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El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gómez, presentó un recurso de casación contra la decisión del tribunal de alzada que el 23 de diciembre pasado concedió a Rubén "La Chancha" Alé el beneficio de prisión domiciliaria por supuestas razones de salud, en una causa por lavado de activos procedente de trata de personas y narcotráfico.

El recurso del fiscal busca anular la sentencia y que la Cámara Federal de Casación Penal decida que la detención de Alé se lleve a cabo en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal con asistencia hospitalaria, como Colonia Pinto, en Santiago del Estero, o el Hospital Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán, indicó el sitio Fiscales.gob.ar.

Alé, quien permaneció detenido en el penal de Ezeiza sólo durante un mes y medio, "presenta un cuadro de salud que puede ser tratado y atendido en el centro penitenciario en el que se encontraba alojado o, en su caso, en un hospital controlado por el servicio penitenciario", señaló el representante del Ministerio Público en el recurso.

"Esta decisión, de no ser revocada, habilitaría la posibilidad de volver a su accionar delictivo, a la amenaza de testigos y funcionarios y al entorpecimiento del accionar judicial" dado "el poder de esta organización y su capacidad corruptora, con vínculos con personal de la policía de la provincia de Tucumán, Gendarmería Nacional y hasta un integrante del Poder Judicial federal", advirtió Gómez.

Según el fiscal, al otorgarle la prisión domiciliaria la Cámara Federal tucumana no logró demostrar que la detención impida recuperar o tratar adecuadamente las afecciones de Alé ni que su cuadro de salud "obedece a padecimientos que se vieran agravados como consecuencia de su encierro en el complejo penitenciario, ni a limitaciones en la atención médica brindadas por el servicio del establecimiento".

"Dado el breve lapso de detención, no ha podido materialmente comprobarse que se hubiere agravado su condición, ni se refirieron en forma específica síntomas que lo estuvieren afectando y que el servicio penitenciario no lo haya atendido", especificó.

Además, destacó que la decisión de la Cámara contrarió "la profusa jurisprudencia" de la Corte Suprema y de la Cámara Federal de Casación Penal, dado que "en este caso no prevalecían las razones humanitarias puestas frente a los riesgos procesales que entraña la pérdida de control continuo estatal del procesado, tanto en lo relacionado al entorpecimiento de la investigación así como el peligro demostrado para la seguridad de terceros".

Alé, "evidentemente, continuará liderando su banda criminal -organización que atormentó durante décadas a la sociedad tucumana-, desde su domicilio particular" en caso de confirmarse la decisión del tribunal de alzada, advirtió Gómez.

El avance de la causa en la que se investiga por lavado al clan Alé es el resultado de un trabajo en conjunto de los fiscales de la jurisdicción de Tucumán con la asistencia técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.