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Frente a familiares y miembros de la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, se comprometió a reglamentar la “Ley de Asistencia” a las víctimas del incendio del boliche que dejó 194 muertos en 2004. Será en un plazo de 45 a 55 días. Del encuentro también participaron miembros de la Secretaría de Derechos Humanos, aunque  faltó su encargado, Claudio Avruj.  En 2013 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 4786 que garantiza un acompañamiento integral a sobrevivientes y familiares de víctimas, aunque el gobierno porteño sólo reglamentó los subsidios. Desde la noche del incendio hasta hoy, al menos 17 sobrevivientes se suicidaron.

“En la reunión se comprometieron a generar un encuentro con la ministra de Salud para la semana que viene, para resolver los temas de ese ámbito que son los más urgentes, y a una reunión con el ministro de Desarrollo para abordar los temas laborales. Por otro lado, el gobierno de la Ciudad va a hacer publicidad de la ley para que los beneficiarios conozcan sus derechos”, dijo a Infojus Noticias Facundo Nívolo, miembro de la Coordinadora.

En la reunión estuvieron diez integrantes de la Coordinadora y dos de la ONG Familias por la vida. Dentro de los días pautados para hacer la reglamentación, se establecieron encuentros periódicos con las organizaciones para que la solución surja de un acuerdo conjunto.   

“La ley ya tiene más de un año y no está reglamentada, esto conlleva que todo lo que implique salud, trabajo y educación para los sobrevivientes y familiares de víctimas no se pueda implementar del todo. No queremos más desenlaces como el que conocimos la semana pasada con Martín Cisneros. No se trata para nosotros sólo de acceder a un subsidio sino del derecho a la reparación en salud”, dijo Martín Genauer, que es parte de la Coordinadora. Cisneros, miembro de la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón, se suicidó la semana pasada. Tenía 40 años y dos hijos.

El 30 de diciembre de 2004, la discoteca República de Cromañón se incendió durante un recital de la banda de rock Callejeros y murieron 194 personas. En la investigación judicial se encontraron graves fallas en las habilitaciones y controles del local por parte del Estado porteño. El entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra fue destituido. Omar Chabán, el dueño de la disco, murió en 2014 mientras pagaba su condena.

Laura Yubero tenía 23 años cuando se incendió la discoteca Cromañón. Ahora pertenece a la Coordinadora. “No me siento conforme con la ley como está hoy día porque lo que necesitamos no es solo el subsidio económico, sino que el Estado se haga cargo del problema psicológico de todos los sobrevivientes. Sobre todo preocupa lo que tiene que ver con la salud, porque ya hubo 17 suicidios. Es algo que te queda en la memoria, por eso insistimos en que se reglamente esta ley de forma íntegra”, dijo Yubero a Infojus Noticias.

Mucho más que una reparación

Laura García Tuñón es una ex legisladora que ayudó a la redacción del proyecto de la ley 4786 que fue unificado con uno de Juan Cabandié antes de ser aprobado. La ley reparadora fue reglamentada por el Gobierno de la Ciudad a través del decreto 118/014, publicado en el Boletín Oficial del 27 de marzo pasado. “La intención de esta ley es que se tenga un tratamiento integral ante las víctimas, además de lo monetario, una parte que asistiera a la salud, a la educación, al trabajo y la asistencia social. Hoy lo único que se cumple es la asistencia económica y queremos que la ayuda sea íntegra”, dijo Tuñon. Con la reglamentación integral de la ley deberá haber atención en todos los hospitales porteños, con un cuerpo médico dedicado a estrés postraumático para evitar trastornos psicológicos.

La ley fija como "beneficiarios" a "familiares de víctimas fatales hasta el primer grado por consanguinidad" y a los sobrevivientes del incendio del 30 de diciembre del 2004, quienes reciben una asistencia económica mensual por cinco años, al tiempo que refiere a una "recuperación integral" de los asistidos.

También obliga al Estado a trabajar en "el restablecimiento de las condiciones psicológicas, físicas, sociales, educacionales y laborales" de las personas alcanzadas por la norma mediante "acciones, políticas y programas entre los diferentes niveles de atención".

Para que todo se cumpla fija la creación de una Comisión de Seguimiento que controle la asistencia y que se conforme por representantes del Ejecutivo y de organizaciones civiles vinculadas con la tragedia.