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La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados debatirá esta tarde dos proyectos que ya fueron sancionados por el Senado. Uno busca sancionar a los integrantes de las fuerzas de seguridad que realicen paros o que abandonen sus tareas sin la respectiva autorización y otro decomisar bienes provenientes del narcotráfico.

El primer proyecto, que fue presentado por el senador Aníbal Fernández, reforma el Código Penal y establece multas y penas de prisión a cualquier miembro de seguridad que realice un paro o abandone sus tareas.

En ese sentido, la iniciativa determina que "será reprimido con multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público".

A lo largo del proyecto se fijan penas de prisión para los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, agencia estatal armada, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que "abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que se encuentra obligado".

Esas conductas serán reprimidas con penas de prisión de entre uno y tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

En caso que por esas acciones hubieran daños a bienes de la fuerza o de terceros, lesionados o muertes de miembros de la fuerzas de seguridad o de otras personas "se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos".

La comisión también debatirá una iniciativa impulsada por el socialista Rubén Giustiniani de decomiso anticipado de los bienes provenientes de ilícitos como el narcotráfico y la trata de personas.

Este proyecto plantea modificaciones al Código Penal para permitir que en ese tipo de delitos el juez pueda disponer el decomiso de las “cosas o ganancias” que hayan “servido para cometer el hecho” o sean “producto” del mismo “antes del dictado de sentencia”. Para esto sólo serán necesarios “indicios vehementes y suficientes” de que las “cosas o ganancias” tienen relación con la comisión de esos delitos.