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La cooperativa de vivienda “Crecer en Ministro Brin” firmó ayer el acuerdo entre las partes para comprar el conventillo donde viven las 15 familias que la conforman. Tras varios intentos de desalojo, finalmente pudieron comprar la propiedad. Lo lograron despues de varios pasos cruciales: el fallo del juez Gustavo Caramelo del juzgado Civil 1 y el trabajo conjunto con varios actores como la Secretaría de Habitat y la Defensoría de Menores. “Es increíble. Ya no somos ocupantes, somos propietarios. Y hay que destacar la unión de todos para poder lograr esto. Pasamos momentos muy difíciles”, dice Carlos Alberto (57) que vive ahí hace más de 10 años. 

Sin desalojo, con esfuerzo y trabajo

Del acto de entrega participaron, además de los vecinos, el escribano general de la Nación, Natalio Etchegaray; el secretario de Acceso al Hábitat, Rubén Pascolini; funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y de la Defensoría de Menores, el propietario del edificio y el juez Caramelo. “Al momento de la firma me emocioné muchísimo. Nunca me había pasado en mis 30 años de carrera judicial y diez de juez", -dijo Caramelo-. "Cuando les leía el acuerdo, sentí que no podía respirar de la emoción. Esto se logra con esfuerzo, trabajo en equipo y tiempo, no mandando a la Infantería a desalojar. El resultado de este caso muestra que hay una alternativa, que representa mucho más trabajo, pero que existe.” 

La decisión crucial del juzgado fue haber dado participación a los responsables directos. Pedir al Ejecutivo porteño un censo de familias, al Instituto deVivienda de la Ciudad (IVC) que informara si las familias podían integrarse a planes de vivienda y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario si podían recibir subsidios. En aquel momento la Defensora de Menores Ana María González asumió la representación de niñas, niños y adolescentes.   

Emilia (40) preside la cooperativa. Camina por el pasillo hasta llegar al patio interno del conventillo y dice: “el juez nos sorprendió mucho. Teníamos otra expectativa”. La entrega del inmueble llegó después de un periplo extenuante. Tras una serie de audiencias el IVC le dio el apto a dos de las familias para recibir créditos inmobiliarios. Sumado a los subsidios que recibía el resto como parte del Programa Atención para Familias en Situación de Calle, juntaban dinero suficiente para pagarle al dueño la propiedad que había comprado en un remate judicial. 

"El trabajo del juzgado, fundamental"

La abogada Paula Csikos representó a los vecinos en el conflicto. “El trabajo del juzgado fue fundamental. En general, se pide el desalojo y que la gente se arregle como pueda”, dijo.  Una de las trabas que los vecinos debieron sortear fue que, si bien al principio el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se mostró predispuesto a solucionar el conflicto, en segunda instancia puso reparos basados en un argumento: el estado del inmueble. Para esto también hubo una solución. A través de un grupo del voluntariado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA (FADU), se presentó un proyecto de refacción de la propiedad que permitirá mejorar las condiciones del conventillo. Esta solución es posible gracias a la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, que además va a pagar los gastos de escrituración e inició un expediente para otorgar fondos para las mejoras del edificio que va a llevar adelante la Cooperativa “Crecer en Ministro Brin”.

“La posición del Gobierno porteño no la entiendo desde lo jurídico. No perdían dinero, pero perdieron la oportunidad de participar de un hecho institucionalmente muy importante. Son insondables los motivos”, opinó Caramelo. Y destacó: “Esta solución no le costó al Estado ni un peso más de lo que le hubiera costado desalojarlos. El acceso a la vivienda adecuada es un derecho humano y el que debe garantizarlo es, justamente, el Estado".

“Era muy injusto que dijeran no se podía vivir acá. Somos la prueba de que se puede”, dice Romina (19), después de la firma del acuerdo. Recuerda: “Cuando llegó la primera orden de desalojo yo era chica. Me preocupaba, pero no le daba mucha bola. Ahora tengo dos hijos y sé que a futuro ellos van a tener donde vivir. Nadie los va a venir a echar. Eso me emociona mucho. Esto va a cambiar la vida de todos. Nos espera un futuro más alegre".

Las mujeres fueron las encargadas de gestionar la cooperativa. “Mucho trámite. Pero los papeles no fueron lo más complicado. Lo más difícil fueron los viajes, todo el esfuerzo”, dice Claudia (44) mientras Emilia dice que ellas eran “las que más tenían para perder. Porque con los chicos iba a ser muy complicado encontrar otro lugar donde vivir.”

“La unión entre nosotros fue lo más importante. Antes nos saludabamos pero nada más, no éramos unidos.” destacó Rubén Sal (58) uno de los habitantes más antiguos del conventillo. “Cuando lo conocimos al juez, empezamos a creer. Iba intimando al gobierno de la ciudad, al IVC”, repasa Rubén. Carlos agrega: "Nos encontramos un juez sensible que aplicó la ley de forma justa y humana".  

Justicia para una mayor calidad de vida

Caramelo también habló de su rol en el conflicto: “La función que tenemos los jueces civiles es que tras nuestra intervención, las personas tengan acceso a una mayor calidad de vida. Es importante seguir formando personas con vocación de servicio público. En este caso, veo eso. Esto ahora es de ellos.”

Cuando el acuerdo estuvo en manos de los nuevos propietarios, el juez recordó una anécdota, la de aquel día que fue a inspeccionar el inmueble. Entonces un hombre mayor se acercó a él llorando. Le dijo que nunca había pensando un juez iba a pisar ese lugar. En aquel momento Caramelo quedó impresionado por esa distancia, la que puede existir entre el poder judicial y las personas.

“Ojalá esto sea un precedente para muchos casos en la ciudad. Hay 15 familias involucradas. Eso son muchas historias de vida que se desarrollaron ahí, la identidad de muchas personas. Espero poder contagiar a mis colegas y mostrar que hay otra forma de resolverlo que no involucra enviar a la fuerza pública a desalojar”, dejó picando el juez.