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Después de tres años y medio, la causa sobre presuntos sobornos durante la investigación del crimen del militante Mariano Ferreyra todavía no tiene quién la investigue. Una veintena de magistrados se excusaron a formar parte de la investigación, pero el próximo lunes habrá una audiencia decisiva para el caso. La Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad resolverá sobre los recursos interpuestos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público Fiscal contra la resolución del juez de instrucción, Pablo Ormaechea. El magistrado se declaró incompetente y decidió remitir la causa al fuero federal.

El expediente gira en torno a Eduardo Riggi, procesado por su participación en una maniobra para beneficiar al líder sindical José Pedraza y a su patota de la Unión Ferroviaria. La maniobra, que sucedió en 2012, tuvo como protagonistas a un funcionario judicial encargado de los sorteos de expedientes en el máximo tribunal penal de la Nación, Luis Ameghino Escobar; y al agente de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) Juan José Riquelme, que luego fue desplazado de su cargo.

En el entramado también intervinieron varios lugartenientes de Pedraza en la organización sindical, como Ángel Stafforini, el contador de la Unión Ferroviaria (UF) que consiguió los 50 mil dólares para el supuesto pago. Las escuchas de la causa registraron comunicaciones entre Pedraza, Octavio Aráoz de Lamadrid (ex secretario de la Cámara de Casación Penal), Riquelme y Stafforini en las que se coordinaba el intento de soborno: en las conversaciones el contador de la UF le iba a entregar 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid y él haría las gestiones para direccionar el sorteo hacia la Sala III para que los jueces revocaran los procesamientos.

Las pruebas son contundentes: cuando se allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid, se encontró un sobre a su nombre con esa cantidad de dinero.

Desde que se abrió el expediente, al menos catorce jueces de primera instancia y camaristas se excusaron para investigar a sus pares que integran el máximo tribunal penal del país. La mayoría puso como argumentos que tienen relaciones profesionales, personales o familiares con Riggi, Mitchell o González Palazzo.

 “Si el poder judicial sigue sin investigarse a sí mismo, las responsabilidades de este episodio gravísimo de corrupción y tráfico de influencias en el seno de la Cámara de Casación Penal, relacionado con un caso emblemático como el crimen de Mariano Ferreyra, quedarán limitadas a los que buscaban impunidad para sí mismos y a los intermediarios, sin profundizar sobre la responsabilidad de los jueces”, dijo hoy el CELS a través de un comunicado. 

Luis Rodríguez fue el primero en tener la causa, pero demoró más de un año en dictar los procesamientos. Luego fue designado como juez federal y dejó el despacho vacante. Durante varios meses se sucedieron distintos subrogantes. Después de Rodríguez,  siguieron Osvaldo Rappa, Guillermo Rongo, Luis Zelaya, Fernando Klappenbach, Jorge Adolfo López, Omar Aníbal Peralta, Fernando Caunedo y Juan Ramos Padilla. También se excusó hasta la jueza Wilma López, que llevó adelante la investigación por el crimen de Ferreyra. El expediente pasó por las manos de diez magistrados y sólo sumó resoluciones de excusación.

En la Cámara del Crimen Mario Filozof, Ricardo Pinto, Julio Lucini, Carlos Alberto González, Alberto Seijas, Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, Luis María Bunge Campos y Mariano Scotto evadieron formar parte por tener vínculos con su colega. La causa, también, pasó por el despacho del mismo González Palazzo, que debió excusarse por otras razones: está imputado y no puede investigarse a sí mismo.

Cuando por fin hubo tres camaristas dispuestos a pronunciarse sobre las excusaciones en primera instancia, el plazo de subrogancias ya había terminado. El cuerpo judicial quedó en manos de Ormaechea, que imputó a Riggi por cohecho y tráfico de influencias, pero en la misma resolución decidió declararse incompetente.

El 6 agosto de 2012, a menos de dos años del asesinato, comenzó el debate oral en Comodoro Py por el crimen de Ferreyra. El 19 de abril de 2013 se obtuvo una resolución  histórica. El veredicto incluyó a la patota y a los policías implicados: un total de 14 condenas y tres absoluciones. José Pedraza fue condenado a quince años. Su segundo en el gremio, Juan Carlos Fernández, tuvo la misma pena. Los dos autores materiales fueron sentenciados a 18 años. Los jueces no determinaron quién de los dos fue el que apretó el gatillo.