Infojus Noticias

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió que se instruya una causa penal por sedición contra un centenar de policías, agentes penitenciarios y civiles que participaron del alzamiento de los primeros días de diciembre del año pasado. En Chaco hubo dos víctimas fatales en medio del conflicto, ambas en las inmediaciones de la comisaría quinta de Resistencia, uno de los epicentros de la protesta.

El fiscal realizó una instrucción preliminar junto a los demás fiscales federales de la provincia: Carlos Sansserri, de Sáenz Peña; Carlos Amad, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones y Federico Carniel, fiscal general ante el Tribunal Oral Criminal. Entre todos elaboraron un escrito de ochenta fojas para pedir al juez federal de Resistencia que inicie formalmente la instrucción.

Los fiscales consideran iniciado el conflicto a partir del 3 de diciembre, cuando la protesta policial de Córdoba comenzó a replicarse en varios puntos del país. Desde esa fecha hasta el 8 de diciembre los efectivos policiales evaluaron su situación mientras algunos, de forma anónima, promovían un acuartelamiento. Ese día, estalló el motín.

El requerimiento de instrucción, al que accedió Infojus Noticias, habla de “cooptación sediciosa” a las divisiones 911 y de Atención a la mujer, “alzamientos” en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña dependiente de la administración provincial, y “acuartelamiento policial” de la comisaría seccional quinta, séptima y décima.

Los imputados son policías, 49 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial y hasta dos abogados, entre otros civiles. Los abogados son Martín D’Alessandro y Virginia Irrazabal, la esposa del comisario Juan Ramón Cantero, uno de los instigadores del acuartelamiento. Los dos letrados se encargaron de visitar distintos centros de oficiales incentivando a que se levantaran en armas. Decían que era su derecho –cuando las fuerzas de seguridad no tienen reconocido el derecho a huelga- y que ante cualquier conflicto ellos los defenderían.

Sabadini confirmó a Infojus Noticias que el delito fue agravado por la intención de “causar terror a la población”. Explicó que aunque el delito de sedición está reconocido en los tribunales como parte de la competencia provincial, los acuartelamientos fueron en el marco de un conflicto que terminó “federalizado”. Una forma de arribar a esa conclusión es que se hayan tenido que desplegar fuerzas federales en las provincias, sacándolas de su función en las fronteras nacionales.

El fiscal trabajó en conjunto con el Ministerio Público provincial, que lleva adelante las causas penales por los saqueos (robos y hurtos), los homicidios y demás conflictos. Los fiscales de ambas jurisdicciones intercambiaron información para colaborar en sus investigaciones, y también recibieron la colaboración del Ejecutivo provincial, que trabajó “con muy buena predisposición”, detalló Sabadini.

Si el juez federal admite el requerimiento presentado por los fiscales e inaugura la etapa de instrucción, el proceso podría avanzar en forma rápida, a la luz de la gran cantidad de material probatorio que fue recolectado durante los dos últimos meses. Los fiscales habilitaron la feria judicial para continuar la investigación, y hoy las pruebas son contundentes: 1900 fojas componen el expediente de ocho cuerpos en el que se detalla toda la información. Fueron al menos 25 los testigos que desfilaron ante los fiscales.

“Se tuvo que haber aprendido algo en estos últimos treinta años de democracia”, reflexionó Sabadini. Y concluyó: “La democracia todavía no ha atravesado a las fuerzas policiales, tanto para que puedan agremiarse o se descentralicen en los municipios, como para que comprendan que están al servicio de la sociedad, y no para alzarse en su contra”.