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Tres de los cinco integrantes de la comisión que elaboró el anteproyecto de Código Penal participaron de una mesa redonda en la sede de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en la que debatieron sobre la conveniencia de adoptar una nueva legislación penal. “Si yo estuviera condenado por el Código hoy vigente y se sancionase este anteproyecto, yo no pediría que me apliquen retroactivamente la nueva ley”, aseguró el ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. Y explicó que, por ejemplo, la libertad condicional sería reemplazada por otros institutos menos indulgentes.

En presencia de las autoridades de la Asociación Americana de Juristas y de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra, María Eugenia Barbagelata y Zaffaroni disertaron sobre los aspectos técnicos del anteproyecto y respondieron preguntas al finalizar el encuentro. Los tres juristas integraron la asociación en distintos momentos, algo que destacó el moderador de la mesa, el penalista Beinuz Szmukler. Hubo dos ausencias con aviso: Federico Pinedo no asistió porque estaba participando de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación y Carlos Arslanian estaba cumpliendo un compromiso en el exterior. En el reducido espacio del auditorio de Uruguay 485, a pasos del Palacio de Tribunales, se amontonaron más de cien personas.

El magistrado explicó que en la Argentina siempre se tuvo un Código Penal “de culpabilidad, y no de peligrosidad”, regido por principios penales “de acto y no de autor”, y destacó que el anteproyecto elaborado por la comisión sigue ese mismo eje. Planteó que hoy “la mayor parte de las sentencias condenatorias son nulas” porque no fundamentan la cuantificación de la pena, que puede ser quizá de diez a quince años “en virtud de las circunstancias señaladas por el art. 41”, sin explicitar esas circunstancias e incurriendo en lo que, según el penalista, constituye una arbitrariedad.

Un asistente preguntó a Zaffaroni si hoy no existía la prisión perpetua, a la cual están condenados varios genocidas. “Existe sólo en los papeles, sería perpetua si los condenados sólo salieran de la cárcel con los pies para adelante”, respondió. El nuevo texto eliminaría la prisión perpetua como concepto, que hoy está incluido en el Código pero que no supera los 25 años de cumplimiento real de la pena. En su lugar, establecería una pena máxima de treinta años, prevista para el delito más grave del Código, que sería el de genocidio -con el cual se abre el primer libro de la parte especial-.

Zaffaroni advirtió que muchos de los planteos que rechazan al Código Penal “reverdecen la tesis del romanticismo jurídico, sobre el derecho popular”. Y agregó: “El derecho sale del pueblo, pero porque surge de una cultura que debe ser traducida a términos técnicos”. Gil Lavedra sostuvo que “ya hemos vivido las reformas penales a merced de la demagogia”, y afirmó que “las ideas del pueblo se modifican a partir de la discusión, que tiene esa función en la sociedad democrática”.

“Es un anteproyecto, es sólo la base de la discusión”

Gil Lavedra celebró que la comisión haya sido compuesta con miembros de distintas extracciones políticas, tal como fue elaborado el Código de 1921 que hoy sigue vigente. “Este es un anteproyecto, es sólo la base de la discusión”, expresó. Y afirmó que el texto “es sencillo, simple y bastante moderado”. Resaltó que se utilizó “la fisonomía del texto original del '21” y agregó que “no van a encontrar acá cuestiones extravagantes ni superlativas”. Y sostuvo que “todo código penal establece un límite al poder punitivo del Estado, respetando la autonomía y la dignidad de la persona”.

El radical destacó que para lograr la eliminación de la libertad condicional y la aplicación de penas sustitutivas de la prisión, “el Estado debe asumir una gran responsabilidad en el control de la ejecución de la pena”, algo en lo que los panelistas reconocieron falencias. “Intentamos dar racionalidad, sistematicidad y organicidad al Código Penal”, afirmó. Y planteó que, para ser sancionado, “debe tener la mayor legitimidad que sea posible”. Para eso, pidió “discutir de acuerdo a lo que debe ser una sociedad democrática” y celebró que el texto sea girado a las universidades nacionales y las asociaciones profesionales.

Barbagelata relató el proceso de relevamiento de normas de contenido penal, realizado en conjunto con los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y que arrojó más de 300 resultados de normas que no forman parte del Código actual pero prevén algún tipo de proceso penal para determinadas conductas. Explicó que el texto vigente fue sancionado en 1921, pero comenzó a sufrir modificaciones durante los períodos de interrupción de la democracia, que fueron desnaturalizándolo y “lo desintegraron” al cabo de más de 900 reformas.

“Para satisfacción de los ánimos punitivos -bromeó la socialista-, aclaramos que hay 150 penas elevadas, y algunas con bastante entidad, como el estrago culposo cuya pena fue sextuplicada cuando genera resultados dañosos; o los delitos contra la administración pública, que todos prevén sanciones”. Respondió así a quienes descalifican al anteproyecto por considerarlo laxo o que “favorece a los delincuentes”. Y destacó destacó la inclusión de nuevas figuras como las que reprimen el infanticidio, los delitos informáticos, la violencia familiar, la explotación sexual y laboral.

Algunos presenciaron el debate de pie y desde el umbral de ingreso. En la primera fila, apenas a un metro de la mesa de debate, se ubicó el constitucionalista Eduardo Barcesat, que recibió los saludos de todos los asistentes. Cerca de él se sentó el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra. El coordinador de la comisión que elaboró el texto, Roberto Manuel Carlés, también ocupó uno de los primeros asientos, sentado junto al jurista Arístides Corti.

Tres meses de debate nacional

El lunes se inauguró un período de 90 días durante el que se estudiará y debatirá el anteproyecto en las universidades nacionales públicas y privadas de todo el país. “De allí saldrá la opinión especializada del mundo jurídico argentino”, expresó Zaffaroni ese día, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Julio Alak, opinó también allí que “este Código sintetiza lo mejor del pensamiento penal argentino”.

En la UBA, Barbagelata expresó que “el debate es indispensable”. Y denunció que el camino del debate mediático “nos va a llevar a más autoritarismo y punición, algo a lo que algunos sectores recurren como atajos del facilismo”. Pinedo también se despachó en el aula magna, y afirmó que “no se puede avanzar sin un espíritu de respeto, pensando en la conveniencia personal. No podemos dejar al Estado de derecho democrático en manos de quienes no creen en él”.

A principios de marzo, Zaffaroni también había expresado que “para sancionar un Código Penal se necesita ante todo madurez política”, respondiendo a las críticas que el diputado Sergio Massa vertió al texto a través de algunos medios de comunicación. Hace un mes, el colectivo Justicia Legítima también se pronunció sobre el anteproyecto a través de un comunicado. Afirmaron que “merece una discusión parlamentaria seria”, rechazando que las discordancias se canalicen a través de medios de prensa, en vez de ser vertidas en el espacio natural de elaboración legislativa. Mediante el texto, convocaron a referentes políticos, jurídicos y sociales “a debatir con madurez y honestidad” el anteproyecto.