Susana Bejarano (enfermera del Borda), Cristina Díaz Alem (delegada del Hospital Garrahan), Carina Maloberti (trabajadora del SENASA), Belén Revollo (fotógrafa de En Movimiento TV) y Horacio Melnic (trabajador de Talleres Protegidos). Todos ellos también estuvieron detenidos el día de la represión, a pesar de que ningún juez lo había ordenado.

No aprenden más

Hace dos semanas, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce Hugo Yasky denunció que el Gobierno porteño intenta retomar las obras para el emplazamiento del “Centro Cívico” en los terrenos del Hospital Borda, violando una medida judicial. Los trabajadores de la comisión interna del neuropsiquiátrico señalaron que “el predio es patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires”, y recordaron que sigue vigente un amparo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires que impide la construcción que pretende realizar el Gobierno de Mauricio Macri.

La Justicia rechazó desde el comienzo la construcción del Centro Cívico en esos terrenos, que pertenecen al Hospital, y ordenó que se retiraran los escombros del ex Taller Protegido 19 cumpliendo con los protocolos de seguridad para esa remoción. Los materiales tienen asbesto, un componente contaminante y altamente peligroso para la salud de las personas. Además, la Cámara administrativa ordenó que se reconstruyera el edificio para dedicarlo a los mismos fines que cumplía el Taller 19: la rehabilitación de los pacientes. Los escombros debían ser retirados el 22 de octubre, pero el gobierno porteño hizo oídos sordos, y lo mismo sucedió en una segunda convocatoria, para el 4 de noviembre.