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El Tribunal Oral Federal Nº3 absolvió a los ocho imputados acusados de negociar sobornos en el Senado de la Nación para aprobar la Ley de Reforma Laboral en abril de 2000. Para los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo "constituye una afrenta que el sistema de enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa hasta esta instancia". En el fallo, el TOF pidió al Consejo de la Magistratura investigar al juez Daniel Rafecas por su actuación en la instrucción y cuestionó a los testigos Aníbal Ibarra y Sandra Montero por falso testimonio. Además, los jueces pidieron al Colegio de Abogados un tribunal de ética para el abogado del imputado Mario Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre. "Este juicio demostró la inexistencia de corrupción en mi gobierno", dijo el ex presidente Fernando De la Rúa al salir de Comodoro Py.

Además del ex presidente de la Alianza, fueron absueltos "porque no se pudieron acreditar los hechos" el ex secretario parlamentario Pontaquarto; el ex titular de la SIDE, Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; y los cuatro ex senadores justicialistas: Alberto Tell, Remo Costanzo, Ricardo Branda y Augusto Alasino. En el proceso judicial estuvieron involucrados dos acusados más que formaron parte del juicio: el salteño Emilio Cantarero, por su estado de salud, y el radical mendocino José Genoud, que se suicidó en 2008. Los fundamentos se difundirán el 31 de marzo de 2014 a las 18.

A la salida del veredicto, el ex presidente sostuvo que la absolución reivindica su dignidad y la de su gobierno "Todo formó parte de una infamia de principio a fin. Fue un complot para terminar con mi gobierno", dijo De la Rúa.

En contramano, el ex secretario parlamentario lamentó la decisión de los jueces: "El fallo fue vergonzoso, que se hizo mucho mal a la Justicia. No me arrepiento de haber hecho esta denuncia en 2003", dijo Pontaquarto que fue acompañado por su mujer y su hijo.

A cada declaración de absolución y decisión del TOF, un puño en alto se levantó entre el público como símbolo de satisfacción. "Un fallo mejor no se podía esperar", dijo alguien entre el público.

La mayoría de las audiencias en estos 17 meses de juicio se desarrollaron en la Sala B de la planta baja de los tribunales de Retiro. Por la cantidad de público, hoy se realizó en la Sala AMIA del subsuelo. A los jueces, imputados y abogados los separaba de los familiares de los acusados y periodistas un vidrio grueso. Entre el público había ex funcionarios del gobierno de la Alianza como Nicolás Gallo, Héctor Lombardo y Jorge De la Rúa, también hermano del ex presidente. Por esas cosas del destino, la esposa de De la Rúa, Inés Pertiné se sentó detrás de Mario Pontaquarto. A la salida del juicio, todo era abrazos y besos entre los absueltos y sus afectos, pero el ex senador Alasino rompió el clima cuando intentó pegarle al ex secretario parlamentario. Ya había habido insultos en audiencias anteriores, pero hoy el ex legislador intentó propinarle una cachetada a Pontaquarto cuando salían de la sala.

En una síntesis de los fundamentos, los magistrados criticaron duramente el rol del juez Rafecas con la consentimiento de los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler: "Se advirtió una marcada parcialidad en la recepción y valoración de la prueba: se interrogó de manera intimidatoria a algunos testigos; se persiguió sistemáticamente a todo aquel que no ratificara la hipótesis acusatoria; se manipuló la prueba para arribar a conclusiones preestablecidas, llegando, incluso, a la fantasiosa reconstrucción de hechos a partir de diálogos imaginados sin sustento en la prueba; se siguió a ultranza los dichos de Mario Luis Pontaquarto sin emplear el más mínimo sentido crítico".

Los jueces destacaron también que Pontaquarto incurrió en muchas contradicciones sobre horarios, lugares y acontecimientos. También los jueces criticaron a la Fiscalía y a la Oficina Anticorrupción, que deberá hacerse cargo de las costas, por "haberse montado" la causa, "circunstancia que les impuso la utilización del modo potencial, pues, por lo visto, la prueba no les permitió ser asertivos. Al igual que el juez a cargo de la instrucción, los acusadores acudieron a su imaginación y supusieron diálogos entre imputados, o entre éstos y testigos, para justificar sus afirmaciones".

Tanto el Ministerio Público a cargo de la fiscal Sabrina Namer como la Oficina Anticorrupción entendieron que el pago de sobornos existió y habían pedido penas para todos los imputados, con excepción de Branda y Flamarique, para quienes pidieron la absolución.