10-12-2013|9:22|Saqueos
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Deberá analizar si hubo atentados al orden institucional
Comisión de fiscales para investigar los saqueos
Gils Carbó creó una comisión de fiscales que investigará los saqueos y coordinará la actuación del Ministerio Público Fiscal en las causas judiciales derivadas. En la provincia de Buenos Aires, la procuradora general Falbo ordenó la creación de comités de crisis en cada distrito.
Durante 60 días la comisión de fiscales deberá informar a la procuradora general.
Télam.
ANTECEDENTES
Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, creó ayer una comisión nacional de fiscales que investigará en forma "exhaustiva" si hubo "atentados contra el orden institucional" y si los saqueos cometidos en los últimos días están vinculados con las protestas policiales ocurridas en varias provincias. La comisión reunirá información sobre "los atentados colectivos a la propiedad" y sobre las causas judiciales iniciadas. Al mismo tiempo, tendrá como tarea coordinar la actuación del Ministerio Público Fiscal en los distintos fueros.
La comisión deberá "recabar en forma permanente información sobre casos que se susciten en cualquier lugar del país y que pudieran vincularse con hipótesis delictivas de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional en los términos y con el alcance de los considerandos, así como procurar coordinar la actuación de este organismo en los diversos fueros e instancias a fin de asegurar la coherencia y unidad de su desempeño".
La comisión, que investigará durante 60 días, quedó conformada por los fiscales generales Federico Martín Carniel -Resistencia-, José Ignacio Candioti Puyol -Paraná- y Adolfo Raúl Villate -Rosario-, bajo la coordinación del titular de la fiscalía federal 2 de San Isidro, Rodolfo Fernando Domínguez. Este grupo de fiscales elaborrá informes semanales.
Según la resolución firmada ayer a la tarde por Gils Carbó, señala que los saqueos "generan zozobra y perturban la tranquilidad de la población nacional". Frente a estos acontecimientos y en el marco de lo establecido por la Ley de Defensa de la Democracia (Ley 23.077), la Procuradora decidió impulsar el trabajo fiscal a fin de analizar si los saqueos tienen "alguna vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucre conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional, cuyo conocimiento es de competencia exclusiva del sistema de administración de justicia penal federal”.
El escrito reseña que "de manera concomitante" con las protestas policiales "se produjeron atentados colectivos contra la propiedad (saqueos), que generan zozobra y perturban la tranquilidad de la población nacional". En ese marco, sostiene la Procuradora General es obligación del MInisterio Público Fiscal "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, y organizar los recursos humanos de la institución a efectos de brindar un servicio de administración de justicia eficiente y sensible a las contingencias sociales"
Durante 60 días la comisión de fiscales deberá informar a la procuradora general sobre "el estado de situación de estas manifestaciones criminales en los distintos lugares del país". Finalizado ese plazo se analizará su desempaño y si es necesario mantener la comisión.
Comité de crisis en los ministerios públicos de la provincia de Buenos Aires
La procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, ordenó ayer a los fiscales y defensores de los 18 departamentos judiciales en los que se divide la provincia que conformen "comités de crisis" que estén preparados "para brindar una respuesta eficaz para el supuesto de réplica" de saqueos a comercios.
En su resolución Falbo consideró que "los hechos de público conocimiento acaecidos en ciudades de las provincias que han derivado en saqueos a diferentes comercios y supermercados, con afectación de bienes a particulares y la integridad física de las personas de una u otra manera involucradas, podrían proyectarse al ámbito de esta provincia". En un caso como éste, la respuesta "no puede dilatarse", sostuvo la procuradora.
La procuradora general provincial ordenó que "desde cada fiscalía y defensoría generales se disponga de un Comité de Crisis, encabezado en cada caso por los respectivos titulares y los magistrados y funcionarios que éstos designen, que estarán a disposición hasta ver superada la situación de riesgo".
Falbo indicó que fiscales y defensores deben desarrollar esta tarea "tornando efectivos los derechos y garantías que cada rama está llamada a resguardar".
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