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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se presentó ante el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa en la que el fiscal Guillermo Marijuán la acusa de irregularidades tanto en la designación de fiscales y fiscales ad hoc como en la conformación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo (Procelac).

En su presentación, Gils Carbó pidió la recusación de Marijuán y la nulidad de los requerimientos que el fiscal presentó en la causa. La procuradora pidió que Marijuán sea apartado de la causa y que se designe otro fiscal. También solicitó la nulidad del pedido de declaración indagatoria que había presentado Marijuan.

La causa comenzó con una denuncia del senador radical Mario Jorge Cimadevilla, que sostuvo que las procuradurías son estructuras institucionales (no administrativas) a cargo de un fiscal, por lo que debería haber sido creadas por el Congreso de la Nación. Los mismos argumentos fueron utilizados por el dictamen del fiscal Marijuán.

El escrito presentado por la procuradora destaca que Marijuán se desempeña desde el día de su creación —23 de mayo de 2002— a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises). Esa unidad “fue creada en función del mismo dispositivo legal con que se crearon las estructuras especiales desde entonces hasta la fecha (artículo 33, inciso e. de la ley de Ministerio Público) y le fueron conferidas atribuciones sustancialmente idénticas a las que le fueron asignadas a las nuevas unidades”.

Es decir, que la unidad en la que trabaja Marijuan es idéntica a las que él cuestiona como ilegítimas en su presentación.

“Siguiendo la particular visión de los denunciantes, se trata de una estructura de investigación “ilegal” creada por la Procuración General de la Nación con la potestad de incidir en el rol procesal de los magistrados fiscales que tengan que intervenir en casos en los cuales esté involucrada la Seguridad Social”, explica Gils Carbó

Y continúa: “Consecuentemente, siguiendo la estrecha visión del denunciante -que se ha reproducido en los dictámenes de Marijuán- este magistrado también ha desbordado la competencia que le fija el artículo 39 de la ley 24.946 y ha intervenido, encabezando una estructura “ilegal”, en causas penales en toda la extensión del país incidiendo con su actuación en el rol de los fiscales competentes en aquellas”.

En conclusión, sostiene Gils Carbó “Marijuán debió excusarse porque a pesar de no estar expresamente nombrado estaba comprendido en ella por haberse denunciado magistrados que se encuentran en una posición análoga a la suya”.

La presentación también aclara que los titulares de las procuradurías realizan tareas de “neto corte asistencial” y que comienzan “ante el expreso pedido del fiscal titular”. Por lo tanto, el fiscal Carlos Gonella, cuyo nombramiento al frente de la Procelac está cuestionado en la causa que impulsa Marijuán, no está habilitado a desplazar fiscales titulares. “Estas potestades únicamente refuerzan y nunca obstaculizan el ejercicio de la acción penal que tienen los magistrados del Ministerio Público Fiscal”, explica el escrito.

La falta de precisión en relación con las atribuciones de los fiscales ad hoc también expresa el “sesgado criterio con que el fiscal del caso llevó adelante su actividad requirente en esta investigación”.

“Estas circunstancias, es decir, tanto la manifiesta arbitrariedad del fiscal como su eventual imputación en esta causa según la hipótesis delictiva por él sostenida, impiden considerar a Marijuán como un representante del Ministerio Público Fiscal dotado de la idoneidad necesaria para actuar en esta causa”, concluye el escrito presentado hoy.