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El subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Franco Picardi, fue uno de los principales oradores en la presentación del  informe "Delito, marginalidad y desempeño institucional en Argentina", realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El funcionario sostuvo que “cuando se relaciona seguridad y sistemas penitenciarios, hay que tener en cuenta que las personas privadas de libertad ya fueron ‘seleccionadas’ por el sistema penal, por lo que el abordaje siempre es complejo”.

El subsecretario compartió la mesa de presentación del informe con el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, César Albarracín  y la defensora pública en lo criminal, Silvia Martínez . La moderación del panel estuvo a cargo del ex juez nacional y ex ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Carlos Arslanian.

Tomando como paradigma al Servicio Penitenciario Federal (SPF), Picardi explicó que “cuando se lleva a cabo la planificación de las políticas penitenciarias, se utilizan diferentes elementos normativos, políticos, sociológicos, filosóficos e históricos, que llevan necesariamente al trabajo interdisciplinario y multiagencial y que nos permiten abordar las distintas problemáticas desde una mirada integral y, de ese modo, articular respuestas, recursos y capacidades según las necesidades que se presentan”.

En ese marco, destacó distintos programas que el Ministerio de  Justicia y Derechos Humanos está llevando a cabo en los establecimientos penitenciarios federales, a partir “de tomar como eje central de la política penitenciaria la ampliación y generalización del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas privadas de libertad”.

Entre otras iniciativas, desde 2003 “estamos desarrollando Complejos Penitenciarios de nueva generación, con una ubicación que fomenta la conservación de los lazos familiares y sociales, infraestructura moderna que aporta seguridad para las personas privadas de libertad como para el personal penitenciario, y espacios para la realización de actividades de capacitación y formación”, explicó.

Además, Picardi destacó el “Programa nacional de trabajo en cárceles”, que posibilita que el 75 por ciento del universo de alojados en establecimientos del SPF realice actividades laborales, y el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), que está destinado a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad con padecimientos mentales.

“Hoy el 68 % de las personas privadas de libertad se encuentra ejerciendo su derecho a estudiar”, aseguró Picardi y, explicó que además en las unidades penitenciarias federales “se vienen desarrollando numerosas acciones con el objeto de que todos los establecimientos cuenten con educación terciaria y universitaria”.

Por último, el subsecretario explicó la importancia fundamental que tiene la capacitación del personal penitenciario en el SPF “para enriquecer el desempeño laboral que permitirá a los agentes visibilizar la relevancia de su rol y potenciarlo, para mejorar las condiciones subjetivas y objetivas de las personas privadas de libertad que se hallan  bajo su responsabilidad”.

La presentación del documento estuvo a cargo del director del CELIV, Marcelo Bergman, y se realizó en el Centro Cultural Borges. El informe “Delito, marginalidad y desempeño institucional en Argentina” aborda los principales resultados de una encuesta realizada sobre una población de 1.033 personas privadas de libertad condenadas en Argentina y más de 6.000 de otros cinco países (Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú), y “muestra el perfil sociodemográfico de los presos, patrones delictivos, proceso judicial y condiciones de vida” en los contextos de encierro.