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El ex ministro de Justicia León Arslanian destacó que con el proyecto de reforma de Código Procesal Penal, “el Poder Ejecutivo está demostrando que escucha el reclamo de la sociedad”. Consideró que “es un salto significativo, que tiende a modernizar” el procedimiento penal.  Para el ex juez, “hay un cambio de paradigma”.

El ex juez aseguró que “nos beneficiará como ciudadanos”. Afirmó que se logrará que “quienes delinquen tengan un rápido juzgamiento y una sanción adecuada en un tiempo útil”. Lo dijo como contracara a los extensos procesos judiciales que hoy tramitan ante la Justicia Federal, “porque lo que hoy ocurre es que estamos viendo procesos que se eternizan”.

El penalista planteó que con la iniciativa legislativa, “la presidenta ha respondido a una demanda popular intensa”, y anticipó que habrá que someter el texto a la discusión. “Estas cuestiones nuevas van a generar mucha polémica, y está bien que así sea, por lo menos en el Congreso”, expresó en declaraciones a radio Vorterix. “Después habrá que ver sus aplicaciones por parte de los jueces”, agregó.

Explicó que “rige para el futuro, no retroactivamente a hechos cometidos en el pasado”, y descartó que el proyecto busque garantizar la impunidad de cualquier funcionario o ex funcionario público que deba rendir cuentas ante la justicia. “Me sorprende el argumento”, comentó. Y recordó que el texto “está hecho sobre la base del que la oposición iba a sancionar en 1987, a partir de un proyecto del Ejecutivo del ‘86”.

Se refirió a la incorporación del “extrañamiento de extranjeros”, que prevé la expulsión del país para aquellas personas que sean capturadas “in fraganti o con las manos en la masa”, como explicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el discurso transmitido por cadena nacional. La alternativa requiere que esas personas no tengan en regla su documentación en Argentina.

Arslanian anticipó “un debate intenso”, pero aclaró que “se ha limitado a hechos concretos como las flagrancias”. En cuanto a la posibilidad de que sea cuestionada la constitucionalidad de ese instrumento, sostuvo que “no hay ningún inconveniente, es perfectamente legal”, dado que ocurriría en el marco de un juicio abreviado, el mecanismo que hoy se aplica para el juzgamiento de delitos en flagrancia –detenidos in fraganti–.

“La participación de las víctimas va a garantizar la transparencia”

El jefe de Gabinete Jorge Capitanich afirmó que la propuesta “cuenta con un alto nivel de consenso entre juristas y académicos que respaldan la iniciativa”. En su habitual conferencia de prensa, afirmó que “tiene entre sus principales características la celeridad, el acortamiento de plazos, la oralidad y la penalización a fiscales y jueces por incumplimiento en los plazos”. Recordó que esa penalización se traducirá en una “falta grave, causal de mal desempeño”, razones por las cuales se puede destituir a esos funcionarios.

Capitanich destacó que “el sistema pasa a ser directamente acusatorio”. Argentina era el último país en la región que mantenía un sistema mixto o con fuerte contenido inquisitivo. Incluso casi todas las provincias tienen en funcionamiento un sistema acusatorio puro. Explicó que la investigación estará a cargo del fiscal, pero la condena le corresponde al juez. Y dijo que “la participación de las víctimas desde el control del procedimiento va a garantizar su transparencia”.

Respondió las editoriales de los medios de comunicación que plantearon que se buscaba ampliar la prescripción para favorecer la impunidad y dijo: “No hay prescripción ni extinción de la acción penal”. Denunció que “hay una estrategia de los medios de comunicación opositores de desnaturalizar y confrontar sistemáticamente con cualquier iniciativa del gobierno” y que tienen una “aviesa mala intención de confundir a la ciudadanía”.