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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una declaración de repudio a los actos de violencia de la Policía bonaerense contra tres jóvenes de Lomas del Mirador, dos de ellos testigos del caso Luciano Arruga, el joven desaparecido en 2009 en una comisaría. Los jóvenes fueron detenidos ilegalmente y uno de ellos fue golpeado salvajemente.

Funes impulsó en 2013 una ley para la expropiación del inmueble donde se ubicaba la Comisaría, con el objetivo de frenar los hechos de violencia que se cometían en el establecimiento y crear un espacio de memoria para Luciano. Además, el legislador presentó un proyecto de declaración para manifestar su “conformidad y beneplácito con la condena al policía David Ramón Benítez”, quien asesinó al joven futbolista Lautaro Bugatto en 2012 y recibió 14 años de prisión. “Ambos proyectos hacen hincapié en el compromiso por eliminar la violencia institucional y en el repudio al abuso de la fuerza policial, y las consecuencias que esto produjo, al truncar los sueños de los dos jóvenes”, sostuvo Funes. 

El lunes 15 de septiembre a las ocho y media de la noche, los tres jóvenes estaban sentados en la puerta de la casa de uno de ellos, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador. “Llegaron varios patrulleros sin identificación y bajaron policías y los pusieron contra la pared a dos de ellos. El tercero intentó correr. Los policías lo agarraron, lo empujaron, entraron a su casa y lo golpearon en la cabeza.

Los efectivos responsables son del Comando de Patrullas Comunitarias (CPC), una fuerza denunciada por ejercer la violencia impunemente contra los jóvenes de La Matanza. Antes de ser golpeado, y en un intento de defenderse, el joven dijo que era amigo de Luciano. La respuesta del policía fue: “¿Qué Luciano?, ¿qué me importa?” y posteriormente “cómo chapean con Luciano Arruga...”.

“Nunca nadie tuvo protección en la causa y es una causa por desaparición, no puede ser que no haya protección para los testigos que declararon en la causa”, dijo Vanesa Orieta, hermana de Luciano. “Esto pasa por la impunidad provocada por la inacción y como están las cosas, lo pueden seguir haciendo si quieren, porque es el reino de la impunidad. No se le da la gravedad que se le debe hacer al caso de Luciano. La policía no se puede manejar así”, agregó.

“Nosotros dimos aviso a la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), que es la que tiene que fiscalizar la investigación, pero no se acercaron”, explicó Vanesa. 

Cuatro años y medio sin Luciano

Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, un barrio del conurbano bonaerense. Ese día, el joven de 16 años que vivía en el Barrio 12 de octubre fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial en la calle Indart, dependiente de la Comisaria 8 va. Este es el último lugar en el que se lo vio con vida. El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría. La familia denunció que Luciano desapareció por negarse a robar para la policía.

En febrero de este año, después de que se cumplieran cuatro años, la causa, que estuvo caratulada como averiguación de paradero durante 4 años, pasó a la justicia Federal y comenzó a investigarse como “desaparición forzada de persona”. Desde ese momento pasó a manos de Juan Pablo Salas, juez federal 1ro del Departamento Judicial de Morón.

El cambio de caratula se dio apenas dos semanas después de que removieran de la fuerza a 8 policías involucrados en la desaparición del joven, muchos de ellos estaban en funciones en otras dependencias.