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Ana María Martínez fue secuestrada alrededor de las 20.30 del 4 de febrero de 1982, a metros de su casa de Villa de Mayo. Su cuerpo fue encontrado siete días después por vecinos del paraje Punta Canal a la altura de la calle Brasil, en la intersección con el Canal Villanueva, en el partido de Tigre. A 33 años de su asesinato, y luego de tres años de intensa lucha por parte de sus familiares y amigos, cuatro ex militares fueron citados a prestar declaración indagatoria –desde el jueves 10– en los tribunales federales de San Martín. Son los presuntos responsables de su desaparición.

Ana, de 31 años al momento de su desaparición, militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Mar del Plata, su ciudad natal, que debió abandonar cuando se desató la represión. Se trasladó a la zona norte del Gran Buenos Aires. Allí trabajó en diversas fábricas, la última DEA, una empresa de reguladores de voltaje y otros elementos eléctricos para automóviles, en Carapachay. Alternaba su trabajo con la militancia y colaboraba con comedores del barrio. Sus compañeros recuerdan su vocación por el otro y aseguran que transitaba un embarazo de dos a tres meses.

En la víspera de la guerra de Malvinas, el asesinato de Martínez impactó a la sociedad argentina. “La aparición del cadáver de Ana generó un impacto muy fuerte en una sociedad, que empezaba a sacarse la venda para ver lo que ocurría. El caso fue noticia destacada durante muchos días. Era una etapa en la que había mermado la cantidad de secuestros. Entre 1982 y 1983 ocurren episodios muy aislados. A esa altura, las noticias por violaciones a los derechos humanos tenían más espacio en los medios de comunicación”, dijo a Infojus Noticias el abogado Pablo Llonto, querellante en la causa. “¿Quién mató a Ana María Martínez?”, llegó a titular en su portada la revista Gente, una publicación que durante toda la dictadura combinó complicidad con negación del terrorismo de Estado.

La desaparición de Ana se investiga en la megacausa “Campo de Mayo”, que instruye la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, porque el secuestro sucedió en el partido de General Sarmiento y los restos fueron hallados en lo que hoy es Punta Querandí, zonas que durante la última dictadura estaban bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares. La imputación por el homicidio de Ana alcanza a los responsables de la gran guarnición militar. Una hipótesis de la investigación apunta también a personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. “Es una de las líneas a seguir investigando”, indicó Llonto.

“Una testigo declaró dos años atrás que le llamó la atención un auto que estaba estacionado cerca de la casa de Ana, unos días antes del secuestro. En ese auto dijo que estaba (el ex comisario) Luis Abelardo Patti. Por ahora, el juzgado ha decidido imputar solamente a militares”, añadió el letrado.

El dato no surgió de una intensa pesquisa judicial. Lo aportó la comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez, que se creó en 2012 a instancias de Carmen Metrovich, cuñada de Ana. “Era una luchadora inclaudicable en todo lo que se refiere a los derechos humanos, los derechos de las mujeres y de los niños. Luchaba por un mundo mejor”, la describió Carmen, hermana de José Santiago Metrovich, que fue pareja de Ana y falleció en 2010.

En 2013, la comisión decidió recorrer Villa de Mayo, repartir volantes y preguntarles a los vecinos si recordaban el secuestro. “Cuando caminamos el barrio nos contaron que vieron a Patti haciéndole seguimiento. También nos encontramos con gente del barrio que tenía familiares desaparecidos y nunca lo habían denunciado. Fue muy fuerte”, afirmó a Infojus Noticias Alfredo Cáceres, integrante de la comisión desde su origen.

En pos de mantener vivo el recuerdo de Ana, el año pasado, tras mucho batallar, la comisión logró que el Concejo Deliberante de Tigre declarase “Espacio por la Memoria” al predio Punta Querandí, donde tres décadas atrás fueron hallados los restos de la joven desaparecida. Se trata de una zona rodeada de countries, ávida de negocios inmobiliarios. Allí fue colocada una placa homenaje.

La burla

Un gesto vale más que mil palabras. Raúl Muñoz, ex jefe del Departamento Personal (G1) del Estado Mayor del Comando de Instituto Militares entre 1980 y 1982, fue indagado el jueves en los tribunales de San Martín por su rol en la desaparición de Ana. Se le imputa la privación ilegal de la libertad y el asesinato de la joven. No es la primera vez que el represor se sienta en el banquillo de los acusados: está procesado desde marzo de 2014 por delitos de lesa humanidad en la megacausa de Campo de Mayo, en el expediente en que se investigan más de cien crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la llamada Contraofensiva Montonera. Está detenido con prisión domiciliaria.

Muñoz llegó a los tribunales de San Martín caminando del brazo de su mujer, como cualquier ciudadano común y no como un represor al que se le adjudican decenas de homicidios. Arribó por sus propios medios: no fue trasladado por ninguna fuerza de seguridad sino por su abogado defensor, en un auto particular. Las fotos que tomó Gustavo Molfino y se reproducen en esta nota son elocuentes: el acusado le dedicó un gesto burlón al trabajador de prensa que lo fotografió. Ante el tribunal, Muñoz se negó a declarar.

La comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana manifestó su indignación por ver a un genocida llegar sin custodia alguna desde su prisión domiciliaria. “Es la impunidad a la que están acostumbrados”, señaló Cáceres que, además de integrar la comisión, es historiador y secretario General de Suteba, en Tigre. “Realmente es una burla ver a esta persona llegar lo más campante a declarar, sin otra compañía que su esposa, como si estuviera de paseo por San Martín”, agregó Llonto.

La secuencia se repitió ayer cuando el represor Jorge Norberto Apa, también procesado y detenido en su casa por su rol en la causa Contraofensiva Montonera, se presentó a la citación indagatoria: llegó junto a su abogado particular. Apa era Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo al momento de la desaparición de Ana. Al igual que Muñoz, se negó a declarar. Presentó un escrito haciendo su descargo.

Las citaciones de los restantes imputados continuarán el lunes 14 y el martes 15. Los nombres de los acusados se preservan para no entorpecer la investigación. Se espera que, tras tomar todas las declaraciones, la magistrada Alicia Vence defina la situación procesal de los militares, de manera conjunta. Para la cuarta –y por ahora– última indagatoria, la comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez convocó a una concentración y acto en los tribunales de San Martín.

“Este proceso tiene un gran valor simbólico por la vigencia de los Derechos Humanos”, expresó Cáceres (47), quien si bien no conoció a Ana se interesó en su historia por sus raíces ideológicas. “La dictadura intentó quebrar la resistencia de la sociedad y esto demuestra que la memoria se ha recompuesto. Estamos contentos de rescatar a Ana del olvido. No sólo buscamos justicia. También queremos recordarla a ella, queremos que se reconozca quién era”, concluyó.

FM/LL