La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prórroga por un año de la prisión preventiva dictada al ex magistrado. Romano es uno de los cuatro ex jueces sentados en el banquillo de los acusados en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza durante la última dictadura cívico-militar.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, homologó la prórroga a la prisión domiciliaria del ex juez federal mendocino Otilio Irineo Roque Romano, quien está siendo juzgado en esa provincia por delitos de lesa humanidad, junto con otros tres magistrados mendocinos.
En febrero de este año el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 1 de Mendoza mediante una resolución prorrogó por un año, desde el 24 de ese mes, la prisión preventiva del ex juez federal. El caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal que en una resolución firmada ayer confirmó esa decisión.
Los jueces de la Casación ejercieron el papel de “contralor” que se establece en estos casos según la lo expresa la ley que regula los plazos de la prisión preventiva cuando exceden los dos años que contempla la norma.
“Cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere, para su debido contralor”, dice la Ley.
Romano fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en diciembre de 2011 porque “incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia” al no investigar delitos de torturas y violaciones. Para el jurado Romano “no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”.
El ex juez federal está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y por durar más de un mes, y por allanamiento ilegal. Treinta y cuatro de esas denuncias corresponden a personas que continúan desaparecidas; 26 casos a privaciones ilegales de la libertad; 26 casos de torturas; un allanamiento ilegal; y un caso en el que se le imputa no haber promovido la persecución penal cuando debía hacerlo.
Romano estuvo prófugo en Chile desde septiembre de 2011, pocos días antes de que concluyera el jury de enjuiciamiento que los destituyó del cargo, hasta agosto del año pasado cuando fue capturado y extraditado.