Declaró Fariña y volvió a pedir su excarcelación
Lo hizo ante el juez federal de La Plata, Manuel Blanco, frente a quien declaró durante una hora y media. Está imputado en una causa iniciada por una denuncia de la AFIP, en la que se lo acusa de evadir más de 28 millones de pesos.
Leonardo Fariña
Télam
El empresario Leonardo Fariña pidió hoy nuevamente su excarcelación al declarar ante el juez en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, Manuel Humberto Blanco, quién le dictó el procesamiento con prisión preventiva por evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta, informó la agencia Télam.
Fariña, quién se encuentra detenido en el pabellón G del módulo 1 de la cárcel de Ezeiza, no formuló declaraciones a la prensa, ya que ingresó y fue retirado a bordo de un camión celular perteneciente al Servicio Penitenciario Federal.
Fuentes de Tribunales comentaron a Télam que Fariña, quien continúa detenido desde el 25 de marzo pasado, estuvo declarando durante una hora y media, oportunidad en la que reiteró su pedido de excarcelación en la causa que se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo que actúa como querellante.
Según consta en la denuncia, el monto evadido supera los 28 millones de pesos por conceptos adeudados de IVA en los períodos fiscales 2010/2011, Ganancias 2010/2011 y Bienes Personales 2010/2011, proveniente de la compra no declarada de unos inmuebles rurales en la provincia de Mendoza, en diciembre de 2010.
La investigación también pretende determinar si el empresario Roberto Jaime Erusalimsky compró de manera efectiva o simulada los campos de Fariña, en diciembre de 2012, por lo que el juez Blanco también había determinado su declaración indagatoria.
La atención de la investigación se centra, entre otras, en la firma Welmare Trading SA, de la cual Erusalimsky es accionista y presidente, en tanto Fariña figura como Director no Accionista. La figura judicial de evasión fiscal agravada está prevista en el artículo 2 inciso a) de la Ley 24.769, que prevé una pena que va de tres años y seis meses a nueve años de prisión.