Denuncian a Macri por la demolición ilegal de los talleres del Borda
El Jefe de Gobierno Mauricio Macri podría enfrentar, junto con el ministro de Desarrollo Urbano, una denuncia penal por demoler el edificio del Taller Protegido 19, que estaba resguardado bajo una medida cautelar.
En la demolición del Taller Protegido 19 de los pacientes del Hospital Borda no hubo una orden judicial, tampoco un acto administrativo que dispusiera el avance de las topadoras. Esta información figura en el acta que acompaña la presentación del Asesor Tutelar Gustavo Moreno para denunciar al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, por actividad ilícita.
El jefe de la Policía Metropolitana Alberto Giménez confirmó a la representante de la Asesoría Tutelar que no tenía una orden judicial, y que el operativo estaba basado en un acto administrativo del ministerio de Desarrollo urbano. Pero luego, el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo urbano Juan Carlos Alessiole informó que no hubo un acto administrativo, “que la demolición había comenzado a las 9.15 hs y se había dispuesto conforme al cronograma de obra para la construcción del Centro Cívico”.
Esto coincide con las declaraciones de la Vicejefa del gobierno porteño. María Eugenia Vidal dijo que no había orden judicial porque no se trataba de un desalojo, sino del inicio de una obra. Lo que nadie explica es por qué habían llegado hasta ahí 200 efectivos de la Policía Metropolitana con orden de reprimir durante varias horas seguidas. Su acción dejó un saldo de 40 heridos entre pacientes, trabajadores y periodistas. Sin embargo, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri podría enfrentar una denuncia penal por haber violado el debido proceso judicial al demoler un edificio que estaba protegido por una medida cautelar.
Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Sala II en lo Contencioso Administrativo Tributario, denunció hoy a Mauricio Macri por actividad ilícita. El escrito afirma que la demolición del Taller Protegido 19 implica "conducta arbitraria, violatoria del principio procesal de buena fe, e ilícita, en tanto el poder ejecutivo local se encontraba impedido de tomar dicha actitud conforme al estado procesal". Es decir, que la demolición del Taller estaba judicializada y que el Poder Ejecutivo no podía decidir al respecto. “La conducta de los funcionarios del Poder Ejecutivo debe calificarse como inconducta procesal representando además un eventual ilícito penal, cuya responsabilidad podría ser atribuida directamente al Sr Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri y al Sr Ministro de Desarrollo Urbano Arq. Daniel Chaín lo que justifica una investigación en la justicia penal competente”.
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