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“El hábitat es un lugar calificado en el que se vive y se produce, que crea identidad individual y colectiva. Es muy importante que se haya incorporado ese concepto a un organismo del Estado”, dijo ante un auditorio colmado Rubén Pascolini, secretario nacional de Acceso al Hábitat. El funcionario participó junto al vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Reibel, y a Eduardo Reese, investigador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Universidad General Sarmiento, de uno de los paneles del primer Seminario sobre Políticas de Tierras organizado por el Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El panel sobre “Acceso al hábitat en la ciudad, estado, sociedad y territorio, en el contexto urbano contemporáneo” cerró la primera jornada del seminario. Ante unas 200 personas reunidas en Salón Almirante Brown de la Escuela Nacional de Defensa, Pascolini hizo un repaso de las políticas implementadas desde el organismo que dirige.

“Intervenimos en la conflictividad con el déficit que hay en relación al acceso al dominio, infraestructura y equipamiento” del hábitat, explicó el funcionario. “El conflicto no es anomalía, patología o disfunción”, sostuvo, “sino que es parte del sistema en el que estamos. Hay que intervenir y superarlos”. Desde  su creación en 2014, la secretaria intervino en conflictos que involucran a unas 300 mil familias.

Las causas de la conflictividad en los territorios, según Pascolini, son varias: tensión urbano-rural, falta de oferta de suelos urbanos, ocupaciones de suelos, existencia de un mercado abusivo de alquileres, déficit de infraestructura o equipamiento, déficits ambientales o tensión entre el derecho a planificar y el derecho a emigrar, entre otras.

“Estos conflictos se resuelven con la concurrencia. Es decir, distintas instancias del estado integradas. Las provincias han conservado facultades, competencias sobre el uso y administración del suelo. Si no hay concurrencia del Estado Nacional con los provinciales y municipales y la población es muy difícil llegar a un resultado efectivo”, agregó.

Además de su cargo en la agencia que administra la totalidad de los bienes del Estado, Martín Reibel es vicepresidente del comité ejecutivo del Procrear (Programa de Crédito Argentino). En su exposición, el funcionario celebró que las “joyas de la abuela”, en referencia a las tierras del Estado, sean utilizadas para la construcción de viviendas.

“Lo importante es recuperar valor social y valor económico”, dijo en referencia a la recuperación de espacios que estaban en desuso. “En dos años y medio hemos dispuesto más de dos mil hectáreas”, explicó. En ese período, la AABE destinó 40 predios para la construcción de más de 30 mil viviendas.

El cierre del panel estuvo a cargo de Eduardo Reese. “Lo que se discute con la tierra en Argentina es una cuestión contracultural. Este país se formó a partir de las fabulosas rentas que las familias dominantes obtuvieron de la tierra”, planteó.

Durante casi una hora, el investigador detalló las nueve “propuestas políticas” del Consenso Nacional por un Hábitat Digno, un colectivo multisectorial compuesto por 70 organizaciones, entre las que se encuentra el CELS. Los puntos más sobresalientes apuntan al debate de políticas territoriales integrales, regulación y redistribución de rentas, regulación del mercado de alquileres, seguridad en la tenencia y regularización de tierra urbana y rural y procedimientos democráticos en casos de desalojo.

Reese sostuvo la importancia de “sostener” los avances logrados en la última década “frente a los cambios que se vienen”. “¿Cómo se va a sostener lo que ganamos? Si para sostenerlo hay que profundizar, eso supone la valentía de discutir las contradicciones del modelo. Es necesaria una intervención más severa del Estado en el mercado inmobiliario”, planteó

“Las políticas territoriales en gran parte de las provincias son elitistas, fragmentarias, responden a la lógica del mercado. La propiedad privada no es absoluta, tiene límites”, sostuvo.

El suelo, un bien escaso

“El suelo es un bien escaso y es necesario que los Estados retomen la potestad de regular el uso”, explicó la arquitecta Graciela Oporto, subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación. La funcionaria participó del panel “Planificación de la tierra: políticas para el ordenamiento territorial” junto con Sergio Cimbaro, presidente del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y Hugo Gatica, presidente del Consejo Federal de Catastro y director de Catastro de la provincia de Neuquén.

Oporto enumeró los avances en materia de desarrollo territorial en los últimos diez años y explicó el anteproyecto de ley nacional de Planificación y ordenamiento territorial, que propone un marco normativo que les permitirá a las provincias “tener una mayor potestad para regular el uso del suelo”. El texto fue presentado en 2010 y aún no tiene estado parlamentario.

“La falta de regulación en ordenamiento territorial tiene como efecto diversas problemáticas”, explicó la funcionaria. Y enumeró: regiones con distinto nivel de desarrollo, concentración demográfica en algunas ciudades, localidades que pierden población y terminan en los conurbanos de otras mayores, ciudades que ocupan tierras con potencial productivo o áreas naturales frágiles (posibles catástrofes naturales), aumento exponencial de precios de suelos y herramientas insuficientes para la gestión local.

El anteproyecto define al ordenamiento territorial como una “función pública indelegable” y propone “institucionalizar la planificación territorial como política de estado” a partir de un modelo de ordenamiento “más inclusivo y armónico”, según explicó Oporto.

A su turno, Sergio Cimbaro detalló el funcionamiento del IGN, en el ámbito del Ministerio de Defensa y su importancia como una “herramienta necesaria para la planificación territorial”. “Más del 50 por ciento de los ciudadanos usa información georeferenciada. Cualquiera que tiene un celular trabaja con internet, GPS, información vinculada a las coordenadas geográficas del territorio”, explicó Cimbaro.

Hugo Gatica se refirió a la necesidad de homogeneizar y mejorar los niveles de los catastros provinciales. “Planificar sin información de calidad difícilmente permita alcanzar los objetivos trazados. Para el diseño de políticas de protección y explotación del suelo es fundamental el conocimiento previo del territorio”, explicó el presidente del Consejo Federal de Catastro.

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