El gobierno porteño apeló el fallo por la "Casa Púrpura"
Hoy la administración macrista apeló la decisión judicial que le había ordenado rescindir el convenio con el centro para menores afectados en su salud mental “Casa Púrpura”. Fue a partir de una denuncia de una asesora tutelar sobre maltrato físico y psicológico a los chicos internados.
Ilustración: kitsch
Hoy estaba convocada una audiencia en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAyT) N° 10 de la ciudad para sortear el interventor judicial que se haría cargo de la situación de los menores alojados en el centro de menores "Casa Púrpura". Sin embargo, la reunión fue suspendida porque el Gobierno de la Ciudad apeló el fallo dictado por el titular del juzgado, Aurelio Ammirato.En aquella sentencia el juez había ordenado al gobierno porteño trasladar a los niños, niñas y adolescentes alojados allí a otro establecimiento que cumpla con las condiciones necesarias para su cuidado y protección; y rescindir el convenio con el hogar.
“El gobierno insiste en defender a una institución tercerizada”, le dijo a Infojus Noticias quien presentó el amparo en favor de los chicos, la asesora tutelar de menores Mabel López Oliva. Además consideró que la actitud del gobierno macrista es “contrario a las pruebas que hay en el expediente” y que fueron aportadas no sólo por la Asesoría Tutelar, sino también por la Defensoría General de la Nación; la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del ministerio de Salud y los empleados de la institución.
Esta institución recibe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires una cuota mensual por cada niño que alojan: unos 376 pesos diarios por cada persona allí alojada, lo que da unos 277.500 pesos por mes por todos los internados, una veintena.
Por el momento los jóvenes y niños alojados en el centro de menores quedarán allí ya que al estar el fallo apelado hay que esperar la resolución de la Cámara. Para López Oliva los menores quedan “rehenes de la discusión del gobierno” y con la apelación a la sentencia se “pone al descubierto la actitud del gobierno”, dijo la asesora tutelar.
La sentencia de Ammirato también ordenaba se informe si existe otra institución que pueda cumplir con estos requisitos, o sino, crearla en un lapso de 120 días. “Las pruebas aportadas a este proceso dan cuenta de un número importante de irregularidades en la ejecución del convenio”, por lo que “existe “un cuadro de grave y palmario menoscabo de los derechos fundamentales de este grupo de personas en especial situación de vulnerabilidad”, entendió el juez. No obstante, el gobierno porteño no lo consideró así.
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