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“Mi único interés fue siempre el interés público”, repitió varias veces el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. El funcionario del gobierno de la Alianza amplió esta mañana su declaración indagatoria, en la causa en la que está imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Es el único acusado en el juicio que busca determinar si existió algún delito durante el Megacanje, una enorme operación financiera que multiplicó la deuda argentina poco antes de que ingresara en default.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4, integrado por Néstor Costabel, Enrique Pose y Patricia Mallo, escuchó la ampliación de la declaración de Cavallo, que durante más de una hora buscó explicar que no se favoreció especialmente a ningún banco con la realización del Megacanje, y que se buscó salvar al país de un default inminente a comienzos de 2001. “El Megacanje era urgente y necesario”, sostuvo. Y recordó que como no se había cumplido con las metas fiscales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer trimestre del año, peligraba el cobro de un préstamo de esa entidad que era parte del “Blindaje”.

Sobre el rol del banquero David Mulford y de los bancos que intervinieron en la operación, Cavallo explicó que los bonos que se recuperaron durante el Megacanje (casi sesenta títulos) habían sido emitidos bajo ley de Nueva York, al igual que los que se entregaron como parte de la operación. “Para poder colocarlos hacía falta la autorización de la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, que exige que un grupo de bancos de inversión o ‘broker dealers’ acompañen al país en la presentación”, explicó.

“Argentina tuvo la suerte de que la asistan los bancos más prestigiosos del mundo”

El ex ministro planteó que no todos los bancos están preparados o tienen la capacidad para asesorar al país en una operación semejante, y que “sólo algunos bancos de inversión que operan a escala global podían ayudarnos”. Y agregó: “Yo quería que ingresaran la mayor cantidad de bancos prestigiosos posible”.

Afirmó que el entonces titular de la Oficina de Crédito Público, Carlos Molina, le dijo a Daniel Marx, que se desempeñaba como Secretario de Finanzas, “que este era el grupo de bancos más fuerte”, y aseguró que “él negoció las comisiones” y logró bajarlas de un 0.75% pretendido por las entidades, a un 0.55%. “Se iba a realizar en tres pagos, y el tercero nunca se realizó”, siguió Cavallo.

“El Gobierno recibió fuerte apoyo del gobierno de los Estados Unidos definiendo lo que fue el Plan Brady”, volvió a ponderar el ex funcionario de la dictadura y los gobiernos de Menem y De la Rúa. “Argentina tuvo la suerte de que la vinieran a asistir los bancos más prestigiosos del mundo para colocar deuda”, continuó. Y aclaró que el día siguiente al que asumió como ministro de la Alianza, recibió a David Mulford “porque diseñó el Brady cuando se desempeñaba como subsecretario del Tesoro”. Su agradecimiento y estima por Mulford quedaron aún más claros cuando recordó con satisfacción que “por su ayuda, Argentina lo condecoró con la Orden al Mérito ‘José de San Martín’ en el ‘93”.

Cavallo se desligó de la selección de los bancos y cuestionó: “Si se beneficiaron con jugosas comisiones que supuestamente no correspondían, ¿por qué están todos sobreseídos?”. Y planteó que “David Mulford era responsable de tan sólo uno de los siete bancos que intervinieron”.

Destacó que su amistad y cercanía personal es con otro banquero, Jerry Corrigan, que había sido asesor del gobierno argentino durante los ‘80, “y trabajó codo a codo con Horacio Liendo”, otro de los imputados en la causa que fue sobreseído. Corrigan integra el “Grupo de los 30” junto a Cavallo, un “think thank” de economistas liberales liderado por Paul Volker, director de la Reserva Federal durante las presidencias de Jimmy Carter y Ronald Reagan.

“Nos sacaron con un golpe institucional”

El ex ministro explicó que Argentina recién comenzó a endeudarse mediante la emisión de bonos a partir de los ‘90. Pero aclaró que durante los primeros años no fue necesario “porque ingresaba el producido de las privatizaciones”. Expresó que “se emitieron más para el ‘96 en adelante, pero yo ya no estaba en el Gobierno por la lucha contra las mafias”. Sostuvo que tuvo que enfrentarse a “las mafias”, que “utilizaron a jueces y fiscales para perseguirme”. Explicó su partida del Gobierno en esos años:  “Menem no me daba suficiente apoyo en esa lucha”.

Cavallo retornó a la gestión para el gobierno de De la Rúa, y afirmó que “nos sacaron en diciembre de 2001”. Denunció que “fue un golpe institucional”, previo a “la pesificación inconstitucional de los depósitos, y el default posterior”, y desvinculó al Megacanje de la debacle financiera posterior. Aseguró que la solución a la crisis estaba por concretarse “cuando la señora (Elisa) Carrió salió a decir que garantizar los bonos con el Fondo de Crédito Público era una traición a la patria”. Su recuerdo por la diputada nacional no terminó ahí: “Venía desestabilizando al Gobierno desde hacía meses, y acusando a Dios y María Santísima de mafiosos, delincuentes y corruptos”, agregó.

Final del juicio

En la audiencia de hoy declaró como testigo, aportado por la fiscalía y la defensa, un empresario que había declarado como perito en la etapa de instrucción. Gonzalo María Noguer respondió muy pocas preguntas de parte de Eduardo Oderigo, el abogado de Cavallo, y fueron sólo para dejar claro que las comisiones que cobró el sindicato de bancos no sólo no estaban acordes a las que manejaba el mercado en aquel entonces, sino que también “eran bastante bajas”.

Se esperaba la declaración del ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, pero la comunicación mediante videoconferencia quedó postergada para la próxima audiencia. El juicio se reanudará el lunes 8 de septiembre, y se espera que concluya antes de fin de año.