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Está el derecho al acceso a la cultura y también el derecho de los artistas e investigadores a ser retribuidos económicamente por sus producciones. En la necesidad de garantizar el ejercicio de ambos hace equilibrio la discusión sobre la reforma de la Ley de propiedad intelectual 11.723. Diversos actores -tanto organizaciones de la sociedad civil como funcionarios a cargo de políticas culturales públicas- coinciden en que debe ser modificada. La norma se sancionó en 1933 y no contempla, por lo tanto, los modos de producción y circulación en los entornos digitales.

“Hacia una agenda propositiva para reformar el derecho de autor” fue el título de la charla que se hizo el jueves a la tarde en la sede de FLACSO en Buenos Aires. Vía Libre, la organización que convocó al debate, presentó un documento con catorce puntos para abordar el debate sobre los derechos de autor en el contexto de la digitalización de las producciones. Estuvieron presentes Rodolfo Hamawi, Diego de Charras, Iván Reindel, Beatriz Busaniche y Julio Raffo.

Algunos de esos puntos son:

-Reconocimiento legal para el intercambio de archivos sin fines comerciales: propone que estén permitidos los intercambios a través de internet entre individuos que no tengan fines comerciales.

-Excepciones sólidas la investigación y la educación: la ley 11723 no tiene excepciones, no contempla por ejemplo a las bibliotecas o videotecas escolares.

-Lucha preventiva contra los monopolios de distribución y nuevas fuentes de financiamiento para la cultura digital.

Rodolfo Hamawi, director de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, afirmó que “la existencia de una industria cultural sólida implica que haya creadores que puedan vivir de su trabajo, que haya empresas que puedan desarrollarse a partir de esa actividad y que haya intermediarios, no necesariamente parasitarios” y que, al mismo tiempo, “necesitamos una ley que proteja a los creadores, la 11.723 está vieja en edad y vieja en contenidos”.

Al mismo tiempo, Hamawi consideró que la ley 11.723 tiene un aspecto interesante que debe conservarse: distingue claramente la diferencia entre bienes tangibles e intangibles. El bien cultural es “un bien social por eso la ley se lo cede al autor por un tiempo pero luego lo devuelve a la sociedad”, remarcó.

Hamawi puntuó tres aspectos que deben debatirse en pos de una reforma del sistema de protección de derechos de la propiedad intelectual: los plazos de la protección, las excepciones y el entorno digital.

Actualmente la ley establece 70 años después de la muerte del autor como plazo de protección en la música, la literatura y el cine. Hamawi afirmó que “70 años es una enormidad: beneficia al autor, al hijo y al nieto. Estamos hablando de un bien social, 30 años sería un plazo interesante”. Hamawi ejemplificó cómo un plazo de protección más acotado redunda en un beneficio general y en la ampliación del acceso a la cultura: mientras las obras de Roberto Arlt y Horacio Quiroga estaban protegidas, sus libros no se conseguían, las editoriales sólo editaban los títulos que consideraban más rentables. Cuando esos autores ingresaron al dominio público, se multiplicó la disponibilidad de esas obras, impresas en distintas calidades, con distintos costos para los lectores.

“La ley nuestra es horrible en materia de excepciones”, señaló Hamawi en relación con otro punto clave de la discusión. La redacción de la ley 11.723 hace que toda la labor de las bibliotecas esté en infracción, por poner un solo ejemplo.

“Nosotros pensamos que hay que establecer el equilibrio de los derechos cruzados: garantizar y amplificar el acceso a los bienes culturales y garantizar el derecho de los creadores a vivir de su trabajo”, concluyó el funcionario.

Las corporaciones no participan del debate

Diego de Charras, director electo de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, planteó que la “Coalición por una radiodifusión democrática” que se armó para reformar la ley de medios de la dictadura es una experiencia a recuperar al momento de pensar una reforma integral del sistema de derechos de autor. La Coalición se armó en 2004 y nucleó a muchos sectores vinculados al tema: sindicatos, medios sin fines de lucro, pequeñas y medianas empresas, organizaciones no gubernamentales. Fue una mesa multisectorial que permitió construir el consenso necesario para reformar una ley.

De Charras remarcó que es “una experiencia de la que hay mucho para aprender” para “poder pensar una política integral de fomento a la creación y el acceso a la cultura que englobe la reforma de la 11.723 y se abra a otros aspectos”. “Es una muestra de la capacidad de incidencia de la sociedad civil para intervenir en la ampliación de derechos”, destacó.

Y consideró que en los debates sobre la propiedad intelectual las corporaciones nunca se hacen presentes, y que eso tiene como efecto que el debate aparenta ser entre “laburantes de la cultura y los que defienden los derechos de los usuarios”. También sostuvo que los trabajadores de la cultura suelen estar representados en el debate por las gestoras de derechos de autor que no asumen, precisamente, la representación en términos de su condición de trabajadores. “Tenemos que ir hacia la ampliación de los derechos de los trabajadores y de los usuarios”, coincidió De Charras con Hamawi.

El intercambio de archivos, positivo para la industria

El debate se puso álgido cuando se focalizó en las gestoras de derechos de autor. Hamawi sostuvo que “las gestoras transportan millones de pesos de un sector al otro, de las multimedios y las grandes empresas a los creadores. Si no existiera ese sector intermediario no existiría esa transferencia. Lo que no quiere decir que no hay que mejorar las gestoras”, afirmó.

Por su parte, Ivan Reidel, director de la maestría en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, focalizó su intervención en analizar cómo se distribuye entre los músicos lo que recaudan las gestoras de derechos de autor. Reidel planteó criticó los efectos del sistema de distribución porque en algunos casos no distingue entre autores extranjeros y nacionales ni entre autores consagrados y emergentes. 

Beatriz Busaniche, de Vía Libre, retomó la propuesta de abordar el debate en términos de los derechos de los trabajadores de las industrias culturales. Remarcó que “la copia ilegal no está afectando a la industria”. Y argumentó: “Varios estudios dan cuenta de que prácticas ilegalizadas como el intercambio de archivos entre pares tiene más impacto positivo que negativo sobre las remuneraciones que consigue la industria”.

Busaniche se refirió, entre otras investigaciones, a las estadísticas de la Secretaría de Cultura de la Nación, que muestran que las industrias culturales argentinas no registran disminución de ventas en el mismo periodo que aumentó la conectividad a internet.

Y coincidió con De Charras: “Se dibuja un escenario de amigo-enemigo entre usuarios y autores, cuando ambos estamos afectados por un sistema profundamente injusto. Tenemos que ver cómo construimos un sistema legal que sea justo en lo que se refiere al acceso y la participación en la cultura y a los derechos de los trabajadores”.