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En un comunicado de prensa de dos párrafos y ocho líneas, el PRO, como lo hicieron casi todos los actores sociales y sectores políticos, condenó el atentado contra la sede de la revista “Charlie Hebdo” en Paris. “Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, el pueblo y el gobierno Francés frente a semejante crimen que expresa lo peor del ser humano y que, por suerte, solo representa a una ínfima minoría que no debe asimilarse a pueblo, raza o religión alguna”, se lee en la apertura del documento.

En el último tramo del mensaje de solidaridad con el ataque parisino, sin embargo, el partido político de Mauricio Macri hace un extraño correlato doméstico que es, en sí mismo, una definición de política local: “Los argentinos tenemos que recordar que supimos vivir enfrentamiento fratricidas que han quedado sepultados en el pasado y que allí deberán quedar por siempre”.

Una mirada atenta permite entender, en ese enunciado, lo que tal vez el jefe de Gobierno porteño no se atrevió a decir con franqueza cuando afirmó en una entrevista periodística que había “que terminar con el curro de los derechos humanos”: que su fuerza política cree que deberían clausurarse los juicios contra los criminales de la última dictadura militar. En esa ecuación, pedir la sepultura del pasado equivale a pedir la impunidad.

El comunicado está firmado por el presidente del PRO, Humberto Schiavoni, y por el secretario de Relaciones Internacionales del partido, Diego Ramiro Guelar. Y esa segunda firma no es azarosa. Guelar es una rara avis en las filas del macrismo por su pasado: en los ’70 fue militante de Montoneros y la represión ilegal lo obligó a vivir clandestino en los peores años de la represión militar.

Su militancia juvenil y su carrera política oscilante, convierte a Guelar en uno de los hombres con mayor formación política del PRO. Con la Junta militar en pleno declive, participó en la reorganización del Partido Justicialista. En 1983 fue electo diputado nacional y en 1987 ocupó la dirección editorial del diario La Razón. Más tarde comenzó su camino en la política exterior como embajador en la Unión Europea, y en 1995 asumió como embajador en Brasil. El resto de la década menemista y el gobierno de la Alianza, fue embajador en los Estados Unidos.

A fines de 2009, Guelar ya había hablado –con menos pelos en la lengua- sobre el tema. En esa ocasión, pidió “saldar nuestro pasado trágico con una amplia ley de amnistía después (de) que la justicia termine los juzgamientos en curso”. Ni Jorge Macri, entonces secretario general del partido, soportó el desparpajo del converso. “En el PRO nunca se analizó ni avaló una amnistía para quienes violaron los derechos humanos”, dijo el hermano de Mauricio, saliéndole al cruce.

Sin vuelta atrás

El candidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, también mostró la hilacha de su pensamiento respecto de la política que desde la anulación de las leyes de impunidad pregona juzgar los crímenes del Estado terrorista de la década del ‘70. “Yo creo que la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos, pero no podemos dejar de mirar que en el país hubo treinta mil desaparecidos. Me parece que lo que el Gobierno se olvidó es que hay nuevos derechos humanos”, dijo el candidato en un una entrevista brindada al diario El Tribuno de Salta. “El Gobierno pone sobre la mesa algunos derechos humanos pero se olvida de los derechos humanos que no puede resolver”, afirmó.

El tema levantó polvareda. En una entrevista al diario Página 12, el domingo pasado, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, pidió que los precandidatos blanquearan sus intenciones con respecto a los juicios, en caso de llegar al gobierno: “"Debemos pedir a los candidatos que hagan públicos sus proyectos sobre los derechos humanos del pasado y los del presente”, dijo Carlotto, que a mediados del año pasado se reencontró con su nieto, arrancado de los brazos de su hija Laura antes de asesinarla. Ignacio Guido Montoya Carlotto había vivido sus primeros 37 años de vida con una identidad falsa. Y negó que –aunque el próximo presidente lo pretenda- pueda haber un retroceso en esos temas porque “la sociedad está más que preparada para evitarlo”, y que la memoria, la verdad y la justicia deben ser políticas de Estado.

En el mismo sentido se había expresado -en una entrevista con Infojus Noticias- el juez federal Carlos Rozanski, juez del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata. “Este es un proceso que no sólo es una decisión política, es una decisión colectiva, de la sociedad a través de sus representantes. No creo que ninguno de los candidatos que podría protagonizar un cambio de signo político, se atrevería a dar un paso atrás en un avance social de la magnitud del que se logró en Argentina. Estoy convencido”, dijo el presidente del tribunal que más juicios por delitos de lesa humanidad ha hecho hasta el momento.